Una mayoría de los autónomos se jubila con pensiones que no alcanzan la cuantía del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ni superan el umbral de la pobreza, lo que les aboca a un retiro de escasez como consecuencia de los escasos rendimientos que arrojan buena parte de los negocios y, especialmente en el caso de las mujeres, de las cortas carreras de cotización.

Sin embargo, las bases de las que depende esa situación llevan camino de cambiar en unos meses, vista la evolución de los contactos que el Ministerio de Inclusión mantiene con las principales organizaciones de autónomos: el departamento que dirige José Luis Escrivá se marca el primer semestre de este año como fecha límite para sacar adelante la reforma del sistema de cotización de los autónomos, que incluirá siete tramos en función de los ingresos y que, probablemente, permitirá la capitalización de ahorros con un formato similar al de los fondos de pensiones.

"Queremos que sea cuanto antes, en este semestre o a principios del segundo. Llevamos trabajando desde el otoño y estamos buscando el mayor acuerdo posible, y el diálogo no tendría por qué prolongarse mucho", señalaron las mismas fuentes, que, no obstante, apuntaron que "no hay una fecha definida todavía, ya que no depende solo de nosotros", en alusión al grosor del cartapacio de Inclusión que hay sobre la Mesa de Diálogo Social, que incluye asuntos como, entre otros, el "fomento de la jubilación demorada" o la revisión del índice de revalorización.

La implantación de un sistema de cotización con base en los ingresos reales de los autónomos es una de las reivindicaciones históricas del colectivo por lo escuálido de sus pensiones, aunque su diseño no se activó hasta hace tres años, con la llegada del equipo de Magdalena Valerio al Ministerio de Trabajo.

Tres grupos y siete tramos de cotización

Básicamente, y a falta de los últimos retoques, el nuevo sistema divide a los autónomos en tres bloques en función de sus ingresos declarados: por debajo del SMI, entre este y los 30.000 euros brutos y a partir de esa cifra.

El primero, en el que se encuentra el 60% del colectivo, incluiría dos tramos en los que los profesionales cotizarían por la base mínima, hoy de 944,40 euros mensuales, pagando cien euros si sus ingresos no alcanzan el 50% del SMI (6.650 euros brutos al año) y 170 si se encuentran en la mitad superior.

El segundo, que agrupa al 26%, seguiría cotizando por la base mínima teórica con una cuota del 30,5% de la misma (289 euros mensuales) para, a partir de ahí ir subiendo ambas un 25% por tramos de 10.000 euros: quienes ingresen entre 30.000 y 40.000 euros mensuales pasarían a pagar 361 para cotizar por 1.180, de 40.000 a 50.000 aportarían 433 para anotarse 1.416, de 50.000 a 60.000 ingresarían 505 para cotizar por 1.652 y a partir de esa cifra las cantidades se sitúan en 578 y 1.888.

"Con esa fórmula la base se dobla para quien esté por encima de 60.000 y se reduce para quien no llega al salario mínimo", explica Eduardo Abad, secretario general de UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos).

Esas cifras, con las que a priori la cotización bajaría para más de un millón de autónomos mientras solo subiría para 260.000, se regularizarían al año siguiente en la declaración del IRPF, en la que a los autónomos comenzará a salirles a pagar o a devolver en el apartado de la cotización en función de la sintonía entre las cuotas desembolsadas y los ingresos finales.

La pieza que queda por pulir es, junto con la de poder cambiar de base y cuota trimestralmente para adecuarla a la marcha del negocio, la de los incentivos fiscales para la posibilidad de efectuar aportaciones voluntarias al sistema público de pensiones con el fin de mejorar la carrera de cotización, algo para lo que el formato de referencia es el de los planes de pensiones privados, que permite aplicarse deducciones en el IRPF en función de las cantidades ingresadas.

