Las madres trabajadoras están sufriendo especialmente las consecuencias del ERE de los servicios centrales de los bancos Santander, Popular y Pastor, en el que están proliferando las peticiones de salida voluntaria de empleadas con reducción de jornada por cuidado de hijos, según coinciden en denunciar los sindicatos CGT (Confederación General del Trabajo) y CIG (Confederación Intersindical Galega), mientras fuentes oficiales del grupo Santander declinan pronunciarse sobre el desarrollo del proceso de despido colectivo.

“La voluntariedad siempre ha sido algo que va entre comillas. Es cierto que hay gente que se apunta como voluntaria a un ERE, pero casi siempre es gente que el banco considera descartable y a menudo lo hacen después de que la empresa les sugiera que se acojan a las bajas incentivadas”, explica Juan José Paredes, responsable de la sección sindical de CGT en Banco Santander.

Esas sugerencias, según la información que maneja su sindicato, han sido numerosas entre las empleadas con reducción de jornada por cuidado de hijos durante el periodo de presentación de propuestas de baja voluntaria del ERE, que concluía este lunes. “Han focalizado mucho en las mujeres”, indica Paredes, a las que “les daban la opción de salir como voluntaria, pero sabiendo que si no podrían afectarles las salidas forzosas”.

Coincide con Rosa Conde, de la CIG, que indica que “han presionado a muchos compañeros, y especialmente a algunas con reducción de jornada”, para cubrir las 200 bajas asignadas a esa comunidad, en la que el Pastor, filial de Popular, es una de las principales entidades financieras.

Cuatro ceses, dos despidos y una baja

Los sindicatos aun no tienen datos oficiales sobre las bajas, ya que el grupo Santander, en el que están integrados Popular y su filial Pastor desde la polémica ’resolución’ del primero a comienzos de junio, tiene ahora una semana para ejercer su derecho de veto sobre los voluntarios.

Sin embargo, destacan lo ocurrido en el departamento de atención telefónica a los llamados clientes Select, una especie de servicio de banca personal ubicado en San Sebastián de los Reyes. En sus alrededor de 70 integrantes se cuentan seis ceses, cuatro voluntarios y dos forzosos que habían rechazado la otra opción, y en todos los casos se trata de madres con jornada reducida, mientras otra empleada, en este caso embarazada, tuvo que ser atendida en urgencias (se encuentra de baja) tras mantener una reunión con representantes de la empresa que, al parecer, le habrían animado a inscribirse en el ERE, explican desde CGT.

Esta situación se producía mientras la número uno del banco, Ana Patricia Botín, se refería al hecho de que la plantilla del Santander tenga un 55% de mujeres pero su presencia se reduzca al 20% en el nivel directivo como “una brecha que nos hemos comprometido a arreglar en algunos países en unos años”, según recoge El Confidencial, que también indica que la ejecutiva considera bajo el nivel de formación de sus trabajadoras.

Santander y Popular están cerca de cerrar con empleados que han firmado la llamada “carta de voluntariedad” las 1.100 bajas que contempla el ERE acordado en diciembre con CCOO, UGT y FITC, y rechazado por CGT, que también contempla el traslado de 575 empleados de los servicios centrales de la entidad resuelta a las empresas de servicios segregadas del nuevo propietario. De hecho, las propuestas de salida, pendientes de que las entidades puedan aceptarlas o vetarlas, superan las 1.050, lo que, a falta de conocer qué cifra final arrojan los vetos, reduce notablemente el nivel de maniobra del banco para ejecutar como despidos forzosos los que restan hasta 1.100 en lo que queda de año.

“Un ERE es en sí mismo un procedimiento forzoso”

“Esas cifras reducirían mucho el margen de bajas forzosas que pueda ejecutar el banco”, explica José Ignacio Soto, de UGT, quien llama la atención sobre el resultado de la negociación previa al expediente de regulación: “Un ERE es en sí mismo un procedimiento forzoso, y nosotros trabajamos para que las condiciones de salida fueran las mejores posibles”. De hecho, la diferencia de la indemnización llega a alcanzar los 40.000 euros en algunos puestos.

CGT y CIG, por el contrario, consideran que la combinación de bajas voluntarias y forzosas, que no se incluyó en los ERE que ejecutó Santander en 2013 y en 2016, en el que únicamente se incluyeron salidas por iniciativa formal de los trabajadores, debilita la situación de estos.

“El hecho de no haber forzosos permitía aguantar el tirón a quien le sugerían que se fuera voluntario, pero ¿qué haces ahora si te ofrecen irte con la prima de voluntariedad? ¿Exponerte a salir poco después sin ella?”, se pregunta Paredes, que resalta la paradójica situación de las mujeres embarazadas y las madres trabajadoras: “Tienen situaciones protegidas por la ley que se encuentran desprotegidas en un ERE”.

Vetar voluntarios para sustituirlos por forzosos

“El acuerdo tiene demasiadas puertas traseras, y eso le permite al banco hacerse un traje a medida vetando propuestas de salida para sustituirlas por despidos forzosos”, anota Conde, cuyo sindicato considera que “el proceso está absolutamente viciado” cuando “se había sido muy escrupuloso en ese sentido en los anteriores ERE”.

Esa novedad en las relaciones laborales del Grupo Santander ha comenzado a provocar inquietud en la plantilla, cuyo personal de oficinas será objeto de un despido colectivo cuando la dirección haya terminado de ejecutar el de los servicios centrales y concluya la integración de los sistemas informáticos, algo que se prevé para finales de este 2018 o principios de 2019.

“La gente está estupefacta por ese cambio, que supone un antecedente importante”, señala Conde, que reclama a los sindicatos mayoritarios que impugnen el acuerdo del actual ERE.