La especulación inmobiliaria es una realidad presente en Barcelona desde hace décadas, pero ha sido después de la pandemia cuando los alquileres han tocado techo y han subido hasta máximos históricos. Es una situación compartida en toda Catalunya pero que se acentúa en la capital por el impacto, entre otros, del turismo masivo. Según la Generalitat, en Barcelona el alquiler medio es ya de 1.066 euros, prácticamente un 15% más que el año anterior.

Una tendencia que contribuye a esta situación es el alquiler de temporada, una modalidad de contratos de corta duración menos regulados que los contratos habituales. Aunque no es una novedad, el movimiento por el derecho a la vivienda ha detectado que a raíz de la pandemia se están utilizando más, convirtiéndose en una tendencia en la ciudad.

"Es una figura que no está especialmente regulada y que favorece los ciclos de especulación más cortos, porque cada 11 meses puedes hacer un contrato nuevo y subir el alquiler", denuncia Enric Aragonès, portavoz del Sindicat de Llogateres. El alquiler de temporada oscila entre los 32 días y los 11 meses, por lo que se diferencia tanto del alquiler turístico, sujeto a regulaciones, y del habitual.

"Hace tiempo que se intenta hacer este fraude para sortear regulaciones, como la que limita la subida del IPC al 2%", reconoce Arantxa Goenaga, abogada especializada en derecho inmobiliario. El Gobierno estableció este tope debido a los incrementos continuados de la inflación con el objetivo de que en la revisión anual de los contratos, el importe máximo no superara este porcentaje, pero no limita las subidas en caso de realizar nuevos contratos.

"El alquiler de temporada no puede servir para alojar a nadie en su domicilio habitual, pero nos encontramos con un abuso de esta figura", añade Aragonès. La abogada acepta que también ha visto casos de este tipo y advierte a los propietarios de que es "grave" porque si el inquilino demuestra que es su domicilio habitual y que le han hecho un incremento "abusivo", puede probarlo en los tribunales. "Todo esto se debe ir limitando y parando porque perjudica al consumidor", sostiene.

Fuentes del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) niegan haber detectado un aumento de esta modalidad y apuntan a la proliferación de otros tipos de contrato, como el de habitaciones, aún menos regulado y que estarían haciendo un tipo de empresas de nueva implantación en el mercado y que no están entre sus asociados, como start-ups.

Las mismas fuentes apuntan a que los intentos de regulación por parte de la administración son contraproducentes por la "inseguridad jurídica" que generan, y defienden que han revertido en una menor oferta de alquiler. "Lo que se debe procurar es ofrecer seguridad y estabilidad, tanto a los propietarios como a las personas que quieren entrar a vivir de alquiler", afirman.

Prácticas irregulares en el centro de Barcelona

En la asamblea semanal del Sindicat se han encontrado con varios afectados, entre ellos inquilinos que han descubierto que su alquiler es de este tipo a pesar de vivir de forma permanente en la vivienda en cuestión. "Para el arrendador es mucho más rentable", dice el portavoz, quien señala que en el momento de buscar piso los inquilinos se encuentran con "indefensión".

Es el caso de Clara, que vive en un piso en el centro de Barcelona desde abril de 2021. La empresa propietaria ya lo anuncia bien claro en su página web: "Alquileres de apartamentos y habitaciones por meses en Barcelona".

Cuando entró, en plena pandemia, su edificio estaba vacío. Con la recuperación del turismo y los clientes internacionales, la propiedad la quiere echar. "Me hicieron un contrato por habitaciones, me pareció muy raro pero pregunté y me dijeron que debía ser así, que ellos se dedicaban a esto", explica en Público.

Además, era un contrato de un año, que no es exactamente de temporada pero también es irregular, porque la LAU establece que deben ser de cinco o siete años, en el caso de las empresas. "Me lo renovaron un año más, y ahora, cuando hubiera tocado la tercera renovación, me han dicho que tengo que irme".

Ella no quiere irse porque no puede permitirse una mudanza y porque tiene derecho a quedarse hasta 2028. Sus vecinos ya se han ido, porque habían encadenado contratos de seis meses y en el último les subieron el precio 130 euros al mes. "El 99% de mis vecinos son extranjeros, es gente que viene y va y les da igual porque no quieren quedarse más de unos meses. Pero han chocado conmigo, estoy empadronada aquí y es mi casa", sostiene.

La Casa Orsola, un caso paradigmático

La desviación de viviendas del mercado de alquiler hacia esta nueva modalidad es también una realidad visible en el caso de la Casa Orsola, un edificio modernista situado en el cruce entre Consell de Cent y Calàbria. Los vecinos llevan más de un año en lucha, después de que el fondo buitre Lioness Inversiones comprara el bloque y quiera expulsar a los vecinos para reformar las viviendas y ponerlas en alquiler de temporada.

La práctica de comprar edificios enteros, reformarlos y después venderlos o alquilarlos a un precio mucho más elevado ha sido denunciada también por los vecinos del Eixample dreta, que en un informe constataban que 37 edificios habían sido objeto de compraventa en los últimos años para destinarlos al mercado del lujo.

En la Casa Orsola hay cerca de 30 viviendas y las que ya han quedado vacías se están alquilando por importes que triplican los alquileres actuales, como confirmó la propiedad a Público. Es el caso de Josep, el primer vecino a quien el fondo llevó a juicio por finalización de contrato. Él paga 700 euros y alguno de los pisos ya reformados se ha puesto en alquiler por 1.900 euros.

Público se puso en contacto con el fondo, que en un comunicado respondió que los inmuebles reformados "estarán destinados al alquiler en condiciones razonables de mercado". La empresa argumenta que el 90% de los pisos alquilados actualmente lo están a un precio inferior al que marca el Índice de Referencia de la Generalitat, pero no quiere comentar si el precio al que quieren alquilarlos se adecua a este indicador.

Un modelo de negocio a regular

Los alquileres de temporada, según Aragonès, se enmarcan en un "modelo de rendismo inmobiliario" utilizado por "arrendadores profesionales", es decir, personas o empresas que viven de este negocio. "Lo han identificado como una línea de negocio, no responde a la necesidad concreta de los inquilinos, sino que es una apuesta de los arrendadores", sostiene.

Las propuestas para regular esta práctica pasan por que los contratos de temporada establezcan cuál es el domicilio habitual del inquilino y porque si se encadenan contratos de este tipo, eventualmente se convierta en uno de larga duración, de manera similar a como ocurre en el ámbito laboral. Para Goenaga, supervisar los empadronamientos en los domicilios con esta modalidad de alquiler y controlar las fianzas depositadas en el INCASOL serían también dos medidas para avanzar en el "control" sobre los propietarios.

Todo ello podría incluirse en la LAU y en la Ley de Vivienda estatal, que lleva encallada años en el seno del Gobierno por las reticencias del PSOE a impulsar una regulación "ambiciosa", según el Sindicat.