Si quisiéramos equiparar las pensiones contributivas medias que cobran cinco millones de mujeres en nuestro país (792,92 euros/mes) a la que cobran de media 4,7 millones de hombres (1.212,06 euros/mes), habría que incrementar las pensiones de ellas en un 53%. Esa es, según un manifiesto firmado hasta este miércoles por 66 organizaciones y plataformas feministas, la brecha de las pensiones en nuestro país. Sin embargo, el gasto de este incremento, estimado en 29.000 millones, sería una pérdida de recursos, según las firmantes, que proponen implantar medidas mucho antes de llegar a la edad de jubilación.

El documento resalta que esta brecha es prácticamente el doble de la que existe en los salarios que perciben hombres y mujeres, que se sitúa en el 28% según la última encuesta de estructura salarial del Instituto Nacional de Estadística (INE), el único que refleja los datos desagregados por sexo. Esta enorme diferencia entre las brechas salariales y la de pensiones entre sexos, representa de forma muy gráfica el empobrecimiento que sufren millones de mujeres en nuestro país a lo largo de vida.

"Llevamos 40 años de democracia, y a pesar de que en los últimos 20 se ha duplicado la cuantía de las pensiones tanto masculinas como femeninas, la brecha entre ambas continúa prácticamente inalterable. Es decir la democracia no está sirviendo para igualar", afirma Begoña San José, portavoz del Fórum de Política Feminista. Su organización es una de las que han firmado el manifiesto para eliminar la brecha de género en las pensiones, que el próximo 2 de marzo presentarán a diversos grupos políticos en el Congreso. El documento analiza los motivos por los que las mujeres acaban con pensiones tan bajas y propone una batería de medidas necesarias a corto, medio y largo plazo.

Pero tal como afirma esta experta, incrementar la pensiones sin atajar los problema de fondo que propician que la mujeres acaben con pensiones mucho más bajas, "es como meter agua en una cesta". Porque las discriminaciones que sufren las mujeres comienzan mucho antes, hacia los 20 años, cuando se incorporan al mercado laboral y se extiende a lo largo de su vida activa. 

No se circunscriben sólo a la brecha salarial, que supone sueldos más bajos, sino que se incrementan por los "agujeros" o "lagunas de cotización" que presentan las mujeres a lo largo de su vida laboral, especialmente entre los 30 y los 45 años. Quince años cruciales que "condenarán a las mujeres a ser pensionistas pobres dentro de tres década", afirma el documento. Estas "lagunas" afectan, también, al tiempo cotizado. Los 38,5 años de cotización exigidos por la reforma de 2011 para acceder a la jubilación a los 65 años con el 100% de la base reguladora, son una vida laboral inalcanzable para 2 de cada 3 mujeres asalariadas, frente a 1 de cada 4 hombres. Esta brecha es aún mayor en el trabajo autónomo, donde sólo 1 de cada 6 mujeres completa esa carrera", refleja el documento. 

Políticas públicas para la infancia y los cuidados

Ente las soluciones que proponen las organizaciones destacan tres ejes de actuación: equiparar salarios y tiempos cotizados a lo largo de toda la vida laboral de mujeres y hombres; invertir en servicios públicos para el cuidado de la infancia y la dependencia; y complementar en el corto plazo las pensiones más bajas que son mayoritariamente de las mujeres.

Para San José, la primera de las medidas es tal vez la más extensa o complicada, porque supone influir en un mercado laboral de 20 millones de personas en el ámbito privado, pero en donde es imprescindible avanzar en eliminar los estereotipos de género que aún persisten, como el de ver a las mujeres como paridoras de hijos y poco productivas.

El ámbito en que se pueden realizar avances más coto plazo con un alto impacto, según el informe, es en la apuesta por poner en marcha servicios públicos para la atención a la infancia de 0 a 3 años y a la dependencia. Si bien un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para España estima que esto tendría un coste que ronda los 40.800 millones de euros, supondrían empleo decente para un millón de personas y un tercio de dicha inversión revertiría en el Estado en forma de impuestos y cotizaciones sociales. 

Las organizaciones resaltan en su manifiesto que estas medidas podrían estar en marcha en un plazo de 10 años y que para 2030 nuestro país podría haber cumplido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. "No sólo contribuirá a la mejora de las pensiones, sino que contribuirá a sustituir el modelo establecido de hombre remunerado-contribuyente versus mujer cuidadora-dependiente por un modelo de mujeres y hombres cuidadores y sustentadores en igualdad".

"Es imprescindible cambiar el modelo de hombre que gana dinero y mujer que cuida gratis porque es insostenible. Las propias mujeres, por millones no estamos encajando en ese modelo. Es crucial adecuar la cotización a la Seguridad Social y la organización de la economía a unas generaciones de mujeres que tenemos ganar nuestro dinero y no ser las únicas que cuidemos", resalta San José a Público.

Trabajadoras del hogar y agrarias

Otra de las medidas imprescindibles para reducir la brecha de las pensiones es actuar sobre situaciones específicas, como las empleadas del hogar o las mujeres agrarias, que son la que tienen la mayor brecha de pensiones en la actualidad. Las dos han entrado en el régimen general de la Seguridad Social, pero aún tienen un sistema que las depauperara y les roba derechos laborales fundamentales.

Las organizaciones resaltan en el texto que las pensiones más feminizadas son las de empleadas de hogar (98% mujeres), seguidas del antiguo SOVI (Seguro obligatorio vejez e invalidez, 88% de mujeres), del Régimen Agrario de autónomos (49% mujeres) y del Sistema Especial Agrario por cuenta ajena (44% mujeres).

"Las mujeres somos la mitad de la población y tenemos la posición inferior en el sistema de pensiones que hemos descrito. Equipararnos tiene que ser un objetivo transversal a todas las medidas actuales o futuras que se adopten para la sostenibilidad del sistema público y de solidaridad social y entre generaciones. Ser mujer no puede ser justificación para tener menos y peores empleos, cotizar menos y sufrir más el fraude en las cotizaciones por horas extras, falsas autónomas y falsos tiempos parciales e infracotización", concluye el manifisto.