La pensión más reducida y por debajo de los mínimos de referencia

El punto de partida es, en cualquier caso, el de unas pensiones bajas consecuencia de unas cotizaciones reducidas causadas a su vez por unos rendimientos económicos escasos. Esa combinación lleva al 85% de los autónomos a acogerse a la base de cotización mínima, de la que sale una prestación de apenas 650 euros tras el retiro; eso, si se ha generado el derecho a percibirla completa, que requiere haber estado de alta en la Seguridad Social 37 años y tres meses (38 y medio a partir de 2027).

Los datos de la Seguridad Social cifraban en enero en 788,67 euros mensuales la pensión media de los autónomos, que ha tenido una revalorización de 74 en los últimos tres años. Esa cuantía resulta notablemente inferior al resto de las prestaciones de jubilación de promedio del sistema, con un diferencial de 540 euros sobre las de la rama general, que alcanzaban los 1.328 mensuales. El hecho de haber sido las que más han aumentado porcentualmente en ese periodo (10,4%) no compensa los diferenciales. 

Esas cifras sitúan la pensión media de los autónomos 320 euros por debajo del SMI (Salario Mínimo Interprofesional), cuyo prorrateo de catorce pagas en doce mensualidades alcanza este año los 1.108,30 euros brutos, y también de los últimos cálculos del umbral de la pobreza que elabora el INE (Instituto Nacional de Estadística), que se situaban en 825 y en 881 euros mensuales en función de si se consideraban o no imputados los gastos de vivienda a quienes las poseen en propiedad.

Uno de los informes con los que están trabajando el Ministerio y las asociaciones, elaborado con datos de la Agencia Tributaria referentes al ejercicio de 2018 al que ha tenido acceso Público, señala cómo un 12,7% de los 2,25 millones de autónomos (de 3,7 que estuvieron de alta) que declararon rendimientos económicos perdió dinero con su negocio o no lo ganó y cómo los ingresos de otro 30% no llegaron a los 700 euros mensuales, mientras solo las ganancias de un 11,6% superaban los 30.000.

Los ingresos medios del colectivo fueron de 18.040, de los que deben descontarse algo más de 3.300 en cuotas, cuando faltaba algo más de un año para que la crisis pandémica sacudiera la actividad de pymes y autónomos y redujera a menos de la mitad los ingresos del 45% de esas unidades productivas.

Factores de progresividad para acabar con la tarifa plana

"Hay brechas de género y en función de la zona en la que desarrollas tu actividad", anota Abad, que destaca las dificultades para completar carreras de cotización largas y elevadas que sufren las mujeres y las que se dan en provincias como Ourense y Lugo, cuyos promedios se encuentran en la cola del país. "El nivel de las prestaciones es bajo porque antes lo ha sido el de cotización", añade.

El formato de cotización por ingresos reales, con la que la recaudación del sistema aumentaría en unos 4.000 millones de euros al año, tendría como efecto secundario lógico la desaparición de la fallida tarifa plana y el consiguiente refuerzo de la progresividad, ya que quienes obtienen bajos ingresos por estar poniendo en marcha sus negocios se acogerían a las rebajas para quienes ganan menos del SMI mientras que, por el contrario, los emprendedores que arrancan con éxito pasarían a cotizar por sus ganancias desde el principio.

Los datos que maneja la Mesa de Diálogo Social indican que las ganancias anuales de dos tercios (66,1%) de los beneficiarios de la tarifa plana no alcanzan el SMI, mientras que las de más de 20.000 superan los 40.000 euros y las de otros 52.000 rebasan los ingresos medios del colectivo.

"La tarifa plana no tiene sentido si cotizamos en función de los ingresos, ya que los que empiezan irían al primer tramo y, si su rendimiento es mayor, lo regularizarían en el IRPF", indica Abad.

"Se propone que los nuevos trabajadores autónomos elijan su base de cotización en función de las previsiones de rendimientos", señala la presentación que Escrivá hizo en el Pacto de Toledo a finales de enero, que también recogía que dos de cada tres autónomos "cotizan en la actualidad por encima de sus ingresos reales".