El historiador cordobés Jesús Padilla ha llevado a cabo un estudio sobre la titularidad de la Mezquita-Catedral de Córdoba, de próxima publicación, en el que concluye que el anterior obispo de Córdoba y ahora arzobispo emérito de Sevilla, Juan José Asenjo, no debió inmatricular el monumento "como propiedad exclusiva de la Iglesia", ya que también es propiedad de la Corona.

Según ha informado el propio historiador al difundir una síntesis de su obra, con la misma, La titularidad de la Mezquita-Catedral de Córdoba. Análisis documental y estudio histórico (siglos XIII-XVIII), que es fruto de dos años y medio de trabajo, ha intentado alejarse "de toda polémica" y ha querido dar a conocer los principales contenidos y conclusiones de su estudio, según el cual "en el siglo XVII, en tiempos de Felipe IV (1621-1665), al proyectarse la construcción de una tercera Capilla Real" en la Mezquita-Catedral, "encontramos documentos explícitos en los que se habla de la propiedad" del monumento, especialmente uno "que la Iglesia publica sesgadamente", y que es "demostración del reconocimiento del monarca del derecho de propiedad que sobre el monumento posee".

Ello "evidencia", a juicio de Padilla, que la Iglesia "no es la única propietaria, pues en dicho documento se expresa que el monarca era propietario de la Capilla Real y que, por lo tanto invalida la inmatriculación realizada por el obispo Juan José Asenjo Pelegrina en la que manifiesta que la Iglesia es la única propietaria del monumento".

Pero hay que retrotraerse a la conquista de la ciudad de Córdoba por Fernando III el Santo en 1236 para entender cómo se ha llegado a la situación actual, ya que, según el estudio de Padilla, "la supuesta donación de la Mezquita-Catedral" por el entonces Rey a la Iglesia Católica, y de la que no hay documento que la acredite, "se produjo en un contexto en el que no existía separación entre Iglesia y Estado, tal como hoy lo entendemos", de modo que "lo que podríamos llamar Estado medieval cristiano no solo lo constituía la Institución de la Corona (el poder civil), sino también la Iglesia (el poder eclesiástico), y que tan público era uno como otro".

Pues bien, aplicando esta "teoría de las 'Dos Espadas' al objeto de estudio, la propiedad de la Mezquita-Catedral de Córdoba", resulta que "ni la Iglesia, ni la Corona, una vez sacralizada la antigua mezquita aljama y convertida en iglesia y posteriormente en catedral, tenían individualmente el señorío del edificio; por el contrario, ambas instituciones compartían responsabilidades sobre el mismo, cada una según su ámbito de competencia".

Es decir, "con su consagración, la Mezquita-Catedral se transformó en un bien que ya no era patrimonio privativo o exclusivo, ni individual ni institucional, de ninguno de los dos actores que venimos mencionado: Corona e Iglesia, aunque ambos conservaron prerrogativas, funciones y competencias complementarias sobre el mismo". De esta forma, "si los clérigos se convirtieron en administradores del templo, los monarcas cristianos mantuvieron, como misión de gobierno, la tutela y la protección del mismo, detentando el patronazgo sobre él y reservándose para sí una parte del templo: la Capilla Real, y que esto era regalía real y, que además, tendrían la jurisdicción suprema sobre el templo".

En cualquier caso, "la creencia de que la Iglesia era "propietaria" del templo aparece tardíamente, es decir, la manifestación de que fue donada por Fernando III nos aparece explícitamente a mediados del siglo XVI, en la oposición del Concejo de la ciudad a la construcción del gran crucero por el obispo Alonso de Manrique en 1523 sin que lo autorizara el monarca", y será un siglo después, en tiempos de Felipe IV (1621-1665), cuando aparezca el documento ya mencionado al inicio, que reconoce el derecho de propiedad del monarca sobre la Mezquita-Catedral, al proyectarse la construcción de una tercera Capilla Real.

Privatización del templo

A pesar de ello, "los obispos en el siglo XVII realizan la 'venta' de espacios que aún quedaban libres" en el interior del monumento "a personas particulares, para entierros y labrar capillas". De hecho, el estudio de Padilla alude especialmente a "la venta de parte del templo al Inca Garcilaso de la Vega, para la construcción de su capilla y entierro".

