La excepción ibérica, popularmente conocida como el tope al precio del gas, dejará de funcionar el 31 de diciembre, después de que la Comisión Europea haya rechazado una nueva prórroga. El mecanismo se desactivará a partir de 2024 y devolverá a España a la normalidad energética del resto de Europa, con unos mercados mucho menos volátiles y más contenidos que en 2022, cuando entró en vigor la medida.

Desde que el Consejo de Ministros aprobó esta reforma, el tope del gas ha permitido rebajar los precios finales y logrado un ahorro global de 5.106 millones de euros en el conjunto de los hogares españoles, según los datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco).

El fin del mecanismo ibérico podría reavivar miedos a una nueva escalada de precios de la energía; sin embargo, los datos de Bruselas respaldan la decisión de no ampliar más el mecanismo, pues los precios están alejados de los que se registraron tras el estallido de la guerra en Ucrania. Tanto es así que el tope del gas lleva sin activarse desde el 27 de febrero de este año, ya que los precios no han alcanzado el umbral máximo para activar este mecanismo.

La reforma acordada con Bruselas establecía un precio máximo de 45 euros megavátio/hora (MWh). En la prórroga pactada con la Comisión Europea el umbral subió hasta los 65 euros MWh. Por entonces, en 2022, con la guerra en Ucrania disparando los precios de la energía, la cotización rondaba los 300 euros MWh, por lo que el tope del gas tenía cierto sentido. Ahora, los precios rondan los 35 euros MWh, muy por debajo del valor límite para activar el mecanismo ibérico.

Aunque la situación del mercado de la energía es mucho más estable que al inicio de la guerra de Ucrania, Europa ha establecido un tope al precio del gas de 180 euros MWh que también afectará a España a partir del 1 de enero de 2024, de tal forma que se garantice una protección de mínimos a los consumidores europeos en caso de que vuelva a reinar la inestabilidad económica en el viejo continente.

Esquivar la dureza de la crisis económica

El mecanismo ibérico no sólo ha traído ahorro para la mayoría de los hogares españoles, también ha sido un importante escudo macroeconómico ante la escalada de precios que ha azotado a Europa. Durante los meses en los que ha estado en vigor, el precio mayorista de la electricidad se ha visto beneficiado de unos precios muchos más bajos que los registrados en los países del entorno: un 34% más bajos que en Francia; un 41% por debajo de los precios de Italia; y un 25% más baratos que los mercados de Alemania.

Todo ello ha permitido contener la crisis de precios en el Estado español. Según las estimaciones de una publicación de Esade Centre for Economic Policy, la inflación en España en 2022 habría sido tres décimas más alta si el mecanismo ibérico no hubiera funcionado, pasando de una tasa de 8,4% a 8,7%. 

España ha sido uno de los países menos perjudicados por la espiral inflacionaria y el mecanismo ibérico ha sido una de las claves. Según el Banco de España, esta medida –junto a la bonificación a los carburantes, la reducción del IVA de la luz y el resto del paquete de políticas anticrisis– consiguió rebajar la subida de precios un 2,3% y contribuyó al alza del PIB en un 1,1% en 2022.

Un mercado regulado más estable

Al dejar atrás el mecanismo ibérico, España no se quitará el cinturón de seguridad, ya que contará con algunas medidas para garantizar que los mercados energéticos gozan de cierta estabilidad. Además del mencionado tope de 180 euros vigente en Europa, el 1 de enero entrará en vigor la última reforma del Gobierno, el Real Decreto por el que se modifica la metodología de cálculo del Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), es decir, el mercado regulado.

Esta medida, que afectará a más de 9 millones de consumidores domésticos, incorpora al sistema de fijación de precios diarios los contratos de mercados a futuro. De esta forma, los altibajos coyunturales del sector energético no serían tan abruptos y contarían con algo de amortiguación. La incorporación de los contratos a plazo en los precios finales será de manera gradual. En 2024 estos representarán el 25% del precio, en 2025 el porcentaje subirá hasta el 40% y en 2026, finalmente, se alcanzará el 55%.

Si bien, cabe esperar que esta reforma dé cierto equilibrio a los precios de los mercados mayoristas, todavía está por ver cómo afectará la subida del IVA anunciada esta semana por el Gobierno. Este impuesto pasará del 5% actual al 10% durante todo 2024, aunque antes de la crisis este se ubicaba en el 21%. También aumentará el Impuesto Especial de la Electricidad, que pasará del 0,5% al 2,5% durante los primeros tres meses del año, y al 3,8% durante el segundo trimestre.