El magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha admitido a trámite la querella interpuesta por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) contra el Banco Popular y su expresidente Ángel Ron además de la auditora PwC por el "hundimiento" de la entidad, vendida por un euro al Banco Santander.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 suma esta querella a las presentadas por otras tres acusaciones que solicitaban la apertura de la causa por los delitos de falsedad contable y estafa de inversores. La OCU dirige su actuación igualmente contra los exconsejeros delegados del Popular Pedro Larena, Roberto Higuera y el auditor de PwC Pedro Barrio.

La organización denuncia, según recoge el auto, que los querellados distorsionaron las cuentas del Banco Popular (que pasaron de presentar unos beneficios de 93,4 millones de euros a unas pérdidas cercanas a los 3.500 millones al cierre del ejercicio de 2016) con la finalidad de crear, con motivo de la ampliación de capital en mayo de 2016, "una ficción que reflejara una situación financiera irreal".

De esta forma, sigue el escrito, no solo cientos de inversores se vieron afectados "por una información que resultó ser falsa" sino que todos ellos "dispusieron de sus inversiones sin conocimiento de la situación financiera real del Banco".

Ocultaron las pérdidas

La OCU expone que la cúpula del banco ocultó las pérdidas que presentaba con la intención de captar al mayor número de inversores para la ampliación de capital con activos inmobiliarios "sobrevalorados, millonarios créditos de dudoso cobro o fallidos no provisionados".

No obstante, a diferencia de otros querellantes, exime de responsabilidad penal al sucesor de Ron en la presidencia del banco, Emilio Saracho, aunque solicita que sea llamado a declarar como testigo.

También dirige su actuación contra el auditor de las cuentas y la firma PwC ante el "agujero todavía sin valorar pero que se cifra entre 2.000 y 8.000 millones de euros", lo que pone a la entidad en una situación todavía más "dramática" que Bankia, cuya salida a Bolsa ha instruido también el juez Andreu.

Según la organización, en abril de 2017 Banco Popular reconoció la existencia de un informe de auditoría de PwC "que ponía de manifiesto la existencia de más de 600 millones de euros en provisiones y garantías mal calculadas". No obstante acusa tanto al banco como a la firma de "eludir" su responsabilidad al apuntar que no sería necesario reformular las cuentas y que el impacto se asumiría en las del siguiente ejercicio.

Tres querellas más

La de la OCU es la cuarta querella que el juez de la Audiencia Nacional admite a trámite este miércoles. Considera que son diversos los hechos que se denuncian y, por tanto, siguiendo el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, acuerda abrir dos piezas separadas: La primera de ellas, relacionada con la ampliación de capital realizada en 2016 por el importe de 2.505 millones de euros; y la segunda, con la manipulación del mercado mediante la publicación de noticias con datos e informaciones "falsas" antes de que la entidad fuera vendida por un euro al Banco Santander.

Andreu requiere documentación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), al propio Banco Popular, al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y ordena al Banco de España que designe a dos funcionarios para que determine si la información contable explicada en la documentación y en el folleto sobre la ampliación de capital reflejaba o no una imagen fiel de la entidad financiera.