MADRID.- La juez central de instrucción 3, Carmen Lamela, ha admitido a trámite la querella interpuesta por dos bonistas por supuesta administración desleal contra Felipe Benjumea, expresidente de Abengoa, y Manuel Sánchez Ortega, exconsejero delegado de la compañía, a los que requiere que depositen en 24 horas unas fianzas respectivas de 11,5 millones de euros 4,5 millones de euros.

Ambos serán investigados por la supuesta administración desleal, después de que Benjumea cobrara dichos 11,5 milllones de indemnización poco antes de que Abengoa presentara un preconcurso de acreedores. En la causa se investigará, además, un supuesto delito de información privilegiada en el que pudo haber incurrido Sánchez Ortega al comprar acciones a la baja en bolsa.

En el auto de admisión de la querella, que cuenta con el informe favorable de la Fiscalía, la magistrada requiere a Benjumea y Sánchez Ortega para que en el plazo de 24 horas presten sus fianzas respectivas con el fin de asegurar las responsabilidades pecuniarias bajo apercibimiento de que, en caso de no hacerlo, se procederá al embargo de sus bienes.

La querella ha sido interpuesta por dos compradores de 'bonos verdes' de Abengoa por supuestos delitos de administración desleal de Benjumea y Sánchez, así como de información privilegiada por parte de este último.

Ambos bonistas sostienen ante la Audiencia Nacional que, ante una gestión “horrible” de Abengoa, Felipe Benjumea y Manuel Sánchez Ortega, sus máximos gestores, abandonaron la empresa poco antes de que presentara concurso de acreedores y han cobrado unas indemnizaciones millonarias “cuando conocían la auténtica realidad económico financiera” de la compañía.

También denuncian que Sánchez Ortega fue contratado después por Blackrock, donde se habría beneficiado por su conocimiento de la situación real de Abengoa mediante la compra a la baja de acciones de la compañía.

La instructora de la Audiencia Nacional requiere a Abengoa y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que remitan la información disponible sobre los pagos a Benjumea por importe de 11.448.000 euros en el año 2015 y por 4.480.000 euros a Sánchez Ortega. A la CNMV se le requiere, además, para que remita la información sobre operaciones de compraventa de acciones de Abengoa desde el 1 de agosto de 2015 efectuados por el fondo Blackrock.

En las diligencias acordadas también se pide al Juzgado de lo Mercantil 2 de Sevilla que aporte copia de la solicitud de pre-concurso de acreedores y documentos acompañados por Abengoa. A la empresa auditora Deloitte se le exige que remita copia del último informe emitido sobre las cuentas y resultados de Abengoa.

Grave repercusión a la economía

El auto admite a trámite la querella porque se dan los requisitos necesarios para determinar la competencia de la Audiencia Nacional, como son la grave repercusión en la economía nacional teniendo en cuenta las cantidades “que se imputan a los querellados como cobradas indebidamente”, así como el perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una audiencia.

La Fiscalía ha pedido que esta causa sea declarada compleja, de tal manera que el límite de instrucción no sería 6 meses sino 18 meses, prorrogables a petición del ministerio público. Así lo establece el artículo 324 de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que entró en vigor el pasado 5 de diciembre. A este respecto, la jueza acuerda dar traslado a los querellantes de esta petición para que expongan su posición al respecto en un plazo de tres días.

La juez Lamela admite a trámite esta querella al margen de una segunda interpuesta contra Abengoa y la auditora Deloitte, así como contra los 19 miembros y exmiembros de sus consejos de administración, entre ellos Abengoa y Sánchez Ortega, por los delitos relativos al mercado y a los consumidores y falsedad en cuentas anuales.

Esta última querella se tramitará en un procedimiento independiente y su admisión a trámite aún no se ha resuelto. La razón estriba en que ambas querellas relatan hechos diferentes y no coinciden plenamente la relación de querellados.