La empresa de ingeniería y energías renovables Abengoa comunicó que la sociedad Abengoa Abenewco 1 SAU (a la que traspasó los activos y las actividades más valiosos de la matriz) ha recibido una oferta en firme del fondo de capital riesgo TerraMar, que ha puesto una serie de condiciones entre las que se encuentren la participación del Estado en el rescate, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), por un importe de 249 millones de euros.

En un comunicado difundido el lunes a través de la CNMV, Abengoa dijo que la propuesta final de TerraMar, que ya había presentado una oferta provisional, está sometida a determinadas condiciones y a la autorización de los actuales acreedores financieros de Abenewco 1.

La oferta consistiría en proporcionar financiación en un importe de 200 millones, parte en forma de préstamo (dividido en una línea interina y el resto como préstamo ordinario) y parte como aportación de capital con objeto de alcanzar un porcentaje de participación de control de Abenewco 1. En los términos de la oferta no vinculante se precisaba que TerraMar Capital LLC, una sociedad con sede en Los Ángeles, pretendía controlar el 70% de la empresa y que el plan incluía una ampliación de capital de 50 millones de euros.

Abengoa arrastra desde hace años una situación crítica que se ha agravado con la pandemia de la convid-19. Actualmente la empresa está estancada en un complejo proceso de renegociación de su deuda y su estructura de capital, encontrándose la matriz Abengoa en concurso de acreedores.

Abenewco 1, que posee la mayor parte de los activos y pasivos de su matriz y en la que trabajan la mayoría de sus 13.500 empleados, no forma parte del procedimiento de insolvencia.

La parte más peliaguda para sacar adelante la reestructuración puede ser obtener el salvavidas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), a la que la propia Abengoa ya pidió 249 millones de euros para Abenewco 1 a mediados de marzo.

El importe solicitado por TerraMar es el mismo, y además se condiciona la operación a que las instituciones financieras de relación de la compañía aporten nuevas líneas de avales en un importe hasta 300 millones de euros, en línea con los acuerdos firmados y anunciados en agosto 2020.

Una propuesta de reestructuración para hacer frente a la montaña de deuda de 6.000 millones de euros de Abengoa se desmoronó en febrero después de que la Junta de Andalucía retirara una oferta de financiación de 20 millones de euros como parte de un acuerdo global de 250 millones de euros.

La empresa sevillana se endeudó de manera importante durante la anterior década para financiar una agresiva expansión hacia las energías limpias desde sus tradicionales proyectos de infraestructuras.

Solicitar la reestructuración

El plan anterior de reestructuración cobraría nueva vida de llevarse a cabo la propuesta de TerraMar, que propone que Abenewco 1 suscriba un nuevo acuerdo de reestructuración en línea con el acuerdo firmado y publicado en agosto de 2020.

El acuerdo llevaría a la aplicación de "ciertos cambios y modificaciones a los instrumentos de deuda actualmente vigentes, que implicarían en todo caso capitalizaciones y quitas y realizando las modificaciones oportunas para incluir la ejecución de la operación de inversión por TerraMar".

La implementación del acuerdo de reestructuración y la realización de los desembolsos previstos supondrían, según Abengoa, el cumplimiento de la condición de reestructuración financiera prevista en el acuerdo de proveedores suscrito el pasado mes de julio de 2020 y en consecuencia se produciría la entrada en vigor y ejecución del mismo.

Tras la recepción de la oferta no vinculante de Terramar en marzo, Abengoa había comunicado en abril la presentación de otra oferta similar liderada por inversores mexicanos liderados por Caabsa, un grupo mexicano de infraestructuras de la familia Amodio (que también controla la constructora OHL), y la empresa de gas y petróleo EPI/Ultramar.

A principios de febrero, Abengoa entró voluntariamente en concurso de acreedores después de que los bancos se negaran a ampliar un plazo para negociar un acuerdo de reestructuración.