Blanquean su imagen corporativa con amplios programas de responsabilidad social corporativa. O con proyectos innovadores en energías renovables inmersos en sus fundaciones. Aunque, en realidad, despliegan millones de dólares a la pervivencia de los combustibles fósiles. Es decir, a mantener o expandir el calentamiento global.

Siguen el argumentario de El Gatopardo, la novela de Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Aquel que pregona “cambiarlo todo para que nada cambie”. Un reciente estudio de InfluenceMap así lo atestigua. Las cinco grandes firmas petroleras que gobiernan el tortuoso mercado energético (de crudo y gas, esencialmente) destinaron a lo largo de 2018 casi 200 millones de dólares -el estudio habla de 153 millones de libras- a retrasar, controlar o bloquear cualquier iniciativa diseñada a combatir el cambio climático.

ExxonMobil, Shell, Chevron, British Petroleum (BP) y Total no dan puntada sin hilo. Hacen suyo el proverbio castellano de “ni un mal gesto, ni una buena acción”. Pura imagen. El informe asegura que estas petroleras se han gastado desde los Acuerdos de París de 2015 más de 1.000 millones de dólares en estrategias de lobby, que han hecho coincidir con campañas de lavado de imagen a favor de las energías limpias. Entre otras, Climate Action 100+, un programa de medidas contra el cambio climático que incorporó a las mayores firmas privadas del mundo.

Entre sus actos de influencia más reseñables, los expertos de esta institución sin ánimo de lucro británica, que enfoca sus objetivos filantrópicos a desenmascarar a las corporaciones que actúan en el sector energético y a defender la causa contra el calentamiento global, destacan el uso de las redes sociales.

Por ejemplo, emplearon 2 millones de dólares en campañas en Facebook e Instagram para promover los supuestos beneficios de que los combustibles fósiles ocupen un lugar aún más destacado en el mix energético global -en detrimento de las renovables- durante las elecciones de mitad de mandato (Midterm) de noviembre pasado en EEUU.

Su misión es de una innegable nitidez. Ganarse el favor del nuevo poder legislativo. Al fin y al cabo, cada cuatro años, en estos comicios, se renuevan los 435 escaños de la Cámara de Representantes, una tercera parte de los cien senadores y 36 de los 50 gobernadores de la Unión. Y conviene tener en perfecto estado de revista los servicios de lobby en el paraíso del poder soterrado y en el mercado más importante del mundo. Dentro de una acción global orquestada para debilitar las agendas de reformas favorecedoras de las energías renovables de los gobiernos que avanzan hacia la consecución de los Acuerdos de París.

Entre las que ocupan un lugar destacado las críticas a lo que consideran, sin complejos, un exceso regulatorio en su industria, que -aducen- les resta dinamismo, les reduce los beneficios y les ocasiona multimillonarios gastos anuales por requerimientos legales.

Inversiones multimillonarias en gas y petróleo

Los botones de muestra que ofrece el informe son más que relevantes. BP donó 13 millones a una campana, a la que también se sumó Chevron, que logró frenar la imposición de una tasa al carbón en el Estado de Washington. Un millón de los cuales se destinó a publicidad en medios. Edward Collins, uno de los autores de la investigación de esta ONG, hace hincapié en la banalidad de la estrategia de las big five.

“Sus marcas corporativas revelan claros apoyos públicos hacia el combate del cambio climático, pero sus acciones de lobby van en la dirección contraria. Abogan por soluciones de bajas emisiones de CO2 mientras aumentan sus inversiones y gastos hacia la expansión del negocio de los combustibles fósiles”. Después de los Acuerdos de París de 2015, de los que se salió EEUU por designación expresa de Donald Trump, las compañías de petróleo y gas dieron su apoyo a la paulatina supresión del carbón como fuente de energía y formalizaron la Iniciativa Climática del Petróleo y del Gas para impulsar medidas voluntarias que redujeran la polución por emisiones fósiles.

En 2019, los desembolsos presupuestados en planes de inversión para la extracción de gas y petróleo de estas cinco grandes petroleras se incrementarán hasta los 115.000 millones de dólares, de los que sólo el 3% irán a proyectos de bajas emisiones. Shell y Chevron se apresuraron a criticar el contenido de InfluenceMap.

