La firma de consultoría PricewaterhouseCoopers (PwC) ha sido la última voz que se ha sumado a la reivindicación, cada vez más coral y global, de que los paraísos fiscales, centros off-shore, jurisdicciones de baja tributación o enclaves con imposición dañina -que de todas y cada una de estas formas se conocen, por las peculiaridades y el grado de permisividad de sus ordenamientos jurídicos hacia la atracción de capitales de empresas y grandes patrimonios personales por su laxitud tributaria- deberían tener los días contados. Sin embargo, que este deseo, loable, salga del limbo de las utopías y se convierta en realidad, depende de un ejercicio excepcional. De que las potencias industrializadas y los grandes mercados emergentes, los socios del G-20, se pongan a gobernar la globalización. La tarea por la que, en la crisis de 2008, este foro sucedió al G-7 en la tarea de aplicar racionalidad económica a los mercados.

Un año después, estuvo a punto de lograrlo. Pero desde aquella reunión primaveral, en Londres, en la que se anunció a bombo y platillo una lista negra de 45 paraísos fiscales, elaborada desde la OCDE que, a su vez, impondría una exigente metodología de obligado cumplimiento entre sus países signatarios para convertir en habitual el intercambio de información impositivas entre las haciendas nacionales, poco o nada se ha conseguido. Los centros off-shore siguen atesorando las fugas de capitales -hasta 32 billones de dólares de patrimonio financiero privado, según cifras del Índice de Secreto Financiero 2015 de Tax Justice, la suma de los tres mayores PIB mundiales (EEUU, China y Japón); exhibiendo las rentas per cápita más altas del planeta -Liechtenstein, Mónaco, Luxemburgo, Bermudas, Suiza y Macao lideran la clasificación de Naciones Unidas-, y sin mostrar la más mínima sonroja ante casos como los Paradise, ahora, o los Panama Papers, de hace año y medio.

Contrato fiscal de las empresas

Los expertos de PwC creen que el uso de paraísos fiscales para eludir las obligaciones tributarias será pronto “inaceptable”, aseguran en un reciente informe, y que las compañías y patrimonios familiares o individuales se avendrán a los estándares de transparencias en aras de no perjudicar su imagen de marca, las firmas, y su reputación y futuro profesional, las personas físicas. En su opinión, hay una creciente demanda social para que las empresas paguen lo que les corresponde y asuman su fair play tributario. Es decir, acepten su cuota de responsabilidad en la recaudación de las arcas de sus tesoros nacionales. De alguna manera, el estudio de PwC se alinea con la tesis de la OCDE. Aunque deja algunas críticas por la falta de resultados efectivos de esta institución. “En una era de desconfianza hacia los servicios financieros, especialmente entre la generación de los millennials”, la fiscalidad ética será un factor determinante para construir un mundo con reglas tributarias “con sello de excelencia” y justicia, explica. En unos días en los que se revelaron datos como los 10 millones de libras que la Reina Isabel de Inglaterra tiene invertidos en paraísos fiscales o las conexiones entre firmas energéticas vinculadas a insignes jerarcas y responsables políticos de los establishment estadounidense y ruso (los yernos de Trump y Putin) como Wilbur Rose, secretario de Comercio americano y magnate del petróleo.

Los sistemas impositivos de todo el mundo están en quiebra, “rotos” y la única vía para atender las peticiones civiles de cambio son las normas de la OCDE -las denominadas Common Reporting Standard (CRS)- de intercambios de datos de activos y rentas de residentes. La herramienta “más efectiva para instaurar la responsabilidad fiscal a través de instituciones financieras”. La opinión pública de cada país “será capaz de juzgar si las compañías están cumpliendo con su contrato social” en un contexto “de ambiente emocional hacia unos cambios” basados en el rigor y la ley, que surgen como réplicas al “sentimiento de corte populista”. En este esperado viraje, “las reglas fiscales serán un componente trascendental del riesgo de negocios” de las empresas, advierten en PwC, y el nuevo boom tecnológico de la era digital, “el utensilio para ver esa transparencia”.

El diagnóstico de PwC no habla, conscientemente, de sanciones. Aunque la OCDE se reservó ese derecho por designación de los líderes del G-20 y cada vez más testimonios de economistas y expertos instan a aplicarlas como única arma disuasiva.

Francia y Europa frente al mundo anglosajón

En este contexto ha emergido, una vez más, la nota discordante de Francia. Está en su ADN. Quizás forme parte de su gen chovinista. Si bien, París nunca ha sido capaz de brindar de éxito. Lionel Jospin se partió el cobre por un gobierno económico del euro; Nicolas Sarkozy proclamó “la reconstrucción del capitalismo”, con leyes universales que regulasen la globalización y, más tarde François Hollande y ahora Enmanuelle Macron al sacar del baúl de los recuerdos la cruzada contra los paraísos fiscales. Primero, con su reciente propuesta de gravar los beneficios reales de las multinacionales, sobre todo las tecnológicas, en suelo europeo. Al margen de las ventajas tributarias de socios de la UE y enclaves off-shore. Y, con posterioridad, con la idea de su titular de Finanzas, Bruno La Maire, de que Europa elabore su propia lista negra en diciembre.

