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MADRID.- La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha suspendido de forma cautelar la huelga convocada por los futbolistas españoles para las dos últimas jornadas de la Liga BBVA, tal y como había sido solicitado por los clubes a través de la Liga de Fútbol Profesional (LFP). Así pues se disputará la jornada 37 este domingo 17 en horario unificado a las 19 horas. Y todos los partidos de la última jornada, la 38, se jugarán el sábado 23 de mayo a las 18 horas.
En un auto hecho público este jueves a mediodía, los magistrados basan su decisión en que la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) intenta alterar las condiciones que rigen en su convenio colectivo vigente, lo que está prohibido en el artículo 11.C del Real Decreto-ley 17/1977 sobre relaciones de trabajo. En concreto, dicho artículo considera "ilegal las huelgas, cuyo objeto sea alterar, dentro de su período de vigencia, lo establecido en convenio colectivo".
Además, los magistrados acceden a suspender de forma cautelar la huelga porque "impediría concluir el campeonato de Primera y Segunda División B en las fechas indicadas, lo que provocaría un grave desorden organizativo, cuya resolución es muy difícil de resolver por los compromisos internacionales de España y de los propios clubes, así como por las propias fechas de vacaciones de los futbolistas, sin olvidar que AFE anunció que se reservaba la ampliación de los días de huelga iniciales".
El tribunal concluye que "si no se adoptara la medida solicitada, se producirían situaciones que impedirían o dificultarían gravemente la tutela judicial que pudiera otorgarse caso de una eventual sentencia estimatoria". Esto es, el daño sería de tal magnitud que no se podría reparar en caso de que la LFP gane el pleito ante sus jugadores.
La medida es cautelar y suspende la huelga convocada por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) para las dos próximas jornadas del campeonato en la Liga BBVA. Pero la decisión también afecta a la Segunda División, también organizada por a LFP, y a las categorías nacionales de 2ª B, Tercera y Liga Nacional Juvenil, organizadas por la RFEF.
El derecho de huelga no es ilimitado
En un auto que ha tenido como ponente al presidente de la Sala de lo Social, Ricardo Bodas, los magistrados se centran en la jurisprudencia sobre las limitaciones al derecho de huelga, que es un derecho limitado. "Si el ejercicio del derecho de huelga quedara blindado absolutamente, aunque concurrieran indicios sólidos de ilicitud de la huelga, se lesionaría claramente el derecho a la tutela judicial efectiva" de la Liga de Fútbol Profesional.
"Los derechos fundamentales no son absolutos", esgrime el auto. El magistrado Bodas aprovecha el auto para reclamar una regulación del derecho de huelga que actualmente se rige por el Real Decreto de 1977 que prohíbe convocar una huelga para alterar un convenio colectivo vigente. "El derecho de huelga es como todos un derecho limitado, y también es un derecho que admite y precisa una regulación legal" y corresponde al Parlamento elaborar dicha norma, concluye.
Los motivos por los que la AFE convocó el paro
El pasado 6 de mayo la AFE notificó a la RFEF la decisión de convocar la huelga por estar en desacuerdo con varios puntos del Real Decreto-ley, aprobado en Consejo de Ministros el 30 de abril, que regula la comercialización de los derechos audiovisuales del fútbol profesional en España. El sindicato entiende que hubo una falta total de diálogo social y que fue ninguneada a la hora de consensuar el Real Decreto, norma que considera que "perjudica gravemente los intereses y los derechos de los futbolistas profesionales".
Uno de los motivos expuestos por la AFE para convocar la huelga es la falta de retorno económico directo de los ingresos generados por la venta centralizada de los derechos audiovisuales cuando en otras ligas europeas sí se contempla. También consideraba injusto el reparto que se establecía entre la Liga BBVA y Adelante, cifrado en un 90 y 10% para cada una. La AFE aboga por un "80 y 20 para evitar aumentar la brecha económica" entre ambas categorías.
Otro punto de queja es que en el Real Decreto "se modifica" el artículo 76.3 de la Ley del Deporte, "que otorga un mayor reconocimiento a las decisiones unilaterales de los órganos de la Liga de Fútbol Profesional, basadas en acuerdos privados que no necesitan la aprobación del CSD y que inciden enormemente en las condiciones laborales de los futbolistas". Por último, el sindicato también considera que este Real Decreto provoca la "desaparición" de las garantías salariales para los futbolistas, que sí existen para Hacienda o la Seguridad Social y la "falta de representatividad y reconocimiento" del sindicato por parte del Ejecutivo.
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