Con argumentos como que “no hacen apología” de sus contactos con legisladores o reguladores, redoblando su respaldo a los Acuerdos de París y a sus objetivos medioambientales, o apelando a la transparencia de sus iniciativas de reducción de gases que provocan el efecto invernadero o a su compromiso con las energías limpias para lograr que el clima no rebase los 1,5 grados centígrados en 2050 en vez de los 2 grados establecidos en la capital francesa.

Los expertos de esta institución ponen como modelo de buen gobierno corporativo la decisión del fondo soberano noruego, que mueve más de un billón de dólares en activos globales a los que exige -entre otros propósitos- un demostrado compromiso con el medio ambiente. Motivo por el que ha sacado de sus carteras de inversión a compañías dedicadas a la exploración o a la extracción de petróleo.

Un proceso de desinversiones que el Ministerio de Finanzas de Noruega, dueño del fondo del que se nutren las pensiones de las personas en edad de retiro, ha instaurado también en Norges Bank, entidad que sólo financiará con las petroleras proyectos de energías renovables o que aceleren la transición hacia las energías limpias. “Tenemos 11 años para parar el caos climático.

No podemos encontrar justificación alguna en que las petroleras se opongan a regulaciones exigentes y a sanciones duras de sus negocios con elevadas emisiones de CO2 a la atmósfera”, dice Jan Erik, CEO de Storebrand Asset Management, la firma privada de activos más importante de Noruega. Y eso incluye “rechazar todo intento de la Administración Trump de diluir las avalanchas regulatorias en el sector para promover la reconversión industrial hacia las energías renovables e impedir la proliferación de iniciativas de influencia entre bambalinas el Capitolio -sede de las dos cámaras del Congreso- y en la Casa Blanca.

La industria petrolífera se acomoda con Trump

El lobby petrolífero se instaló de inmediato en el Despacho Oval tras el triunfo de Trump. Hasta lograr estabilizar el precio del barril en los más de dos años de su mandato entre los 45 y los 65 dólares por barril. En cumplimiento del complejo equilibrio de intereses geoestratégicos entre países productores y consumidores de crudo.

En detrimento de los grupos de presión de las renovables que afloraron a la vera de Barack Obama. Encabezado -el del oro negro-, por Scott Pruitt, al frente de la Agencia de Protección Medioambiental desde la andadura presidencial de Trump. Y del que han salido voces como la de Harold Hamm, el multimillonario magnate del fracking -una técnica de extracción del crudo a partir de esquistos bituminosos y a través de procesos de pirólisis, hidrogenación o disolución térmica- que nunca ha tenido reparo alguno en avisar a la OPEP, desde entonces, de que “podrían matar” a la industria petrolífera si el cártel trata de encarecer artificialmente el mercado. O, mejor dicho, de calentar sin su consentimiento los precios. En un aviso beligerante sin precedentes en la historia de la poderosa organización que lidera Arabia Saudí.

El del petróleo es un lobby que ha aterrizado de nuevo en Washington con intención de quedarse. Al menos, durante el periplo presidencial de Trump. A pesar de su promesa de “drenar la ciénaga” de grupos de presión próximos a la Casa Blanca, cuando aún se jactaba de ser la auténtica voz contra el establishment, el enemigo de los Clinton y del poder establecido. O de la salida de su gabinete del ex secretario de Estado, Rex Tillerson, antiguo consejero delegado de Exxon Mobile.

Porque, pese a su volatilidad derivada del recorte de cuotas de la OPEP, por un lado, y de la disminución de la demanda por la pérdida de fuelle de la economía global, por otro, el barril de crudo está a punto de firmar su mejor trimestre desde 2002, tras rozar los 40 dólares a mediados de diciembre. Una escalada del 32% desde el inicio de 2019 que ha catapultado su cotización, en EEUU, por encima de los 60 dólares.

Catherine Howarth, ejecutiva jefe de ShareAction, organización que promueve inversiones con responsabilidad social corporativa, pone el dedo en la llaga: “El informe de InfluenceMap deja evidencias de que la retórica de las petroleras no concuerda con su acción empresarial, que sus credenciales sobre cambio climático no pueden convivir con el ejercicio de sus lobbies ni con sus intentos de sabotaje para revertir el calentamiento global. Es un juego sucio, con dinero que no se emplea de forma legítima”.