Esas fueron "ventas puras y duras, no concesiones, que es lo que deberían haberse realizado, por lo que se produce una privatización del espacio sagrado, hechos que pueden ser cuestionados, pues los bienes otorgados por los reyes, según la legislación medieval, no podían enajenarse".

Eso significa, según concluye el estudio del historiador Jesús Padilla, que "la inmatriculación queda invalidada, pues si nos atenemos a esta documentación, que la Iglesia exhibe como validación de su propiedad sobre el edificio, reconocemos que también demuestra que no sería la única propietaria del templo".

En definitiva, "dejando a un lado las propiedades particulares que aún pudieran existir en la Mezquita-Catedral de aquellas ventas (operaciones de enajenación de espacio sagrado que pueden cuestionarse), si la Iglesia toma estos documentos como demostración de que es propietaria de la Mezquita-Catedral, no tiene más remedio que aceptar que la Corona también es propietaria de parte del templo".

Carta al Papa Francisco

Un grupo de teólogos y cristianos de base de España han escrito una carta al Papa Francisco para proponerle que convoque una asamblea nacional conjunta de obispos y seglares, una especie de "sínodo", a principios del año 2022, para arreglar el "escándalo" de las inmatriculaciones e ir al "problema de fondo", que consideran que es la financiación de la Iglesia católica en España.

"En esa carta, además de explicar brevemente lo que está ocurriendo con las inmatriculaciones, y dado que es un problema tan serio, escandaloso y grave, proponemos una asamblea nacional conjunta de obispos y seglares para tratar este problema que, a nuestro modo de ver, tiene relación muy directa con la financiación de la Iglesia en España", ha explicado el teólogo y cofundador de Redes Cristianas, Evaristo Villar, uno de los firmantes de la misiva.

En la carta, adelantada por El País, la Comunidad Santo Tomás de Aquino, las Comunidades Cristianas Populares, Cristianos y Cristianas de Base de Madrid y Redes Cristianas, se dirigen al Papa Francisco "con el debido respeto y cariño hacia su persona" para "confiarle fraternalmente una preocupación y pedirle una palabra de apoyo". "Nos preocupan mucho las noticias que, casi a diario, están apareciendo en la prensa española sobre el fenómeno, típicamente español, de la inmatriculación de bienes histórico-culturales públicos, hecha por la Iglesia católica, al amparo de una Ley franquista que concedía privilegio registral a los obispos católicos y que se continuó durante la democracia hasta abarcar un período de unos 80 años", explican en la misiva.

Según precisan, "se dan cifras verdaderamente escandalosas y albergan edificios e inmuebles tan emblemáticos en la cultura hispana como la Mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla o el Románico Asturiano". En este sentido, añaden que se sienten "hondamente interpelados y preocupados por el descrédito y el rechazo que hechos como estos está provocando la imagen pública de la Iglesia" en España y ante la respuesta "más bien tibia y defensiva que está ofreciendo la jerarquía".

Villar precisa que, con esta carta, quieren expresar la "vergüenza" que sienten al ver que "la Iglesia está embarrada en estas cosas" y que "los obispos más bien se ponen a la defensiva" pues, ante la lista publicada por el Gobierno con 34.961 bienes inmatriculados por la Iglesia, los prelados "prácticamente la han saludado como una amnistía para todas las inmatriculaciones".

El teólogo explica que muchas de estas inmatriculaciones se han realizado "porque dejan dinero", como "la Mezquita de Córdoba", de la que "se habla que se reciben muchos millones de las visitas". Esto ocurre, a su juicio, porque uno de los problemas que tienen los obispos es que "no tienen dinero para atender las necesidades de las diócesis y acuden a estas trampas".

Por todo ello, han reclamado al Papa que "intervenga". "La forma de hacerlo sería ayudar a los obispos a que se pudiera convocar una asamblea de toda la Iglesia para arreglar este problema", ha insistido Villar, añadiendo que "el dinero debería ser lo menos importante en una confesión".

Los firmantes han enviado la carta a través de la Nunciatura española para que la remitan por valija diplomática, y por otro lado, también la han enviado directamente por correo certificado a la residencia Santa Marta.