Abengoa, que durante años fue una de las estrellas más rutilantes del firmamento empresarial español y llegó a ocupar plaza en el Ibex, está de nuevo con el agua al cuello. Sus gestores han lanzado una acuciante petición de ayuda, porque no son capaces de generar los recursos suficientes para hacer frente a las abultadas obligaciones financieras del grupo.

Después de haber vivido dos rescates en el último lustro, más de 14.000 trabajadores vuelven a ver en peligro sus empleos.

Por boca de su presidente, Gonzalo Urquijo, Abengoa ha reconocido esta misma semana que está abocada otra vez a la quiebra, si no se pone urgente remedio.

El negocio va mejor: el beneficio bruto antes de intereses, impuestos depreciaciones y amortizaciones subió nada menos que un 60% el año pasado. Pero eso no bastó para cubrir el pago de los compromisos derivados de la deuda, por lo que el resultado final de 2019 arrojó unas pérdidas de 517 millones de euros.

En la cartera del grupo de infraestructuras, energía y agua con sede en Sevilla siguen entrando proyectos de gran importancia a escala internacional. Durante el último ejercicio se adjudicó, por ejemplo, una de las mayores planta de desalación por ósmosis inversa del mundo, en Taweelah (Emiratos Árabes), y la electrificación de 730 kilómetros de la línea ferroviaria que cruza de este a oeste Lituania.

El problema es que la deuda sigue creciendo y ronda ya los 6.000 millones de euros, porque esos proyectos también hay que financiarlos.

Para poner remedio al desequilibrio patrimonial de Abengoa (388 millones a 31 de diciembre) y reducir sus obligaciones financieras a un nivel asumible, Urquijo ha elaborado un plan con cuatro medidas fundamentales.

En síntesis, se trataría de obtener dinero fresco y avales por importe de 550 millones de euros, una quita de los acreedores, la conversión de parte de la deuda en participaciones de capital y la negoción de mejores condiciones de pago con los proveedores.

La necesidad de este tercer rescate cayó como una bomba en Bolsa, sobre todo porque la capitalización de la deuda exigiría la emisión de nuevas acciones y, en consecuencia, la pérdida de valor de las que ya se encuentran en el mercado. Sólo el miércoles, Abengoa retrocedió un 15% y los títulos cerraron la sesión en 0,005 euros, a años luz de los tres euros que valían antes de que se anunciara el primer rescate en 2015. La pérdida en los últimos cinco años ha sido del 99,83%.

Que el plan de Urquijo salga adelante va a depender mucho de la decisión que tomen sus bancos habituales (Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia y Bankinter), así como de si el ICO acepta incluir al grupo andaluz en el programa de avales lanzado para paliar los efectos económicos de la crisis del coronavirus.

Hay que tener en cuenta que ese programa no es aplicable a las empresas que a 17 de marzo reunieran las condiciones para la solicitud del concurso de acreedores, circunstancia que está por ver que se diera en el caso de Abengoa.

De todas formas, parece claro que el Gobierno tiene mucho que decir y que el dilema es si dejar que caiga un gigante empresarial con un futuro muy oscuro o seguir sosteniéndolo a base de ingentes cantidades de dinero para evitar la brutal pérdida de empleo que su cierre conllevaría. La misma disyuntiva se planteó hace cinco años, cuando afloraron las graves dificultades por las que atravesaba Abengoa, solo que entonces la plantilla superaba los 24.000 trabajadores.

El primer rescate fue solicitado en 2015, después de la salida de los órganos de gobierno de la familia fundadora, los Benjumea, y de la presentación de un preconcurso de acreedores. Para evitar lo que hubiera sido la mayor quiebra de la historia de España, la banca se avino a aplicar una quita del 70% y apoyó un cambio de estrategia de Abengoa, que incluía el abandono de su actividad concesional, la obtención de liquidez mediante la venta de activos y la vuelta al negocio tradicional de ingeniería.

Los esfuerzos del equipo profesional encabezado por José Domínguez Abascal, que sustituyó a Felipe Benjumea en la presidencia, no fueron suficientes y en 2018 hubo que pedir un nuevo rescate, que encontró serias dificultades para salir adelante. El grupo consiguió finalmente 97 millones de euros y otros 140 millones en avales, y en paralelo la banca se puso a buscar nuevos gestores, lo que se tradujo en el nombramiento de Urquijo y en la renovación íntegra del consejo de administración, hoy formado por vocales independientes.

De su habilidad para convencer a las instituciones financieras y al Gobierno de que merece la pena mantener viva Abengoa, aunque sea con respiración asistida, van a depender su subsistencia y los más de 14.000 puestos de trabajo que hay en juego.