Las previsiones económicas, tanto las oficiales como las de los diferentes organismos, vislumbran un otoño incierto con un enfriamiento del crecimiento a consecuencia de factores de riesgo como el debilitamiento de la demanda interna, la inflación, el incremento de los tipos de interés, la evolución de la guerra en Ucrania o el impacto de las condiciones climáticas en las cosechas agrícolas. Todos estos factores son los que recoge la 'Memoria socioeconómica y laboral de Catalunya 2022', elaborada por el Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (Ctesc). En su análisis, el organismo advierte de un empeoramiento de las condiciones de acceso a la vivienda, ya que los precios de compra crecen, el mercado de alquiler se contrae y sube la renta media de los nuevos contratos. De hecho, el estudio concluye que la vivienda social sólo representa el 1,2% del total.

A esta preocupación de carácter social, se le suma la inquietud por la situación financiera frágil de las pequeñas y medianas empresas catalanas. Por eso, en su informe, insta a favorecer el acceso prioritario de éstas a los procesos de contratación pública. Así, en el capítulo de recomendaciones, el Ctesc propone facilitar la presencia de "las empresas que cumplan requisitos éticos, sociales y medioambientales, dándoles más peso en las licitaciones públicas y reduciendo la importancia del precio como criterio de adjudicación siempre y que garanticen la calidad del bien o servicio a proporcionar". En la misma línea y con el objetivo de impulsar las acciones de la Economía Social y Solidaria (ESS), también se plantea "aumentar el apoyo y la financiación pública de los centros especiales de trabajo y las empresas de inserción que dependan de ellos total o parcialmente".

Una posible vía para activar estas acciones es la contratación pública municipal, la más numerosa en Catalunya, puesto que supone el 60% de las adjudicaciones. En este sentido, el consultor en financiación y compra pública y socio de Facto Cooperativa, Marc Vilanova, defiende las propuestas de la Xarxa d'Economia Solidària (XES) y la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC), que apuestan por la contratación pública responsable. En un artículo en Jornal.cat, un diario especializado de la economía social, Vilanova aboga por "implementar estrategias en línea con la ley de contratos del sector público para favorecer a la ESS".

El peso de las entidades locales

Los datos que aporta Vilanova indican que Catalunya destaca por su naturaleza municipalista, reflejada en la contratación pública promovida por las administraciones locales. Durante 2022, el 60% de las adjudicaciones y formalizaciones de contratos fueron realizadas por entidades locales. En la esfera estatal, el conjunto de administraciones catalanas aportan el 19% de las pujas impulsadas por entidades locales.

En el artículo, se incide en la necesidad de fortalecer el papel de las administraciones locales en la contratación pública y cómo, mediante una apuesta política, se puede desarrollar un sistema de contratación que no sólo promueva sino que impulse la responsabilidad social. Fruto de esa reivindicación, varios actores del sector reclamaron medidas dirigidas a los partidos políticos para fomentar la economía social y solidaria (ESS). El documento aborda herramientas como la contratación pública responsable y la concertación público-social.

Vilanova añade que las propuestas de las entidades de la economía social ponen el foco en el despliegue de estrategias en consonancia con el marco normativo actual. La ley de contratos del sector público (LSCP 9/2017), en línea con las directrices europeas, estipula la necesidad de que los órganos de contratación faciliten el acceso a la contratación pública para las pymes y la ESS, así como la incorporación transversal y preceptiva de criterios sociales y medioambientales en los procedimientos de contratación, priorizando la mejor relación calidad-precio o coste-eficiencia como principio rector para seleccionar las ofertas y buscar proveedores. A pesar de estos criterios definidos, a menudo las actuaciones políticas favorecen a las grandes empresas y a las concentraciones oligopolísticas de la oferta.

La Compra Pública Responsable

En Catalunya, la contratación pública representa el 30% del gasto público. Aprovechando este viento favorable, desde Facto Cooperativa, de la que es socio Marc Vilanova, se destaca la importancia de que las administraciones locales apuesten firmemente por continuar desplegando estrategias de Compra Pública Responsable. Además, introduce otra figura como la reserva de contratos, que permite a los ayuntamientos y al resto de entidades locales un mecanismo para garantizar que las iniciativas de la economía social y de los Centros Especiales de Trabajo (CET) puedan optar a las licitaciones de contratos públicos.

La Xarxa d'Economia Solidària (XES) i la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC) elevaron 10 propuestas dirigidas a los partidos políticos coincidiendo con las elecciones municipales. En este listado, la sexta hacía referencia a la compra pública responsable y a la concertación. Entre las exigencias, se encontraban impulsar la compra pública socialmente responsable que priorice a las empresas cooperativas, apostar por la concertación público-social entre la administración local y las cooperativas de iniciativa social o sin ánimo de lucro e impulsar la municipalización de servicios públicos y ceder su gestión a cooperativas, como por ejemplo, el suministro de agua.

A pesar de la relativa buena salud de la contratación pública municipal en Catalunya, con más de la mitad de las adjudicaciones, el contexto de incertidumbre económica debería utilizarse para dar un impulso político a determinadas fórmulas como la reserva de contratos o la Compra Pública Responsable para favorecer y facilitar el posicionamiento de las pymes y las empresas de la economía social y solidaria.