El Gobierno y las organizaciones de autónomos han abordado la reforma integral del trabajo por cuenta propia, un sector que mueve más de cuatro millones de empleos y que sigue encorsetado por una serie de normativas de varias décadas de antigüedad a las que se van añadiendo aportaciones de carácter más propagandístico que efectivo como los retoques de la fiscalidad de 2016 o fallidas innovaciones como la tarifa plana, que en la práctica se han convertido en una costosa herramienta para las arcas públicas cuyos principales beneficiarios han sido nuevos modelos de negocio basados en el fraude.

El trabajo autónomo emplea en España a 4,17 millones de trabajadores, 3,32 de ellos por cuenta propia y 851.104 contratados por estos, según los últimos datos del Ministerio de Trabajo, correspondientes al cierre de diciembre, un volumen de empleo superior al de las microempresas (3,05 millones) y al del resto del tejido pyme (3,02 sin ellas) y equivalente a dos tercios del que generan las grandes (5,93), según los registros de ese mismo departamento.

Otra cosa es lo boyante que esté resultando su actividad, que en 2019, último año para el que la Agencia Tributaria ofrece datos, arrojó rendimientos económicos por valor de 69.002 millones de euros, aunque un 5% de ellos perdió dinero con sus negocios, cerca del 40% no llegó a ganar mil euros mensuales y otro 19% se quedó entre es mileurismo en bruto y el mileurismo en neto, un cuadro de escasez generalizada con el que convive una clase alta de 383.049 que ingresan más de 40.000 euros al año.

El 85% de ellos, con independencia de su nivel de ingresos, cotiza por la base regulatoria mínima de 970 euros mensuales, que supone una cuota de 294, en unos casos por no llegar a más (supera la mitad de los ingresos para la cuarta parte del trabajo autónomo) y en otros (hasta el 40%) por optar por planes privados para mejorar una prestación de jubilación que hoy presenta una media de 794 euros mensuales, 543 por debajo de las del Régimen General.

Las propuestas de cotización por tramos

Ese sistema, que genera en la Seguridad Social un déficit de más de 10.000 millones de euros al año (6.936,81 en 2016, 10.661,82 en este) al cubrir las cuotas poco más del 50% del gasto en prestaciones, es uno de los asuntos pendientes que quiere modificar el actual Gobierno de coalición, que ha planteado un sistema de cotizaciones por tramos en función de los ingresos del autónomo que quiere poner en marcha el año que viene.

El nuevo planteamiento, que permite seis cambios de cuota al año y que se liquidaría en el siguiente ejercicio en función del IRPF, con recargo si los ingresos superan a la base y con la posibilidad de acumular las cuotas si son inferiores, incluye una progresión hasta cerrar en 2031 con diez tramos de bases superiores al SMI (de 1.150 a 4.139, con sellos a partir de 351,90 euros) y tres por debajo de esa cota con aportaciones mensuales de 183,60 euros para ganancias de menos de 600, de 244,80 hasta los 900 y de 293,94 entre los 900 y los 1.125.

La tarifa plana, que pasaría a ser de 70 euros mensuales durante dos años y daría lugar a prestaciones por valor de la base de 1.150, quedaría restringida a aquellos autónomos cuyos ingresos anuales se queden por debajo del SMI.

"Defendemos los tramos y estamos de acuerdo con el sistema, pero creemos que su despliegue debe ser más rápido, de forma que en seis años alcance a todo el trabajo autónomo", señala Eduardo Abad, presidente de UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos), quien, no obstante, defiende que el cálculo debe hacerse sobre las bases anuales en lugar de con las mensuales que propone el Ministerio de Inclusión.

La organización, que lleva años reclamando un sistema de este tipo, defiende su propia propuesta, que contempla una cuota de 90 euros para quienes ingresan menos de 3.600 euros anuales, otra de 135 entre esa cifra y los 5.400, lo que actuaría como estímulo para hacer aflorar la economía sumergida, y una más para quienes no llegan a 600 mensuales para, a partir de ahí, plantea catorce tramos con cuotas de 208 a 1.266 euros para bases anuales de 7.200 a 4.050.

"Millón y medio de autónomos hacen un esfuerzo enorme para pagar la cuota"

"La bajada para quienes ganan menos de 18.000 euros y la subida para quienes ingresan más de 25.000 debe ser instantánea", sostiene Abad, que señala que "la obligación de cotizar por una base mínima es lo que ha hecho que el sistema sea injusto, haya socavado la solidaridad contributiva y haya generado un déficit en la Seguridad Social", ya que "un millón y medio de autónomos hacen un esfuerzo enorme para pagar los 294 euros todos los meses mientras otros 800.000 hacen un esfuerzo ridículo".

La propuesta de Inclusión ha provocado el rechazo de ATA, la asociación de autónomos integrada en la CEOE, a la que el ministro José Luis Escrivá se refirió el martes, sin nombrarla, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros: "en todas las mesas que hemos planteado con las siete asociaciones de autónomos los acuerdos han salido por unanimidad", dijo, "pese al ruido que alguna de ellas genera".

"No todos vamos a la mesa con la intención de que las rentas altas aporten más", anota Abad, para quien "no es aconsejable convertir esta negociación en una guerra. La patronal parece empeñada en reventar un acuerdo sobre el RETA (Régimen Especial del Trabajo Autónomo) que puede ser histórico".

El presidente de UPTA lleva un año esperando a que el presidente del PP, Pablo Casado, le responda a la petición de reunirse que le planteó por carta. "Le pido que nos reciba para explicarle el sistema, aunque la conclusión es que no quiere, y que no mire a los autónomos en blanco y negro".

Reformar la fiscalidad y olvidar la morosidad

Paralelamente a la mesa de negociación de las cotizaciones, los ministerios de Economía y de Hacienda han abierto otra centrada en la reforma de la fiscalidad de los autónomos y en el llamado Kit digital, que consiste en la digitalización del manejo de facturas y de las relaciones con la Administración.

El primer bloque se centra en cuatro líneas que son la adaptación de buenas prácticas fiscales, la transposición de la directiva europea sobre el IVA, la regulación de las deducciones, capítulo en el que la desgravación del menú y el espacio de trabajo siguen siendo una entelequia en la práctica, y la modificación del sistema de módulos.

Este último, que lleva tres décadas aplicándose, se ha revelado como perverso y desfasado con la digitalización de los pagos, que facilita la llevanza de la contabilidad a cualquier tipo de negocio, al tiempo que la caída de la actividad vinculada a la pandemia ha hecho que dejen de ser beneficiosos para muchos de los autónomos que tributan con ese formato.

No obstante, la batería de reformas sigue esquivando el principal problema de los autónomos, que es la morosidad, el retraso con el que los clientes y contratistas liquidan las facturas, mayor cuanta mayor es su magnitud, y que tiene dos consecuencias negativas para quienes la sufren: el agujero en sus cuentas y la necesidad de recurrir a financiación bancaria para paliarlo.