La Copa América, junto con el circuito de Fórmula 1 y la visita del Papa, fue uno de los acontecimientos estrella de Rita Barberá, en su estrategia de "poner València en el mapa". La ciudad fue la sede de la competición de vela más importante del mundo en dos ocasiones –2007 y 2010- y tenía que suponer un revulsivo para su economía sin "ningún coste para el erario público".

La realidad es que a finales del año pasado, el Ayuntamiento pagaba seis millones de euros de la deuda acumulada en aquella aventura y todavía quedan seis millones más a abonar el 2022 para liquidar definitivamente una factura que, en total, subió hasta los 370 millones. Es por eso que tanto Ayuntamiento como Generalitat se hayan resistido a embarcarse en una nueva aventura que suponga generar más endeudamiento.

Aunque los promotores de la sede valenciana para la Copa América –una alianza de diferentes empresas agrupadas bajo el nombre de All Spain y el Club Náutico de València- nunca hablaron de costes, sino de beneficios, la cruda realidad es que se necesitaban, solo para empezar, unos 80 millones de euros –30 de los cuales correspondientes al canon y otros 50 a los gastos de organización e inversiones necesarias. Un dinero que, a pesar de la promesa de inversores privados interesados en el negocio, se esperaba que proviniesen de las arcas públicas.

Desde alcaldía se asegura a Público que "nunca nos opusimos a que la Copa América viniera en València y, de hecho, el alcalde [Joan Ribó] firmó una carta de apoyo a la candidatura donde se comprometía a poner a disposición del evento toda la infraestructura que necesitaran".

Eso sí, estas mismas fuentes ponen una sola condición: "la Copa América no puede generar más deuda pública". La posición de la Generalitat era similar. Fuentes de Presidencia –que es quien ha gestionado las negociaciones- confirmaron los contactos directos con Grant Dalton, CEO del Team New Zealand, ganador de la anterior regata y, por lo tanto, encargado de decidir la próxima sede. Pero las conversaciones se encallaron ante la exigencia de la financiación pública.

Durante meses, tanto Team New Zealand como All Spain insistieron en la importancia del evento para València, su bajo coste –parte de las infraestructuras ya fueron construidas durante las anteriores ediciones- y sus potenciales beneficios para la ciudad.

Estas promesas iban acompañadas con la "amenaza" de buscar otra sede si València no daba una respuesta inmediata, ya que las candidatas eran muchas. En diversas ocasiones, medios valencianos publicaron que el acuerdo llegaría "de forma inminente" Pero a la hora de la verdad, la decisión se prorrogó una y otra vez, para volver a insistir en unas semanas.

Desde el Ayuntamiento aseguran que el último contacto directo sobre la propuesta fue en noviembre y, "desde entonces no hemos tenido ningún otro contacto". La última y más potente campaña de presiones llegó hace una semana. Entonces se hizo pública una carta dirigida al Ayuntamiento y la Generalitat, y firmada por diferentes asociaciones empresariales, sobre todo dedicadas al turismo, como la Federación de Ocio Turismo y Actividades Recreativas (Fotur), la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunidad Valenciana (Hosbec), Hostelería Valenciana, Confecomerç, la Unión de Empresas Náuticas, Valencia Premium, la Confederación de Taxistas Autónomos o la Asociación de Empresas de la Marina de València.

La misiva pedía "aprovechar la notoriedad y la generación de riqueza a todos los niveles que este evento traerá, no solo a la ciudad, sino a toda la Comunitat Valenciana". De nuevo también urgían a "una respuesta inmediata" ante el peligro que Team New Zealand optara por otra sede. Desde el consistorio asumieron que las presiones eran consecuencia de "no haber encontrado inversores privados", pero que, en ningún caso "habían variado la posición del Ayuntamiento".

Y finalmente, el miércoles 23 de febrero, Team New Zealand tiró la toalla y anunció que descartaba definitivamente València como opción y se concentraba en otras posibilidades como Málaga, Jeddah (Arabia Saudí) y Cork (Irlanda). No hay, en cambio, ninguna ciudad neozelandesa. Los puertos del país austral declinaron la invitación ya hace meses. El balance de la última edición en Auckland (Nueva Zelanda) supuso unas pérdidas de 94 millones de euros y las diferentes autoridades municipales del país habían declinado repetir. Desde la oposición, el PP ha criticado que Ribó "ni ha sabido ni ha querido atraer esta gran oportunidad para la economía de Valencia".