El canon digital cada vez se parece más a Rocky Balboa: no para de recibir palos a mansalva. Pero, inexplicablemente, tambaleándose y con la cara magullada, se mantiene sobre la lona. El último punch se lo asestó este jueves la Audiencia Nacional, que anuló la orden ministerial de 2008 que regula la tasa argumentando que 'está afectada de un vicio radical' y no cumple 'ninguno' de los trámites 'inexcusables' y 'esenciales' para su aprobación.

Entre esos trámites, la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo estimó que faltaban tres informes: la memoria de la necesidad y oportunidad de esta disposición reglamentaria, la memoria económica que justifique las cantidades a recaudar por el perjuicio de la copia privada y, finalmente, el dictamen del Consejo de Estado. 'La Audiencia dice que esta orden ministerial es en realidad un reglamento encubierto y destapa que el Gobierno ha actuado a su libre albedrío, movido por unos intereses privados y políticos muy concretos', declaró Ofelia Tejerina, abogada de la Asociación de Internautas, una de las organizaciones denunciantes.

El anuncio de la sentencia pilló a Ángeles González-Sinde en Toledo, en la reapertura del Museo de El Greco. 'Lo que hace [esta sentencia] es decir que la orden de 2008, donde se establecen las tarifas y se precisan los procedimientos de compensación, no se tramita adecuadamente y tiene defectos de forma, por lo cual seguiría vigente la de 2006'.

Sin embargo, los demandantes, entre los que también se encontraban la compañía Motorola y Ametic (que engloba a las empresas del sector tecnológico y las telecomunicaciones), subrayaron que en ningún caso se trata tan sólo de un defecto de forma, sino que esta es una maniobra para esconder 'un impuesto injusto y arbitrario que se le ha metido a la sociedad con calzador', denunció Ofelia Tejerina.

Las entidades de gestión, que son las beneficiadas por la tasa, convocaron una rueda de prensa de urgencia este jueves por la mañana para pedir al Gobierno que regulara el canon digital 'con la máxima urgencia'. Su portavoz, Rafael Sánchez, aclaró que 'la sentencia no es un mazazo. Se anula la orden porque no se aporta el informe del Consejo de Estado. Se cuestiona el trámite administrativo, pero nadie cuestiona el canon digital'.

Anulada la orden ministerial, el canon digital seguiría vigente según la legislación de 2006. En aquel año, los teléfonos móviles, las memorias USB, los discos duros externos y los reproductores de MP3 no estaban gravados con canon.

La Unión de Consumidores de España (UCE) se unió al coro de reacciones y reclamó 'que se devuelva a los usuarios el importe abonado en concepto de tasas de canon digital', una petición a la que también se sumó la Asociación de Internautas.

En relación a este extremo, la sentencia de la Audiencia Nacional no se pronunció 'por falta de competencia'. Fuentes del Ministerio de Cultura señalaron a este periódico que 'no hay que devolver lo recaudado por el canon digital'.

Sin embargo, David Maeztu, abogado especializado en propiedad intelectual, matizó que 'la vía para reclamar lo recaudado está abierta. Si a mí me han cobrado por mi teléfono móvil una cantidad determinada que estaba basada en una norma nula, deberían devolverme esa cantidad'. Para el presidente de Ametic, Jesús Banegas, 'todo lo que se ha cobrado es ilegítimo'.

El canon digital se ha convertido en una pesadilla para el Gobierno en los últimos meses. Esta sentencia de la Audiencia Nacional se une a la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que el pasado otoño declaró ilegal la recaudación de la tasa entre administraciones y empresas. Cinco meses después, el Gobierno sigue sin regular estos cobros invalidados por la UE. 'Mis empresas cumplen con la legislación y me gustaría que el Gobierno también lo hiciera. En lugar de aplicar la justicia, el Gobierno marea la perdiz. Es un mal perdedor en los tribunales', se quejó Jesús Banegas.

'Mis empresas cumplen con la legislación. m gustaría que el Gobierno también'

La sentencia del TJUE sobre el canon digital fue uno de los parches que introdujo el Partido Popular en la ley Sinde a su paso por el Senado, dándole tres meses al Gobierno para adaptar la regulación a las directrices europeas. El portavoz de Cultura del PP, José María Lasalle, señaló a Efe que la sentencia de la Audiencia Nacional 'pone de manifiesto la inoportunidad del Partido Socialista de otorgar carácter indiscriminado al canon', y pidió al Gobierno 'cumplir y ejecutar' la sentencia 'tal y como está formulada y con las indicaciones formales que se le plantean'.

El Gobierno está obligado a reformular el canon digital integralmente. Por un lado, deberá diseñar un sistema para que las empresas y administraciones queden eximidas de su pago. Por el otro, tendrá que hacer un informe económico pormenorizado de cuánto se deja de ingresar por la copia privada. Y todo eso en menos de tres meses. Quizás deberían ver Rocky V.