La industria estadounidense está preocupada por la forma en la España combate la denominada 'piratería'. Tanto que la USTR, una agencia gubernamental americana que asesora al Gobierno en materias de comercio internacional, ha incluido a España por primera vez en una 'lista de vigilancia'. Esta lista detalla las 36 naciones que, según su opinión, infringen los derechos de propiedad intelectual. España se suma así a países como Canadá, Grecia, Italia o Noruega, entre otros. China o Rusia se encuentra en una lista de 'vigilancia prioritaria'. 

El informe, que califica Internet como 'un vehículo extremadamente eficaz para la difusión de productos pirateados', arremete contra la aplicación de las leyes en España y describe que los autores no tienen acceso a herramientas para protegerse. También detalla que el Gobierno no ha tomado las medidas adecuadas para atajar 'el problema creciente de la piratería en Internet'.

El abogado especializado en propiedad intelectual David Bravo se sorprende de que en el informe se critique la actitud de España y no la de Francia (que pretende desconectar a los usuarios que descarguen), 'sobre todo si tenemos en cuenta que el Parlamento Europeo ha aprobado un informe no vinculante que manifiesta que ese tipo de medidas son contrarias a los derechos humanos y a las libertades civiles', añade.

El informe de la USTR, que excluye hablar de temas como el derecho a la cultura, cree que en España hay una 'percepción generalizada' de que el P2P (redes de intercambio de archivos) es legal. La USTR cree que la legislación española ha tomado algunas medidas positivas con respecto al cierre de páginas, pero que los jueces no han impuesto sentencias suficientemente disuasorias. Para Bravo, 'las leyes represivas contra el intercambio de obras se están mostrando ineficaces', y hace referencia a un estudio realizado por el profesor de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid Juan C. Calvi, que concluye que la criminalización de los internautas está promoviendo las prácticas que se pretenden reprimir.

La agencia americana no detalla pero hace referencia a casos como la operación policial Descargas en la Red, que provocó un cierre masivo de páginas. Casi dos años después, el juez procedió al sobreseimiento de la denuncia contra varias de las web implicadas. En la sentencia se detallaba que no había 'comunicación pública' de las obras, ya que estas páginas sólo alojaban accesos directos y no las descargas en sí.

El Código Penal español establece como requisito imprescindible para que se pueda hablar de delito contra la propiedad intelectual la comunicación pública de la obra y el ánimo de lucro. Es el motivo por el que las entidades de gestión han recurrido al enjuiciamiento civil para tomar medidas, también sin éxito. Bravo se muestra tajante al hablar de la legislación americana: 'EEUU representa un modelo legislativo que no sólo no hay que imitar sino del que hay que escapar'.