MADRID.- Bankia ha recibido hasta la fecha 2.424 demandas civiles por valor de 70 millones de euros por parte de inversores minoristas que participaron en la oferta pública de venta (OPS) de julio de 2011. 

Así lo ha señalado este martes el subgobernador del Banco de España y presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Fernando Restoy, en su comparecencia en el Congreso de los Diputados, quien ha añadido que hasta la fecha, se han dictado 236 sentencias, el 85 % de ellas contrarias a la entidad nacionalizada.

Restoy, ha asegurado que en los últimos meses han aumentado las demandas de minoristas y que, hasta el momento, no se han recibido reclamaciones por parte de los inversores institucionales que acudieron a la operación.

Bankia estima en un total de 780 millones la cantidad que podría tener que devolver en las demandas por la OPS

Con todo, la entidad calcula que la cantidad total que podría tener que devolver ascendería a 780 millones de euros, que están provisionados. El presidente del FROB ha considerado "equilibrado" el acuerdo entre la matriz de Bankia, BFA, y la propia entidad para repartir las devoluciones derivadas de las demandas civiles, que asciende al 40% en el caso de Bakia (un máximo de 312 millones) y al 60% en el de BFA, es decir, 468 millones.

Fernando Restoy ha informado además que los procesos de arbitraje han permitido que más de 300.000 clientes con preferentes de entidades financieras participadas por el FROB hayan obtenido o vayan a obtener próximamente una compensación equivalente al valor nominal de su inversión. Esta cifra supone un 57% de los inversores minoristas que tenían acceso a los arbitrajes y el 72% de los que lo han solicitado.

Restoy se refería a la comercialización de preferentes y otros productos por parte de BFA-Bankia y Catalunya Banc, una vez finalizado el proceso arbitral correspondiente a Nova Galicia Banco.

Restoy asegura que más de 14.000 depositantes de Banco Madrid podrán recuperar todo su dinero, mientras que unos 500 sólo recibirán los 100.000 euros de tope legal

Restoy también ha manifestado  que confía en que todos los depositantes del intervenido Banco de Madrid recuperen la integridad de sus ahorros con fondos de la entidad. "Más de 14.000 depositantes de la entidad podrán recuperar pronto la totalidad de su inversión, mientras que unos 500 se verán afectados temporalmente al superar sus depósitos el volumen máximo garantizado", ha dicho. La hucha de los bancos, el Fondo de Garantía de Depósitos, sólo garantiza los depósitos por hasta 100.000 euros.

La pequeña entidad se encuentra en proceso concursal después de que el Banco de España decidiese intervenirla una vez que las autoridades andorranas hicieron lo propio con la matriz, Banca Privada de Andorra (BPA) tras una denuncia del Tesoro estadounidense sobre presuntas actividades de blanqueo de capitales a través de la entidad. Al margen del proceso concursal, tanto Hacienda como Anticorrupción investigan posibles infracciones en Banco de Madrid en materia de supuestas actividades de blanqueo o evasión fiscal.

Restoy ha explicado que tras conocerse la acusación de la autoridad de blanqueo estadounidense a BPA, la salida de fondos en Banco de Madrid alcanzó en tres días los 124 millones de euros, más del 20% del total de los depósitos, lo que impedía la operativa de la entidad por falta de liquidez y forzó la intervención.

De otro lado, el FROB  ha remitido a la Fiscalía un expediente sobre la extinción de contratos de alta dirección en Catalunya Banc (CX) entre los años 2008 y 2009, según ha informado  Fernando Restoy. Este expediente incluye presuntas actividades irregularidades en las indemnizaciones por cese de contrato en la entidad, que recibió unos 12.000 millones de euros de rescate público, y se suma a otros que el FROB ha enviado a la Fiscalía para la investigación de las posibles responsabilidades de anteriores gestores de algunas entidades financieras y de cualquier conducta irregular detectada.

Según Restoy, el FROB se encuentra actualmente personado en 20 causas penales, la mayor parte derivadas de sus propias actuaciones para la detección de prácticas irregulares y de los 90 análisis forenses que se encargó a diversos servicios externos especializados, en relación sobre todo con operaciones inmobiliarias y prácticas retributivas.