España ha sido durante años un terreno propicio para el florecimiento de las cadenas de clínicas odontológicas, hasta el punto de que hubo un tiempo en que fue el país de Europa con mayor número de establecimientos. La limitada cobertura de la salud dental por el sistema público y las elevadas tarifas de los dentistas tradicionales explican el tirón que llegó a tener una fórmula basada en una publicidad muy agresiva y en los bajos precios.

En ese contexto y con esos señuelos, no fue difícil atraer a decenas de miles de personas, que vieron en las cadenas de clínicas odontológicas la posibilidad de arreglarse la boca con un coste asumible por su modesta economía. La financiación de los tratamientos en cómodos plazos mensuales, que estas clínicas ofrecían prácticamente a cualquiera, animó a los más indecisos, a pesar de las advertencias lanzadas por algunos colegios profesionales.

Una de las pioneras en España fue Vitaldent, que echó a andar como franquicia en 1997 y a la que siguieron, pocos años después, otras como Unidental (1988) o Caredent (2004).

Tal acogida popular tuvieron las cadenas de clínicas dentales que en 2012, en medio de una crisis galopantes y con las políticas de recortes impulsadas por el PP en pleno apogeo, este sector fue el único que creció (un 2,4%), ingresando un total 595 millones de euros.

El aviso de Funnydent

A partir de entonces, sin embargo, todo iría a peor y en enero de 2016 saltó la primera señal de alarma, con el cierre inesperado de las clínicas Funnydent en Madrid y Catalunya, que dejó miles de tratamientos sin terminar y se llevó por delante el empleo de decenas de dentistas y auxiliares. A continuación, irían cayendo más cadenas, lo que trajo consigo una sucesión de escándalos que echó por tierra la imagen de este negocio.

Se supo que algunas de ellas prestaban a sus pacientes un servicio cuando menos de dudosa calidad, que otras tenían relaciones poco claras con sus franquiciados y que las más se habían endeudado hasta las cejas para financiar su ambiciosa expansión, no sólo por España, sino también fuera.

El siguiente capítulo no podía ser otro que el derrumbe de estas cadenas, su compra por inversores dispuestos a sanearlas en el mejor de los casos y, a nada que viniesen mal dadas, la quiebra.

Vitaldent: caída de un gigante

Muy sonado fue lo ocurrido con Vitaldent, puesta bajo administración judicial en 2016, tras la detención de su fundador y principal propietario, Ernesto Colman, y de sus más directos colaboradores, bajo la acusación de estafa, delito fiscal y blanqueo de capitales. La cadena de clínicas dentales más grande de España, con 364 locales, exigía a sus franquiciados pagos en metálico que luego desviaban a cuentas en el extranjero, según la Fiscalía.

Un imprevisto giro argumental permitió que Vitaldent sobreviviera a aquel suceso: meses después de la intervención judicial, con el beneplácito casi unánime de los afectados, la Audiencia Nacional autorizó su venta a JB Capital Markets a cambio de 18,5 millones de euros y de la promesa de inyectar el dinero necesario para el saneamiento de la cadena. Detrás de esa denominación social estaba Javier Botín, que hizo un negocio redondo.

A mediados de 2919, el hermano de la presidenta del Santander vendió Vitaldent al fondo Advent Internacional por 350 millones de euros, con unas plusvalías estimadas en 200 millones.

Un auténtico pelotazo, teniendo en cuenta además que Javier Botín retuvo las 80 clínicas propias situadas en Italia, con el plan de alcanzar las 125 en tres años y quién sabe si traspasárselas luego al mismo fondo o a otro, a cambio también de copiosas ganancias.

iDental y Dentix

No menos escabrosa fue la caída de iDental, que entró en concurso de acreedores en septiembre de 2018, quedando igualmente bajo administración judicial, con una deuda de en torno a 10 millones de euros. Su mala situación derivó en el cierre de 26 clínicas y la desatención de 400.000 pacientes, que denunciaron tratamientos inacabados, problemas con los préstamos y muchos de ellos incluso la aparición de secuelas.

Los fundadores (Javier García Pellicer, José María Garrido y Vicente Castañer) fueron detenidos por varios delitos, entre ellos un presunto fraude de 60 millones de euros captados entre inversores con el pretexto de reflotar la empresa, que por entonces perdía entre tres y cuatro millones al mes, debido en buena medida a sus costes financieros. También sufrieron prisión provisional Luis Sanz y José María Garrido, socios de Weston Hill, el fondo a través del cual habrían vehiculado la operación.

La última cuenta de este rosario es Dentix, aunque un situación guarda notables diferencias con las anteriores. Su dueño es el odontólogo Angel Lorenzo Muriel, que puso los cimientos de su cadena en 2001, al inaugurar un primer local en el barrio madrileño de Pueblo Nuevo. Ahora cuenta con 330, de las que 200 se encuentran en España y el resto en Italia, Colombia y México.

El problema de Dentix es la deuda contraída con el fondo de inversión KKR para financiar se expansión y que lastra gravemente sus cuentas. Recientemente, KKR exploró la posibilidad de convertir esa deuda en acciones, pero renunció a hacerlo después de revisar a fondo los números de Dentix. Desde fuera no se descarta la posibilidad de que finalmente caiga en manos de Advent, cuyo interés por el sector ya demostró con la compra de Vitaldent.