Nueve meses después de encenderse la polémica del Diccionario Biográfico Español, todo indica que la cuestión vuelve a la casilla de salida. Ni las críticas apabullantes desde el mundo de la universidad y la cultura, ni una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por apología del genocidio, ni siquiera una resolución del Congreso de los Diputados exigiendo su retirada han sido suficientes para que la Real Academia de la Historia (RAH) rectifique su enconada defensa de una obra que ya se vende a través de su página web sin que se haya anunciado cambio alguno.

Al coro de defensa del diccionario, compuesto básicamente por los académicos (y no todos), se ha unido un invitado de excepción: el ministro de Educación, Cultura y Deportes, José Ignacio Wert. Para él, el escándalo originado la pasada primavera tampoco fue suficiente y ayer se desentendía de la controversia, como si su Ministerio no fuera el responsable de subvencionar la obra con cerca de seis millones de euros. “No hay nada más contradictorio que un intervencionismo estatal sobre la Academia, una censura estatal”, declaró Wert muy de mañana en un foro en el Ritz de Madrid, aunque sus palabras retumbaron durante todo el día.

Wert no ve razón alguna para suspender la subvención a la obra

Sus palabras no son muy diferentes de las que pronunció en mayo pasado su antecesor en el cargo, Ángel Gabilondo, dos días después de que Público destapara que el diccionario albergaba una hagiografía de Franco y otras biografías sin rigor científico. Sin embargo, el clamor social contra la obra obligó a retroceder a Gabilondo, que mostró su desacuerdo con el contenido del diccionario en el Congreso e incluso llegó a reunirse con Gonzalo Anes, presidente de la RAH, para transmitirle la preocupación que había generado.

El Congreso terminó exigiendo en julio la suspensión de las subvenciones a la obra hasta que se modificara y la academia se comprometió a revisarlo y a publicar un informe en octubre. Pero el informe no llegó y el diccionario se puso a la venta la semana pasada. Ignorando la voz del Congreso, Wert señaló ayer que “todas las academias reciben una subvención y no veo razón alguna para que esa política cambie”. Lo dijo, curiosamente, pocos minutos después de declarar su intención de ir reduciendo las subvenciones directas a la cultura en favor del mecenazgo.

Para él, que la obra ignore la represión tras la Guerra Civil en la entrada de Franco, llame dictador a Juan Negrín, esté plagada de textos de inspiración claramente franquista y no cumpla los mínimos requisitos de una investigación científica, tal y como han denunciado importantes historiadores y catedráticos, no es una razón para cambiar nada.

'Artola era escéptico sobre la posibilidad de cambiarlo', reveló una fuente

La tendencia en la polémica del Diccionario Biográfico es precisamente esa: no cambiar nada. Según pudo saber Público la semana pasada, la comisión de revisión no modificará la entrada de Franco, escrita por el historiador franquista Luis Suárez, ni incluirá otras biografías alternativas del dictador. “Hay un absoluto silencio sobre lo que está haciendo la comisión. De lo poco que me ha llegado es que los cambios son del tipo de si hay demasiados militares del Ejército de Tierra y pocos del de Marina”, señaló una fuente de la Academia.

Esa misma fuente, que ocupa un puesto numerario en la RAH, informó a este periódico de los cambios sufridos en la comisión de revisión del diccionario después de que su presidente, Miguel Artola, presentara la dimisión el verano pasado. “Me dio a entender que no había mucho que hacer y decidió renunciar. Artola era escéptico sobre la posibilidad de cambiarlo”, apuntó esta fuente.

'Nadie importante ha querido hacer esa revisión', dice Julián Casanova

La nueva comisión está encabezada por Faustino Menéndez Pidal, que en diciembre declaraba a El Periódico de Aragón que “no se van a cambiar grandes cosas, serán cosas mínimas, como poner alzamiento en minúscula y no en mayúscula y cosas así”. Este periódico intentó contactar ayer, sin éxito, con Menéndez Pidal y el resto de miembros de la comisión, entre los que se encuentra Juan Pablo Fusi.

“No me atrevería a decir por qué Fusi no quiere revisarlo a fondo”, señala el catedrático Julián Casanova. Y añade: “Mi impresión es que nadie importante del mundo académico ha querido hacer esa revisión”. Los trabajos continúan, aunque no hay fecha de presentación de un informe que ya lleva cuatro meses de retraso.