Todo un correctivo para la OCDE, cuya clasificación ha ganado en ambigüedad, en función de los supuestos avances en la facilitación de datos fiscales y de su grado de trascendencia, al tiempo que reducía el número de enclaves dañinos. Por ejemplo, el de Andorra, Liechtenstein y Mónaco, apenas dos meses después de la citada cumbre londinense del G-20 por, supuestamente, haber aceptado cooperar con el intercambio de información tributaria de sus normas CRS. Cuando los tres territorios han salido a relucir desde entonces en casos de lavado de dinero y evasiones impositivas.

La reacción francesa ha encontrado, además, el respaldo inicial de la mayor parte del Eurogrupo y del Ecofin. A pesar de las tradicionales reticencias, más o menos veladas, de Irlanda, Holanda o Luxemburgo, señalados como territorios de baja tributación. “Hubo un fuerte apoyo a la idea de moverse rápido” en esta dirección, enfatizó el ministro estonio, Toomas Tõniste, que ejerce la presidencia rotatoria de la UE en la última cita de este foro. Antes de admitir que el acuerdo es “incierto”, porque se habló de “imponer sanciones” a los países que fomentan estas prácticas, “a menudo, ilegales”, que favorecen, como se ha comprobado en los Paradise Papers, a ricos y famosos. En este encuentro, Luxemburgo y Malta capitalizaron las críticas.

Martin Hearson, investigador de la London School of Economics, cree que la OCDE ha perdido la oportunidad histórica de erigirse en el brazo armado de esta lucha y de ganar prestigio con esta lacra de la globalización. “Es como si activase las sanciones hacia los paraísos contraviniera los principios de soberanías fiscal”, afirma. Cuando “lo que está realmente en juego es el combate contra el cáncer de la corrupción en el corazón del sistema financiero global”. Los paraísos y los centros off shore “no necesitan ser reformados, sino que lo que se exige es su extinción”. Porque trusts, empresas y entramados societarios con estructuras complejas y opacas acuden a estos lugares a la sombra de la legalidad y la transparencia para lavar dinero sin cuentas bancarias y sin registros de propiedad abiertos y públicos que, además, eluden la acción de la justicia.

Pero el renovado órdago fiscal de París tiene también sus detractores. En esencia, los defensores del neoliberalismo sin control de los mercados. El que propició la crisis financiera de 2008. O, dicho con otras palabras, los acólitos del viejo capitalismo. Del perfecto equilibrio entre oferta y demanda. Aquellos que proclaman que existe una mano invisible que mece los mercados y a los que esta idea no les parece un pensamiento utópico.

A este lado de la balanza, surge el eje anglosajón, recién engrasado, con la Administración Trump y el Gobierno tory de Theresa May, que reavivan el tótem conservador de Reagan y Thatcher en favor de aplicar permisividad, sin apenas supervisión, a los mercados. El combustible que desean obtener los próceres de la teoría de la optimización de impuestos y del principio de soberanía fiscal como justificantes filosóficos de los territorios off-shore.

El presidente de Francia Emmanuel Macron./REUTERS

La postura de EEUU y Reino Unido

Tanto Washington como Londres han aireado ya esos desaires. EEUU es el único gran centro de las finanzas globales que no se ha adherido a las normas de transparencia fiscal de la OCDE. Por temor a multas a sus bancos, reconocen los análisis de mercado. Donald Trump hizo caso omiso en la última cita del G-20 a una carta europea (firmada por los presidentes de la Comisión y del Consejo) para avanzar en las prioridades de Tax Justice Network, lobby que persigue acabar con los paraísos fiscales, para acordar medidas para perseguir las elusiones y evasiones impositivas y el final del anonimato de compañías, trusts y fundaciones.

En defensa de la transparencia y de la buena gobernanza global. Y fórmulas de castigo hacia unos abusos impositivos que fomentan los flujos de corrupción y, en numerosas ocasiones, promueven la financiación del terrorismo internacional. La negativa de Washington también dejó traslucir su oposición a las listas negras de paraísos fiscales.

En un país en el que la mega-rebaja fiscal de renta y sociedades que prepara la actual Administración republicana se ha topado con el rechazo de 400 millonarios -entre otros, George Soros y Steven Rockefeller- a la que consideran “absurda” y contraria a la “fortaleza de la economía y a la calidad de los empleos”. En línea con análisis económicos que advierten que su entrada en vigor, lejos de favorecer a las clases medias, sólo beneficia al 5% más rico del país. La renuncia a esta guerra fiscal por parte de EEUU es toda una afrenta. Porque la propia OCDE cifra las fugas de beneficios empresariales de las arcas de los Tesoros o Haciendas nacionales en 240.000 millones de dólares anuales: el 10% de lo que se recauda por Sociedades. Mientras que las 500 mayores corporaciones de EEUU mantienen más de 2 billones de dólares (equivalente al PIB italiano) en centros off-shore, el doble que en la década de los ochenta.

