A tres semanas de que el reglamento, y con él la ley Sinde, eche a andar, el Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso en su contra. Presentado por la Asociación de Internautas (AI), la iniciativa sostiene que la norma que permitirá el cierre de páginas a una Comisión de la Propiedad Intelectual hurta competencias a los jueces. El auto judicial da al abogado del Estado diez días para que alegue ante la petición de los internautas de suspender cautelarmente el reglamento.

El auto del Supremo, conocido ayer, admite el recurso contencioso-administrativo que la AI presentó la semana pasada impugnando el reglamento que desarrolla y concreta la ley Sinde. Entonces, esta asociación, recogiendo el malestar tanto en la calle como en internet, pidió también que la norma fuera suspendida hasta que el Alto Tribunal se pronuncie. De concederse la suspensión, la comisión administrativa encargada de cerrar las páginas que, a su criterio, vulneren la propiedad intelectual, quedará varada.

El Alto Tribunal da diez días al abogado del Estado para alegar

“Lo que pretendemos en el fondo es que el Supremo establezca si estamos en un Estado de derecho”, dice el presidente de la AI, Víctor Domingo. En su opinión, el reglamento arrebata a la Justicia su potestad para dilucidar asuntos que pueden afectar a derechos fundamentales, como la libertad de expresión y la de información, para entregárselos a una comisión administrativa. “Por muy honestos que sean los funcionarios que la formen, esto supone hurtar a los jueces su función”, añade.

Ahora se abre un plazo hasta el 29 de febrero para que cualquiera presente un recurso. Después, las partes recibirán el expediente completo. “Entonces podremos concretar nuestros argumentos”, explica la abogada de la AI y autora del recurso, Ofelia Tejerina. Tres serán los puntos fuertes de su impugnación de la norma. Por un lado, la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) establece que sólo los jueces pueden dictar la cesación de una actividad que vulnere los derechos de propiedad intelectual como medida cautelar.

En la base del recurso también están la inconcreción de las sanciones y la falta de una habilitación precisa para imponerlas. “Pedimos que se suspenda todo el reglamento y después que se anule. De forma subsidiaria, solicitamos que se invaliden varios artículos que vulneran otras tantas leyes”, sostiene la abogada de la AI. En cuanto a la suspensión cautelar, el Tribunal Supremo ha abierto una pieza separada, ordenando que se comunique a la Abogacía General del Estado que tiene un plazo de diez días para presentar alegaciones.

La ley 'supone hurtar a los jueces su función', dice Víctor Domingo

Desde el Ministerio de Cultura explican que, al menos por ahora, el auto del Supremo no implica retraso de la ejecución del reglamento, establecida para el 1 de marzo. “Si se suspende el reglamento y acaba siendo anulado total o parcialmente, la ley Sinde quedaría sin la base para su aplicación”, comenta Tejerina.

El hecho de que un Gobierno del Partido Popular vaya a aplicar una ley diseñada por un Ejecutivo socialista no escapa a la Asociación de Internautas. “Con eso de que tiene la mayoría absoluta y de que era una norma heredada, se ha establecido la sensación de que el Gobierno está legitimado para hacer lo que quiera”, defiende.

La AI presentó el recurso que puede paralizar la ley Sinde por su cuenta y riesgo. El mismo día que lo presentó ante el Supremo, hizo un llamamiento para que los internautas se suscribieran a la demanda y colaboraran con dinero. Tienen ya más de 2.000 suscriptores. La mayoría de las aportaciones son micropagos. La media no supera los cinco euros.