MADRID.- El auditor de cuentas Francisco Serrano Moracho ha explicado ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga el uso presuntamente fraudulento de las black que unas visas que se otorgan con un límite mensual y que no requieren justificación de los desembolsos no se pueden entender para gastos de representación sino como un complemento salarial.

El experto ha presentado su informe pericial que viene a defender este sistema de tarjetas y que ha elaborado en nombre de los acusados José Antonio Moral Santín y Francisco Baquero. Estos son dos de los 65 exaltos cargos y directivos de Caja Madrid y Bankia que se sientan en el banquillo por cargar a sus plásticos gastos personales como joyas, ropa, artículos de lujo o viajes por valor de 12,5 millones de euros entre 2003 y 2012.

Tras esta última sesión de periciales el juicio se reanudará el próximo día 5 de diciembre con los informes de las partes, incluída la Fiscalía, que en este trámite podrán modificar algunas de peticiones de prisión o conclusiones de acuerdo con la práctica de la prueba que se haya desarrollado en sesiones anteriores.

Durante su comparecencia, Serrano ha argumentado que las visas que se entregaron no eran para gastos de representación, como defiende la entidad nacionalizada -que ejerce la acusación particular- y que estas partidas quedaban reflejadas en dos cuentas habilitadas para ello por la caja, defendiendo así la legalidad del circuito de tarjetas, frente a la acusación que habla de práctica opaca.

Concretamente se ha referido al epígrafe de la cuenta, que incluye la fecha de mayo de 1988, para referirse al nacimiento de esta práctica, que vio la luz en un acuerdo del Consejo de Administración de la entidad en esa misma fecha. Con ello pretende demostrar que las visas forman parte de una práctica heredada de la etapa de Jaime Terceiro (presidente de Caja Madrid entre 1988 y 1996) y que su naturaleza no ha variado desde entonces.

"No existe control"

"Una cuenta de gastos de representación típica implica aportación de facturas", ha sostenido la pericial ante la Sala Segunda de la Sección Cuarta ante quien ha explicado que una visa para cubrir los gastos de trabajo no facilita la posibilidad de extraer efectivo en cajero porque eso implica que "no existe control".

Ha ido más allá y ha dicho que del análisis realizado concluye que además de este medio de pago, "existe constancia" de que "efectivamente" había otras tarjetas, estas sí para cubrir gastos de representación y que requerían de justificación de los desembolsos. En cualquier caso tanto unas como otras formaban parte de un circuito del que eran consciente los supervisores, y como tal se incluía en las inspecciones bancarias, según ha apuntillado.

A preguntas de la defensa de Pablo Abejas esta pericial ha insistido en que no existe relación alguna entre el rescate de Bankia -que recibió 22.000 millones de euros- con este sistema de tarjetas que dispusieron los consejeros y por cuyo uso se le atribuye un delito continuado de apropiación indebida y administración desleal.

Gastos proporcionales

Los últimos dos peritos que han comparecido en el tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo, han basado su declaración en intentar demostrar que los desembolsos que efectuaron los acusados -que se hicieron públicos con la entrega por parte de Bankia a la causa de la famosa hoja Excel- eran "proporcionales" y "razonables" de acuerdo con el cargo que ostentaban en la caja.

A propuesta del exmiembro de la comisión de control de Caja Madrid Rafael Eduardo Torres Posada ha comparecido el perito Ángel Rubio Pablos quien ha acreditado los gastos efectuados por el exdirectivo con su plástico -que ascienden a 82.381 euros-. "¿Le parece justificable el gasto en restaurantes?" le ha preguntado la representación procesal de Torres Posada al experto, que ha respondido que lo considera "muy normal".

En la misma línea se ha pronunciado en esta última vista dedicada a periciales el economista Manuel Gómez Conesa, quien por encargo de la defensa del exconsejero Jorge Rábago, realizó una valoración pericial sobre los gastos realizados por éste. Se trata del acusado en este juicio que menos dinero cargó a su plástico (8.366,78 euros).

El experto ha dividido los desembolsos en tres bloques: hostelería, viajes y material informático y en su opinión, todos ellos "podrían ser afectos a una actividad económica razonable como puede ser la de una entidad financiera", teniendo en cuenta que el exconsejero propuesto por el PP acudió a 140 reuniones de la Comisión de Control de la caja extinta.

El fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha vuelto a insistir, como ya hizo durante los interrogatorios a los acusados, en gastos detallados en los que incurrieron basándose en la prueba estrella de Bankia, la hoja de cálculo o Excel. Por ello ha aprovechado la exposición del economista para preguntarle por un gasto concreto en electrodomésticos por más de 1.000 euros a lo que el perito ha respondido que podría tratarse de gastos informáticos.

Vuelven a impugnar las pruebas de Bankia

Tras finalizar la ronda de periciales, las defensas han tomado el turno de palabra para impugnar, como ya hicieron durante las cuestiones previas, la hoja Excel aportada por Bankia, y el informe de auditoría entregado también por la entidad que preside Ignacio Goirigolzarri , y que concluyó que las 'black' eran opacas y se emitieron al margen del circuito legal de Caja Madrid.

Contra estos dos documentos cargaron durante su interrogatorio los exaltos cargos y directivos que llegaron a precisar que habían sido "cabezas de turco". Aunque incurren en contradicciones sobre la naturaleza de los plásticos, en su mayoría dijeron que las recibieron con un límite de gasto y que se les daba para gastos relacionados con su función y en compensación por los esfuerzos dedicados a la entidad.

Se trata de la décimo quinta sesión de este macrojuicio que se reanudará el próximo 5 de diciembre y en el que se dirime si los 65 encausados, entre ellos los expresidentes de la caja Miguel Blesa y Rodrigo Rato además de otros políticos de diversas formaciones y representantes sindicales y de patronal, incluyeron en delito por el uso de las tarjetas.