No existe un catálogo oficial sobre el estado de deterioro de los monumentos y edificios de valor cultural en España. La única cifra que se conoce la proporciona cada año desde 2007 la asociación Hispania Nostra. Y se trata de un inventario elaborado a partir de las denuncias particulares de los ciudadanos. La propia entidad sin ánimo de lucro admite que la lista roja no refleja, ni de lejos, el volumen total de bienes en situación de peligro. Pero es un catálogo fiable, bien organizado y orientativo del grado de deterioro que padece nuestro ingente patrimonio histórico.

La lista roja incluye hoy 1.375 monumentos en estado ruinoso o de abandono. Su número fluctúa cada semana, en función de las denuncias ciudadanas. El registro no es inmediato. Los denunciantes rellenan un formulario a través de la web de Hispania Nostra y el comité científico de la asociación estudia detenidamente la propuesta. A continuación, solicita información a la Administración competente, al propietario, a otras instituciones y a sus propios delegados de zona. Y finalmente decide si incorporar o no el elemento histórico propuesto en la lista de bienes en peligro.

Los monumentos están divididos según su naturaleza: arqueológica, civil, industrial, militar, natural y religiosa. Y, a través de un mapa interactivo, se puede ubicar su situación geográfica, la provincia, la comunidad autónoma, y el año de inclusión y retirada de la lista de cada elemento patrimonial. Cuando desaparecen o su estado es ya irreversible pasan a la lista negra. Si su situación mejora ostensiblemente son incluidos en la lista verde. En la primera ya hay contabilizados 18, mientras que en la segunda se cuentan actualmente 224 edificios recuperados.

"Lo que nosotros buscamos es que la gente se movilice en favor del patrimonio histórico que tiene más cerca", asegura Víctor Antona, arqueólogo y coordinador del comité científico de Hispania Nostra. Y, de hecho, el nivel de sensibilidad social se incrementa año a año, según ha detectado en la práctica la organización cultural. "Hay un mayor compromiso ciudadano en la defensa de su patrimonio y, por lo tanto, aumenta el número de elementos que se van incorporando en la lista roja", explica.

El catálogo de monumentos en peligro de Hispania Nostra juega, por lo tanto, un doble papel de concienciación social y denuncia pública. Pese a la abultada cifra de bienes amenazados en toda España, el experto consultado tiene una lectura positiva de la situación del patrimonio histórico de nuestro país.

"En general, yo soy optimista", proclama. Y argumenta su posición en términos comparativos. "Tengo mis años y lógicamente he visto de dónde partimos", razona en relación al cambio experimentado en la cultura conservacionista de España, sobre todo tras la aprobación de la Ley de Patrimonio Histórico de 1985.

Antona es consciente, sin embargo, de lo mucho que queda por hacer. "Estamos ante un patrimonio descomunal. Inmenso. Y allá donde mires es difícil no toparte con un elemento que forma parte del patrimonio cultural". Cuidar todo ese gigantesco tesoro arquitectónico exige un esfuerzo enorme en términos humanos y económicos, que se ha agravado en los últimos años por un factor que Víctor Antona juzga clave: el proceso de despoblación territorial. "Y ahora es el mayor riesgo que hay para el patrimonio", alerta.

En los años sesenta y setenta, el vertiginoso crecimiento urbano arrasó con cientos de cascos históricos que fueron liquidados sin compasión. "Aquel desarrollismo mal entendido y la urgencia modernizadora dieron al traste con miles de elementos patrimoniales y se demolieron multitud de edificios", lamenta el especialista de Hispania Nostra. Ese fenómeno ha podido ser corregido con el paso del tiempo y hoy ya no es una amenaza para los cascos antiguos o lo que queda de ellos. "Pero lo que tenemos ahora es un proceso de vaciamiento en amplias áreas de España y eso va a acabar generando problemas de pérdida o deterioro de patrimonio".

