La Comisión Europea (CE) ha decidido denunciar a Irlanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no recuperar los 13.000 millones de euros que Apple dejó de pagar en impuestos por las ventajas fiscales ilegales de que se benefició en el país, informó hoy el Ejecutivo comunitario. En agosto de 2016, la CE ordenó a Irlanda que cobrara 13.000 millones de euros más intereses a Apple por haberse beneficiado ilegalmente de ventajas fiscales.

La comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, indicó que dicho país tenía que recuperar 13.000 millones de euros de ayudas ilegales y que "más de un año después de que la CE adoptara su decisión, Irlanda todavía no había recuperado ese dinero". La fecha límite para que Irlanda aplicara la decisión de Bruselas era el 3 de enero de 2017 según los procedimientos europeos, que establecen un plazo de cuatro meses desde la fecha de la notificación oficial.

"Entendemos, por supuesto, que la recuperación en ciertos casos puede ser más compleja que en otros y siempre estamos listos para ayudar. Pero los Estados miembros deben hacer suficiente progreso para restablecer la competencia", dijo la comisaria. Añadió que el Ejecutivo comunitario ha decidido llevar a Irlanda ante la Justicia, "por no aplicar la decisión".

Aparte de la decisión sobre Apple, Bruselas ordenó hoy a Luxemburgo que recupere 250 millones de euros que Amazon debería haber pagado en impuestos, tras declarar que el Gran Ducado concedió ventajas fiscales ilegales al gigante del comercio electrónico. Según Vestager, estas dos decisiones tienen como objetivo transmitir el mensaje de que en la Unión Europea (UE) "las empresas deben pagar su parte justa de impuestos".

Aunque las autoridades irlandesas "han hecho progresos" en el cálculo de la cifra exacta de la ayuda ilegal concedida a Apple, solo planean concluir ese trabajo a partir de marzo del próximo año, como muy pronto, según la CE. Irlanda recurrió ante el Tribunal de la UE la decisión de Bruselas, una acción que, recordó la CE, no suspende su obligación de recuperar la ayuda ilegal.