Desde Londres, en pleno pulso por el Brexit con la UE, el Ejecutivo tory se muestra escéptico con las listas negras y las sanciones. Incluso se niega a designar como paraísos fiscales a territorios que -dice- son enclaves de baja tributación, en referencia a enclaves de ultramar que están bajo su jurisdicción, como las islas del Canal de la Mancha, y no comparten la intención europea de exigir cambios en los códigos fiscales de 53 centros off-shore. Y mucho menos las sugerencias de París de que los centros off-shore no tengan acceso a la ayuda multilateral, ni del FMI ni del Banco Mundial.

Un reciente estudio, suscrito por tres economistas – Annette Alstadsaeter, Niels Johannesen y Gabril Zucman-, realizado a partir de estadísticas financieras del Banco Internacional de Pagos (BIS) precisan que patrimonios de origen ruso tienen en paraísos fiscales cantidades superiores al 50% del PIB del país, rango que escala hasta el 60% y el 70% cuando se trata de capitales de personas físicas o jurídicas venezolanas, saudíes o de los Emiratos Árabes Unidos. Reino Unido y las naciones europeas mantienen alrededor del 15% de sus PIB, con porcentajes testimoniales en el caso de los países escandinavos.

Flujos españoles en ebullición

La Hacienda española también debería mostrar signos de preocupación. Sobre todo, después de la amnistía fiscal, inconstitucional, decretada en la anterior legislatura, y de los casos que han salido a la luz en los papeles de Panamá y del Paraíso. Pero también porque el flujo de inversión español a centros off-shore se cuadriplicó el pasado año, según alerta Oxfam Intermón. Hasta representar casi la cuarta parte (el 23%) del total del tráfico de capitales hacia el exterior.

Aunque los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) conceden credibilidad a estos intentos de viraje en el escenario internacional. Aseguran que los casos recientes de evasiones tributarias “sólo son pasos, pero con efectos limitados”. Las filtraciones servirán para “impulsar políticas de ámbito supranacional”, que no serán suficientes, en el orden nacional, “sin una evaluación oficial de la economía sumergida y del fraude fiscal” español. En un comunicado oficial, Gestha muestra su rechazo al “optimismo” de la OCDE y a su declaración de que los territorios off-shore dejarán de existir en apenas unos años al contar con acuerdos para intercambiar información tributaria. Entre otras razones, porque sus normas “no garantizan el intercambio efectivo de información”, ya que las peticiones de datos “están prohibidas” expresamente en sus ordenamientos jurídicos.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en su escaño del Congreso de los Diputados. EFE/Chema Moya

Los grandes paraísos fiscales

Pero, ¿a qué jurisdicciones fiscales dirigen mayoritariamente sus beneficios las 366 compañías de la lista Fortune 500 de las más grandes del planeta que, a juicio del Institute on Taxation and Economic Policy, usan estas prácticas de dudosa legalidad? En su clasificación de este año, por orden de mayor a menor importancia, hacia Bermudas, Holanda, Luxemburgo, Islas Caimán, Singapur, Islas del Canal, Isla de Man, Irlanda, Mauricio, Mónaco, Suiza y Bahamas. Aunque en Tax Justice Network se decantan por un sorprendente decálogo de centros off-shore: la City de Londres; Delaware (EEUU); Hong-Kong (China); Isla Mauricio; Bélgica; Nevada (EEUU); Dublín (Irlanda); Ghana; Austria y Singapur.

Aunque el consenso histórico habla de otros diez, con datos espectaculares: Luxemburgo, cuya acumulación estimada de capitales extranjeros supera los 2,7 billones de euros bajo registro de identidad con secreto bancario, además de 1,2 billones más de dudosa identificación; las Islas Caimán, que contiene el 6% del total de activos bancarios del mundo; Isla de Man, a la que Reino Unido no cataloga como paraíso fiscal porque no tiene registros de corporaciones, sino que tan sólo deja constancias registrales de ganancias de capital e impuestos por herencia; Jersey, con más de 3,8 billones de euros de activos por kilómetro cuadrado de su territorio; Irlanda, donde Apple declaró 44.000 millones de euros en impuestos el pasado año; Mauricio, famoso territorio por sus créditos impositivos para empresas extranjeras; Bermudas, a donde Google destina más de 35.000 millones de euros en reservas; Mónaco, popular domicilio fiscal de súper-ricos de todo el mundo, aunque especialmente europeos, donde adquirir un inmueble de 70 metros cuadrados supera el millón de euros; Suiza, residencia con secreto bancario, supuestamente, hasta este año, y Bahamas, al que el centro howmuch.net ostenta la mayor renta per cápita del mundo, con 91.974 dólares, por delante de Qatar (60.796), Caimán (54.827), Kuwait (30.147) y Emiratos Árabes Unidos (25.773) de entre los territorios con un gravamen cero en el impuesto sobre la renta.