Mari Cruz Santos es vicepresidenta de la Unión de Asociaciones del Patrimonio, que agrupa a una veintena de colectivos de todo el país que trabajan por la defensa y protección del tesoro cultural y artístico. En su opinión, Hispania Nostra está desarrollando una "labor impresionante" a través de la publicación de la lista roja. Aunque es consciente de que el catálogo deja fuera a "muchísimos elementos que en este momento corren peligro". Y valora particularmente el papel esencial de la ciudadanía en la custodia del legado cultural. "El patrimonio depende mucho de la gente que vive alrededor. Si no hay conciencia de su valor, se acaba perdiendo. Esa es la realidad", avisa.

Santos cree que el patrimonio histórico en España goza de una atención desigual dependiendo de su categoría. "Hay una parte que es apreciadísima y no corre peligro. Me refiero a grandes bienes, como la Mezquita de Córdoba, la catedral de Toledo o el Palacio de Ríofrío". Pero hay otro conjunto de bienes que, aunque estén protegidos formalmente, no reciben el cuidado suficiente. "Todo este patrimonio es caro de mantener y corre peligro", lamenta. Parte de todos estos elementos figuran en la lista roja. "No se ponen los medios suficientes y es habitual que acaben convirtiéndose en ruina. Luego se les quita la protección y finalmente desaparecen".

La Unión de Asociaciones del Patrimonio es una red de colectivos que ultima su legalización oficial ante la Administración pública. Santos fue miembro de la junta directiva de SOS Monuments hasta 2022 y ahora forma parte de AHRO, una asociación patrimonialista de Sevilla. A su juicio, el problema no radica en la ausencia de leyes proteccionistas. "La cuestión es que las que hay no se cumplen", declara. Sí está convencida de la importancia clave del asociacionismo y de la capacidad organizativa de la sociedad civil. Esa es la razón por la que la veintena de colectivos de toda España va a confluir en esta nueva federación. "Cuando hay un gran movimiento ciudadano, la Administración toma medidas. Si no, ni siquiera se nos pide opinión".

La catedrática de Historia del Arte Belén Boloqui también cifra el número de monumentos amenazados muy por encima de la lista roja de Hispania Nostra. "Son infinitos. Ni se controla". Los catálogos sobre patrimonio histórico son "escasos" y están "muy mal hechos". Y salvo los grandes monumentos, que disfrutan de una buena protección, miles de bienes se encuentran en riesgo de ruina y desaparición a lo largo y ancho de la Península Ibérica.

Y si no hay inventarios solventes sobre la situación del patrimonio histórico, razona la experta aragonesa, es prácticamente imposible ofrecer una cobertura eficaz. "Cuando no hay conocimiento del patrimonio en riesgo, ¿qué defensa vas a hacer?", se pregunta en conversación telefónica. Boloqui es miembro de la asociación aragonesa Apudepa, muy activa en la defensa del legado cultural de su comunidad autónoma.

También es crítica con la deficiente normativa conservacionista. "La ley aragonesa del patrimonio cultural, por ejemplo, está desfasada. Prácticamente no reconoce el patrimonio etnográfico, ni el industrial, ni el paisajístico", protesta. En cambio, los ayuntamientos disponen de una "buena herramienta" con la declaración de monumentos de interés local, que, en su opinión, se utilizan menos de lo aconsejable.

La lista roja de Hispania Nostra se actualiza constantemente. En el mes de febrero se incorporaron una decena de edificios de carácter industrial, militar, religioso y civil. El último de ellos fue una central eléctrica de Bayarque, en Almería. La ficha ofrece datos de su historia, una breve descripción, su estado de conservación y si está cubierta por algún tipo de protección legal. Muchos son bienes de interés cultural (BIC), pero otros no disponen de reconocimiento patrimonial alguno. El pasado 23 de febrero se registró la Torreta dels Moros, en Castellón, de carácter militar y en pésimo estado de conservación, mientras que el día 20 fue incluido el monasterio Jerónimo de Santa Catalina, ubicado en Talavera de la Reina.

A finales de 2022 había registrados en España más de 40.000 bienes de interés cultural (BIC), de los cuales 17.819 eran inmuebles. "La Administración pública es cada vez más sensible", argumenta Víctor Antona. "Y no solamente por la lista roja, sino porque la filosofía de intervención del patrimonio se ha ido modificando con los años". En la segunda mitad del siglo XX se apostaba por las grandes obras de restauración y hoy día se actúa más como una "lluvia fina" para llegar a un número mayor de elementos patrimoniales.