España no quiere ser la vanguardia del pirateo, ni de la represión. Es la conclusión del nuevo paso del Congreso, con el que llama a corregir la imposición al usuario del canon digital. Los dirigentes han entendido que el crecimiento del imperio de unos pocos gestores de derechos de contenidos no es suficiente razón para hipotecar al resto. Que la facultad de los ciudadanos de realizar copias privadas no puede suponer el perjuicio de los creadores, ni la penalización por inercia del usuario. Que hay que volver a legislar, pero esta vez pensando en el mundo que nos ha tocado vivir, no en el que nos hubiera gustado hacerlo. Y que sí, que el gravamen digital es una forma de represión legal contra el ciudadano.

También han entendido, después de invitar a sus aposentos a los principales afectados, que hay que liberar al usuario del canon, pacificar los conflictos, ampliar la oferta lícita de contenidos, con precios accesibles y una normativa clara. Europa ya comprendió el nuevo paradigma social y tecnológico, pero aquí se insiste en 'tarifas inequitativas y discriminatorias', en 'obstaculizar actitudes de usuarios' y en monopolizar la gestión de los derechos de los autores, como precisó el informe de la Comisión Nacional de Competencia (CNC) hace un mes.

Puede que el paso dado por la subcomisión parlamentaria para la reforma de la Ley de Propiedad Intelecutal (LPI) no sirva para nada y que la política vuelva a ponerse tapones. Sin embargo, es la primera piedra contra el ansia de los intereses económicos a toda costa. Se apunta la necesidad de otras fórmulas que contemplen algo más que el pago del público o la sanción contra el público y se entiende que la sanción sin juez mediante es una imprudencia.

Ayer el Congreso confesó que fue una mala idea y que quiere rectificar. Ayer reconoció que la vergüenza también mueve la política.