Seis clubes de Primera división Sevilla, Villarreal, Athletic, Zaragoza, Espanyol y Real Sociedad, unos llevando la iniciativa y otros por simple adhesión impugnaron este miércoles ante el Juzgado de Primera Instancia de Madrid la Asamblea de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) celebrada el pasado 11 de febrero, en la que se acordó no disputar la trigésima jornada liguera, correspondiente al primer fin de semana de abril. Esta medida de fuerza fue ratificada en la reunión celebrada el martes pasado por los 20 clubes de Primera. En contra se posicionaron los seis demandantes y el Málaga, que había delegado en el Villarreal. Estos siete clubes consideran que el parón es una medida desproporcionada, inoportuna, contraria a los intereses de los clubes, de la competición y de los aficionados y, además, contraria a la ley.

Además de pedir que suspenda cautelarmente la decisión adoptada en la asamblea del 11 de febrero tras una votación, en la citada impugnación también se solicita al juez que ordene la celebración normal de la jornada de Liga, tal y como estaba prevista.

Del Nido aseguró el miércoles: 'Si la LFP nos permite competir, lo haremos, nosotros tenemos un partido dentro de diez días contra el Zaragoza y ambos queremos jugarlo'. 'Vamos a pedir horario y árbitro. Soy contrario a una huelga en una Liga tercemundista', añadió el presidente del Sevilla.

Por su parte, y antes de que se conociera la impugnación, el secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky, realizó 'una llamada a la sensatez' ante la intención de la LFP de parar la competición el primer fin de semana de abril y aseguró estar 'dispuesto a hablar' y tener 'la mano tendida'. Desde el CSD se declaran incompetentes para poder cambiar la ley que obliga a ofrecer partidos en abierto.

'Hemos estado sentados con la Liga y hemos tenido en cuenta muchas cosas', dijo Lissavetzky. 'Los principales perjudicados son los ciudadanos y los futbolistas, ya que se alargará la competición alrededor de 20 días. Espero que impere el sentido común', añadió. 'Hace un año se votó la Ley Audiovisual y ningún grupo presentó enmiendas para suprimir los partidos en abierto. No es una huelga, es un cierre empresarial. Los clubes pasan por una situación complicada, deben 694 millones de Hacienda, y todavía falta por saber los datos de la Seguridad Social. La situación no es buena, y ese es un aspecto a tener en cuenta', concluyó Lissavetzky.