La Comisión Europea ha dado este miércoles el visto bueno al plan de recuperación transformación y resiliencia de España. Se trata del segundo plan aprobado, ya que Bruselas aprobó este mismo miércoles el de Portugal. En concreto, España recibirá 9.500 millones de euros en subvenciones durante el periodo 2021-2026 de los fondos europeos.

La evaluación positiva de Bruselas abre un plazo de cuatro semanas para que el plan español reciba también el visto bueno del resto de Estados miembros. La primera ocasión para que esto suceda será la reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin), prevista para el 13 de julio.

Según ha comunicado Bruselas, el plan responde "de forma integral y adecuadamente equilibrada" a lo que Europa demandaba para poder acceder a los fondos. Asimismo, valora que las inversiones y reformas propuestas por España contribuirán a abordar eficazmente los retos estructurales del país y a fortalecer el crecimiento potencial y la creación de empleo, además de apoyar "las transiciones verde y digital".

La Comisión considera que el sistema de gestión y gobernanza de los fondos planteado por España es adecuado para proteger los intereses económicos de la Unión Europea (UE) y que el plan proporciona suficientes detalles sobre cómo las autoridades nacionales "prevendrán, detectarán y corregirán los casos de conflictos de intereses, corrupción y fraude relacionados con el uso de fondos".

La aprobación del plan por parte del Consejo permitirá el desembolso del anticipo de 9.000 millones, que España cuenta con recibir a mediados de julio y que suponen el 13% de la cantidad total asignada para el país. La Comisión autorizará nuevos desembolsos en función del cumplimiento satisfactorio de los hitos y objetivos marcados para la implementación de las inversiones y reformas.

Entre las reformas planteadas por España que Bruselas ha destacado figuran la reducción de la segmentación del mercado laboral entre trabajadores temporales y fijos, las mejoras en el ámbito de la educación o el apoyo y mejorar la políticas del mercado laboral.

También ha valorado las medidas para mejorar la clima empresarial, que incluyen la reforma de la contratación pública y del marco concursal para que las empresas con problemas coyunturales de insolvencia no estén condenadas a la desaparición. A ello suma los planes en el ámbito de las cuentas públicas que pasan por ampliar la evaluación del gasto público y por reformar el sistema tributario y el de pensiones.