El Gobierno central ya solo asume la sexta parte del coste del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD) pese a que la propia ley que lo regula establece que “la aportación de la comunidad autónoma será, para cada año, al menos igual a la de la Administración General”. 

De cumplir estrictamente ese mandato las comunidades, el sistema llevaría años colapsado. De hecho, y según los datos de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, en la última década la aportación de ambas administraciones resultó equiparable tan solo en 2012, cuando el Gobierno central aportó un 53,2% de los fondos.

Dos años después la relación pasaba a un 70%-30% en el que las autonomías asumían el grueso de los costes y a partir de 2016 el desequilibrio pasaba a ser de cuatro a uno.

Y la situación está empeorando. Las certificaciones de gasto a las que ha tenido acceso la asociación indican que el año pasado las comunidades aportaron 6.707 millones de euros por solo 1.348 del Gobierno central, lo que supone que las primeras asumieron el 83,3% del total y el segundo únicamente un 16,7%. El gasto promedio por dependiente fue de 8.090 euros, de los que el Estado únicamente puso 1.348. 

"Desde los recortes de 2012, la Administración central aporta cada vez menos fondos, y las comunidades ya no pueden poner más dinero", denuncia José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que destaca cómo los principales efectos de este gripado sistema de financiación consisten en una lista de espera de 258.000 personas: casi 130.000 de ellas pendientes de ser valoradas y otras tantas en espera de recibir las prestaciones o los servicios que les corresponden. 

"Estamos desatendiendo a los dependientes"

"Estamos desatendiendo a los dependientes menos graves y no atendemos a los más graves", señala Ramírez, que destaca el aumento registrado el año pasado en la lista de espera de los grandes dependientes y los dependientes severos, los de grado III y II, respectivamente, mientras la cifra de fallecidos en espera de ser atendidos supera los 30.000 al año (30.400 en 2018), más de 80 cada día. 

"El sistema presenta indicios de estar colapsándose", anota, mientras los datos anticipan que la estremecedora cadencia de fallecimientos en lista de espera va camino de cronificarse.

La última evaluación del sistema elaborada por la asociación, y cerrada con datos de 31 de diciembre de 2018, señala que en España hay 1.304.312 personas con algún nivel de dependencia reconocido y otras 128.568 pendientes de valoración. Estas últimas, sumadas a las que no reciben ningún tipo de servicio ni prestación tras haber sido reconocidas como dependientes, elevan la lista de espera a 258.000. El 60% de ellas se concentran en Andalucía y Catalunya. 

Casi dos de cada cinco de estos últimos (39%, 98.000) son "dependientes con Grados III o II, es decir, tienen necesidades de apoyo extenso y en ocasiones continuado", señala el documento.

Un sistema camino del colapso

El sistema de atención a la dependencia lleva siete años camino del colapso. Concretamente, desde que los recortes de 2012 intensificaron, con el perverso efecto secundario de disparar los beneficios del Estado a cuenta de un modelo que pasaban a sostener las autonomías, la merma de las aportaciones estatales en una situación que sigue sin recuperarse.  

El recorte acumulado de la Administración central "asciende ya a 5.406 millones de euros considerando la supresión del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la supresión de las cotizaciones de cuidadoras familiares", señala la asociación, que añade que "la disminución de la financiación a las comunidades desde julio de 2012 hasta diciembre de 2018 (reducción del nivel mínimo y supresión del nivel acordado), supone ya una cifra acumulada de 3.154 millones de euros de quebranto para las arcas autonómicas". 

El PP se comprometió en la negociación de sus últimos Presupuestos Generales del Estado, en 2018, a aumentar un 5% cada año su aportación a partir de enero de 2019. Tras la moción de censura, el ejecutivo de Pedro Sánchez decidió retirar el decreto por el que iba a materializarse esa medida al considerarla escasa y para optar por un incremento de 500 millones de euros por la vía presupuestaria que, de haber salido adelante, habrían enjugado en buena medida el tijeretazo de Rajoy.

Sin embargo, la oposición del centro derecha (PP y C’s) y de los catalanistas (ERC y JxCat) a esas cuentas cortocircuitó también la alternativa, que un gabinete en funciones no puede implementar mediante un decreto por suponer un aumento del gasto que compromete la capacidad de maniobra del equipo que salga de las siguientes elecciones. "Llevamos así más de un año; con mala suerte o con coartada, pero al final no se incrementa el presupuesto de la dependencia", indica Ramírez.

Una desatención con efectos secundarios

Con todo, la atención a la dependencia no es el único pilar del Estado de Bienestar que sigue sin recuperarse de los recortes que comenzó a sufrir con la crisis; en parte, por la exigencia de fondos que provoca la desatención estatal al SAAD. "Faltan 4.000 millones para volver al nivel previo a la crisis", anota. 

Un estudio de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales cifra en 4.190 los millones de euros que todavía separan el gasto social (educación, salud y servicios sociales) que actualmente ejecutan las comunidades autónomas, que asumen dos terceras partes de ese capítulo a nivel estatal, del que realizaban en 2009, el primer año de la crisis.

"A pesar de la recuperación económica’ el gasto social autonómico es en España un 3,4% inferior a los momentos previos a la crisis", señala la entidad, que anota cómo, pese a ese balance global, nueve comunidades "habrían recuperado, en términos absolutos, el gasto social previo a los recortes" ya en 2018. Se trata de Baleares, Comunitat Valenciana, Navarra, País Vasco, Cantabria, Murcia, La Rioja, Asturias, y Extremadura 

En el extremo contrario se sitúan Catalunya y Castilla-La Mancha, las cuales, con un desfase del 19,91% y del 15,46%, respectivamente, "mantienen un mayor recorte en términos porcentuales en estos 10 años".