'¿Debería afrontar tranquilo Ernesto Valverde (entrenador del Valencia CF) la oferta de renovación que le ha lanzado el club dada su situación?'. Esta pregunta la lanzaba un periodista en rueda de prensa hace un par de semanas, pero su destinatario no era el presidente del equipo che, ni el marco del encuentro con los periodistas, la sala de prensa del club de Mestalla. El destinatario era José Ciscar, vicepresidente del gobierno autonómico valenciano, y el espacio, la rueda de prensa posterior al pleno del Consell que preside el líder del PP valenciano, Alberto Fabra.

El motivo de que el fútbol tomara protagonismo en la misma se debía al pago por parte de la Generalitat de casi 5 millones de euros de la deuda de la sociedad anónima deportiva, cuyo principal accionista de facto es el propio gobierno autonómico. Como ya en su día explicó Público, en 2009 la Generalitat avaló a través del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) un crédito de Bankia a la Fundación Valencia Club de Fútbol para que esta entidad se hiciera con el control accionarial del equipo. Ahora, tres años después, la fundación -que nunca tuvo mecanismos para generar los ingresos suficientes para devolver el préstamo- ha renunciado al pago, traspasando la deuda a las arcas públicas.

Así, la Generalitat ya ha empezado a cargar la deuda de la sociedad anónima deportiva sobre los valencianos, aunque sin asumir la titularidad de las acciones, que aún permanecen de modo simbólico en manos de la fundación. Sólo así se puede explicar que, tres semanas después, el presidente del Valencia CF y otros altos cargos del club continúen cobrando más que el presidente de la Generalitat (66.297 euros brutos al año), incumpliendo la legislación valenciana sobre salarios de directivos de empresas públicas.

En concreto, el presidente del Valencia, Manuel Llorente cobra anualmente 343.000 euros de la entidad mantenida con dinero público, cuando la ley establece que el sueldo máximo que puede alcanzar un directivo de una empresa pública valenciana es de 55.391 euros anuales. Y Llorente no sería el único que debería bajarse el sueldo. Fuentes del Valencia CF informaron a Público de que al menos dos de sus empleados, el responsable de marketing Damià Vidagany (que cobra alrededor de 150.000 euros al año) y el director de comunicación Jordi Bruixola (con 90.000 euros al año), también deberían rebajarse sustancialmente su sueldo actual.

No obstante, esto por ahora no ha sucedido, dándose la extraña circunstancia de que, mientras los altos cargos de la Generalitat valenciana se han rebajado este año su sueldo un 1,95% (una proporción equivalente al incumplimiento del déficit previsto para la autonomía en 2012), los de la sociedad anónima deportiva mantenida ahora con el sostén público, permanecen intactos. Del mismo modo, tampoco se han modificado en ningún modo los salarios de los jugadores, aunque en su caso los dos reales decretos de la Generalitat que regulan el sueldo de los directivos, promulgados en 2011 y 2012, no les afectarían.

En la última rueda de prensa posterior al pleno del Consell, el vicepresidente Ciscar aseguró que la Generalitat tratará de presentar 'bastante antes de Fallas' (sin precisar si se refería a la plantà del 15 de marzo, la cremà del 19 o la crida, que se produjo antes de su declaración) su plan para recuperar los 4,8 millones de euros de dinero público entregados a Bankia en lugar de la fundación así como los otros 81 prestados a la misma; una posibilidad para la que el ex presidente de la fundación VCF, Társilo Piles, dijo el pasado mes de enero no encontrar ninguna vía ni posible ni viable. Inmediatamente después, Piles anunció su dimisión.

En varias situaciones precedentes de pagos y adelantos de dinero público para competiciones deportivas realizados por la Generalitat, como la construcción del circuito urbano de Fórmula 1 o el canon anual para la celebración de la misma competición, los valencianos no recuperaron el dinero invertido pese a las promesas de 'coste cero'.