BRUSELAS.- La Comisión Europea ha iniciado una investigación preliminar para determinar si las garantías que ha concedido España a los activos fiscales diferidos (DTA, por sus siglas en inglés) de la banca con el fin de que computen como capital de máxima calidad constituyen ayudas públicas ilegales. La investigación de Bruselas afecta además a Grecia, Italia y Portugal, que también han recurrido a este tipo de medidas.

"La Comisión ha enviado cartas pidiendo información a los Estados miembros que proporcionan garantías a diferentes tipos de activos fiscales para entender cómo funcionan estas medidas y decidir si hay ayudas públicas o no", ha explicado el portavoz del Ejecutivo comunitario, Alexander Winterstein en rueda de prensa. "Podemos confirmar que se han enviado cartas administrativas a España, Italia, Portugal y Grecia", ha agregado la portavoz de Competencia, Lucía Caudet.

Las pesquisas de Bruselas tienen su origen en varias quejas contra estas medidas, que sólo utilizan los países del sur, presentadas entre otros por eurodiputados de otros Estados miembros. Algunos de los países afectados ya han contestado y el Ejecutivo comunitario está analizando las respuestas.

"No es un caso fácil, la evaluación llevará tiempo. En esta fase no tenemos ninguna opinión de si hay ayudas públicas o no", ha resaltado el portavoz, que ha dejado claro que de momento ni siquiera se ha abierto un procedimiento "formal" de investigación.

La normativa internacional establece que los créditos fiscales ya no puede considerarse capital de máxima calidad y debe dejar de contabilizarse en 2019

Los activos fiscales diferidos consisten en apuntar como un activo en el balance del banco los ahorros en impuestos por tener pérdidas, aunque este ahorro sólo puede materializarse cuando la entidad vuelve beneficios. La normativa europea e internacional establece que ya no puede considerarse capital de máxima calidad y que debe dejar de contabilizarse progresivamente de aquí a 2019, según explica Bruselas.

El Gobierno de Mariano Rajoy aprobó a finales de 2013 una reforma legal para convertir 30.000 millones de esos activos en créditos fiscales. Éstos, al contar con el aval del Estado, pueden seguir computando como capital de máxima calidad. Con ello completó la reestructuración del sector bancario y facilitó que pasara los exámenes del Banco Central Europeo.

En aquel momento, en el que España estaba sometida a vigilancia por el rescate bancario, la Comisión avaló públicamente la reforma por considerar que "es compatible con el memorándum de entendimiento del programa de asistencia al sector financiero español" y "es en principio compatible con la legislación de la UE, siempre que no constituya una ayuda pública".

También en el caso de Portugal, la troika avaló la reforma de los activos fiscales diferidos para la banca. Sin embargo, el Ejecutivo comunitario ha decidido ahora reabrir estos casos por las quejas recibidas.