El parto de los montes  es un concepto fabuloso, concretamente de una fábula de Esopo, cuya moraleja ilustra la realidad de algunas narrativas enmascaradas de tormentosa solemnidad. Una de ellas es la que gira en torno a la competencia fiscal entre comunidades autónomas con el IRPF, en la que el ruido y la propaganda asumirían el papel de los montes mientras sus escuetos resultados, como unas rebajas de 23 euros por contribuyente, serían, obviamente, el ratoncito que resultó alumbrado.

Las comunidades autónomas aplicaron el año pasado un total de 958 modificaciones en la normativa que rige los llamados impuestos cedidos. De ellas, un tercio (317) se concentraron en el tramo del 50% del IRPF que gestionan los gobiernos autonómicos, en el que establecían un volumen de deducciones tan elevado como escasamente efectivo.

Sin embargo, esas rebajas fiscales "sólo reportaron a los contribuyentes un ahorro en 2020 de 498 millones de euros, un 0,47% de la recaudación total", señala Agustín Fernández, presidente del REAF (Registro de Economistas Asesores Fiscales).

Esos 498 millones de euros son el impacto real de una batería de medidas que en ese ejercicio tenía como objetivo a 21,63 millones de contribuyentes y que sumó una recaudación de 84.796 millones, según los datos de la Agencia Tributaria.

"Las rebajas son más nominativas que efectivas, porque en la práctica se aplican a pocos contribuyentes y en cantidades muy reducidas", explica Rubén Gimeno, del CGE (Consejo General de Economistas). Añade que "en ocasiones tienen requisitos tan estrictos que no se pueden aplicar".

Madrid: la mitad del IVA, el 40% del IRPF y el 85% de los especiales

La magnitud de esos impactos, dirigidos a las clases medias y bajas, dista mucho de la que generan otras políticas. Como las rebajas fiscales a las rentas altas y los grandes patrimonios, que llegan a hurtar cada año 10.000 millones de euros anuales a las arcas públicas. La mitad de ellos en Madrid, donde el descuento de 5.000 a los segundos se compensa con un aumento de la presión fiscal en 2.000 a los primeros.

De hecho, la observación de los tipos máximos y mínimos que se aplican en cada comunidad ofrece algunas sorpresas. Como el hecho de que la mayor y la menor presión a las rentas bajas se localice en las dos con hacienda foral (23% en Euskadi, 13% en Navarra). O que la diferencia nuclear del panorama tributario de las dos locomotoras radique en que la horquilla de beneficios fiscales sea de dos puntos para quienes menos ingresan y de cinco para quienes más ganan, en ambos casos rebajas en Madrid frente a Catalunya. 

Entonces, ¿a qué se debe el ruido que suele acompañar a los debates sobre el IRPF? Básicamente, a eso que se ha dado en llamar "el relato", que no deja de ser una modalidad de la propaganda cuando se difunde con la mezcla de exacerbación y pobreza analítica con la que suele hacerse.

Lo cierto es que la aportación de los tributos propios de las comunidades autónomas representa menos del 2% de sus ingresos tributarios, 2.380 millones de 119.776 en 2021. Con el caso más extremo en el 0,01% de Madrid, según recoge el Panorama de Fiscalidad Autonómica (PDF) que elaboran el CGE y REAF.

Nueve de las diecisiete comunidades no llegan a ingresar 100 millones de euros al año por esa vía, y solo tres superan los 200: País Valencià con 221, Canarias con 424 y Catalunya con 903.

El grueso de la financiación de las comunidades autónomas viene de los impuestos cedidos por el Estado. Una bolsa en la que destacan el 100% de los de sucesiones y donaciones, de patrimonio y de actos jurídicos documentados (AJD), un 58% de los especiales y un 50% del IVA y del IRPF.

"Dependen en gran medida de la Hacienda estatal, y acusan en buena medida los movimientos al alza o a la baja que esta pueda hacer", señala Gimeno.

Otra cosa es, aquí de nuevo, la narrativa: Madrid es la segunda comunidad autónoma que más dinero ingresa en impuestos estatales cedidos, con 24.085 millones de euros en 2021, una cantidad que únicamente supera Catalunya con 26.393.

Y esa es la clave sobre la que se sostienen polémicas políticas fiscales como la que supone la rebaja anual de mil millones en el impuesto de patrimonio a quienes acumulan fortunas de más de dos millones de euros. Una cantidad que sólo supone el 4% del resto de los ingresos que llegan a la Puerta del Sol desde la Agencia Tributaria en concepto de IRPF y de otros dos impuestos como el IVA y los especiales que, por su propia naturaleza de indirectos y sobre el consumo, gravan el gasto con mayor intensidad cuanto menores son los recursos de las familias que realizan los gastos. 

"Cada comunidad define sus rebajas en función de su situación", anota Gimeno, que llama la atención sobre cómo esas políticas fiscales no son susceptibles de ser trasladadas a otras autonomías con el mismo resultado económico. Solo se rebaja cuando se ingresa mucho.

"Madrid es la capital, está en el centro a dos horas en AVE de cualquier ciudad y allí están las sedes de las principales empresas" y sus directivos con sus magros salarios. Y eso le genera un margen de maniobra que no tienen otras comunidades: allí se domicilia más de la mitad del IVA, el 40% del IRPF y el 85% de los impuestos especiales.

Hasta siete gobiernos autonómicos de distinto color, los de Andalucía, Canarias, Castilla y León, Galicia, Madrid, Murcia y País Valencià, optaron el año pasado por deflactar el IRPF. Es decir, por adecuar los tramos de pago a la inflación, mientras el de Aragón optaba por reducir la tarifa mínima y subir la máxima, aunque las previsiones de impacto real en los bolsillos de los ciudadanos se prevén escasas.

"Nueve años de retraso con la financiación autonómica"

La obsolescencia del sistema de financiación autonómica, cuya modificación hay quien liga con la constantemente aplazada reforma fiscal, caso del vicepresidente valenciano Héctor Illueca, lleva años provocando críticas de los dirigentes autonómicos. Dos tareas pendientes de las que una de las pocas certezas es que tampoco esta legislatura saldrán adelante.

Y lo mismo va a ocurrir con otra pieza del puzzle estrechamente ligada a ambas como es la armonización fiscal, un término que se refiere al establecimiento de unos estándares mínimos de gestión tributaria en todo el país.

"Llevamos nueve años de retraso en reformar la financiación autonómica, y no podemos seguir con el sistema de hace casi una década porque la economía ha cambiado", plantea Gimeno, partidario de "homogeneizar" la gestión de los impuestos para "evitar desigualdades entre ciudadanos".

"Es necesario un nuevo sistema de financiación autonómica y un sistema de tipos mínimos que se aplique en todo el país. No tiene sentido que la presión fiscal sea tan diferente entre comunidades", añade el economista del CGE.