La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha sido condenada a pagar una indemnización de 2.125.369 euros a la productora Mediapro por los daños y perjuicios causados tras cometer un abuso de posición de dominio en el concurso que la propia RFEF convocó en mayo de 2019 para adjudicar el Servicio de Vídeo Asistencia al Arbitraje (VAR) y que terminó con la exclusión de Mediapro. El Juzgado Mercantil nº 3 de Madrid ha determinado que las bases del concurso incluían cláusulas irregulares que beneficiaban directamente a uno de los dos ofertantes, una maniobra prohibida por el artículo 2 de la Ley de Defensa de la Competencia y por el artículo 102 del Tratado Fundacional de la Unión Europea, informa Mediapro en una nota de prensa. 

"La sentencia ha confirmado que las bases del concurso del VAR convocado por la RFEF en 2019 se basaban en criterios subjetivos que adjudicaban el contrato a dedo y que impedían el desarrollo de un proceso competitivo", se puede leer en dicho comunicado.

La nota de prensa también explica que los pliegos del concurso suponían una falta de transparencia y fueron diseñados para que el contrato se adjudicara a un operador concreto, puntuando con un mayor porcentaje el número de competiciones en las que se había prestado el servicio de VAR y siendo irrelevante la oferta económica y la calidad técnica.

Mediapro asegura que su oferta era la más ventajosa y suponía un ahorro de casi un millón de euros en comparación con la oferta ganadora. Mediapro ya había prestado los servicios de VAR durante toda la temporada 2018-19 de La Liga Santander y de la Copa del Rey, sin ningún incidente técnico y con plena satisfacción de sus gestores, según reconoció en su momento Carlos Velasco Carballo, expresidente del Comité Técnico de Árbitros, en rueda de prensa el 22 de mayo de 2019.

Actualmente, Mediapro está prestando servicios de VAR en 17 competiciones en todo el mundo con el agrado de las correspondientes ligas y federaciones.

Cúmulo de demandas

No es la primera vez que la RFEF es condenada por sus actuaciones respecto a Mediapro. "En los últimos meses la RFEF ha acumulado una serie de sentencias y multas que ponen en entredicho la gestión realizada desde sus órganos directivos", afirma Mediapro, que recuerda que en enero de 2022 la RFEF fue condenada por abuso de posición de dominio tras excluir a Mediapro de la adjudicación de los derechos nacionales de la Copa del Rey para el ciclo 2019-2022. La RFEF tendrá pagar a Mediapro por los daños y perjuicios causados, que aún no han sido cuantificados pero que son también millonarios.

Mediapro también recuerda que la Agencia de Protección de Datos también ha sancionado a la Federación con 200.000 euros por revelar datos de una reunión mantenida con LaLiga y la Asociación de Futbolistas Españoles. La RFEF filtró parte de los audios de la reunión a medios de comunicación sin el consentimiento de los asistentes. 

El último escollo judicial que Luis Rubiales ha intentado superar este 2022 es una citación para declarar ante un juez suizo a raíz de las denuncias interpuestas por LaLiga y Mediapro por difamación por unas afirmaciones efectuadas en una reunión de la UEFA. También en esta ocasión se conoció el contenido de la reunión, y por tanto de la presunta difamación, por la filtración a la prensa del audio. El presidente de la RFEF estaba citado a declarar en Suiza el pasado 23 de febrero, pero la declaración se aplazó, a petición de los abogados de Luis Rubiales, hasta el 12 de abril.

"Este cúmulo de sentencias y multas a los que la Federación debe hacer frente restan recursos económicos a otro tipo de actividades, como el fútbol femenino o el fútbol base, que forman parte de la razón de ser de la RFEF", concluye Mediapro.