“La ciencia avanza a pasos, no a saltos”. La célebre frase del erudito británico Thomas Macaulay, miembro del Partido Conservador británico, no parece haber calado, dos siglos después, en el ideario político español. En especial, durante el periplo presidencial de Mariano Rajoy. Uno de los últimos botones de muestra es el que ha dejado el prestigioso informe anual de la Fundación Cotec, que preside la exministra Cristina Garmendia, para quien, “si la tendencia no cambia, y lo hace de manera inminente e intensa”, España perderá “el protagonismo” en plena era de la digitalización de la sociedad y de los mercados. Es decir, en una fase de vorágine innovadora, en la que el Big Data y el Economic Analitycs actúan como auténticos paradigmas del revolucionario proceso de transformación de los modelos productivos y de los hábitos culturales a lo largo y ancho del planeta.

En esta tesitura, el problema en España no es que la política de innovación del Ejecutivo de Rajoy haya brillado por su ausencia. Que también. El gran abismo en el que se encuentra sumida es un vacío dogmático. La ausencia de una estrategia metódica, con objetivos declarados y precisos, que acompañe a unos recursos que deberían ser incentivados exponencialmente es elocuente. Más bien al contrario, la I+D+i ha sido una de las principales damnificadas de la austeridad post-crisis.

Los artífices de la vuelta de España al crecimiento, el equipo económico de Rajoy, parecen haber olvidado que el motor de la prosperidad en la totalidad de las potencias industrializadas es, precisamente, el boom digital. Cambio de paradigma al que España ya llega con demasiado retraso. Después de quedarse rezagada de la Nueva Economía de los noventa y de renunciar a seguir la estela de las economías de su entorno más avanzadas en materia tecnológica. Porque los líderes en innovación no recortaron en ningún ejercicio económico del prolongado periodo de crisis financiera -ni siquiera durante el corto ciclo recesivo de sus PIB-, sus recursos a la I+D+i, a la que dedicaron en todo momento, al menos, entre el 3% y el 4% de sus riquezas nacionales.

España sólo rozó el 2% del PIB durante la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, en la que el entonces líder socialista quiso abanderar el cambio de patrón de crecimiento hacia las nuevas tecnologías. Fue un espejismo. El tsunami de los mercados de septiembre de 2008 acabó con un propósito tan loable como tardío.

De hecho, tras seis años de gabinetes populares, la ciencia sigue en el estercolero. A años luz de asimilar la aseveración del investigador francés Louis Pasteur de que “el progreso científico es la fuente de toda prosperidad”. Los recortes se apoderaron de sus fondos presupuestarios. Y lo que es peor. A nadie, en el Consejo de Ministros, parece haberle motivado la idea de paliar los efectos de tijeretazo con fórmulas imaginativas de invertir en I+D+i. En connivencia con el sector privado, por ejemplo. Irónicamente, del que el Gobierno popular alardea cada vez que puede, con constantes alusiones al espíritu emprendedor y el clima de seguridad jurídica adecuado para hacer negocios.

Radiografía alarmista

Los expertos de Cotec son contundentes. El descenso real de los recursos a la I+D+i desde 2010 ha sido del 50%, veinte puntos por encima de lo inicialmente presupuestado, debido a la pésima ejecución de dotaciones en unos años en los que, además, han salido del mercado laboral (y, por ende, del circuito científico) más de 1,5 millones de jóvenes con talento, gran parte de los cuales tienen el ribete de investigadores. El alguna de las facetas vinculadas a la tecnología como los avances científicos, la nano o biotecnología o, directamente relacionados con proyectos de infraestructuras o de la Sociedad de la Información, con altas demandas de conocimiento digital. Entre otras, el descubrimiento de apps o el Big Data. El pasado año no tuvo parangón en cuanto a niveles ínfimos de inversión pública ejecutada vía presupuestos.

Pero si este estado de la nación es grave, no lo son menos las grandes cifras. Mientras los socios de la UE emplean en la actualidad, de media, un 25% más de recursos a la I+D que antes de la crisis, España es uno de los cuatro países del mercado interior que se permite el lujo de invertir menos. Es decir, que no han recuperado sus cotas previas. En el caso español, hasta un 10% por debajo del listón de 2008. Por si fuera poco, esta receta estatal se ha propagado a las principales empresas que sólo gestionaron el 52,2% del montante destinado a los diferentes programas de Investigación y Desarrollo por sus cúpulas directivas y ejecutivas en 2015. Más de once puntos por debajo del 63,3% que emplearon sus rivales europeos.

Es la cenicienta de las políticas de Rajoy. Pero también del Ibex 35. Porque, además, casi la mitad del gasto empresarial en esta materia lo realizaron las pymes. Casi todas, por exigencias de guión en sus procesos de internacionalización. Aun así, “demasiado pocas empresas españolas entran dentro del ranking de 500 firmas innovadoras a nivel global”, dice en su apéndice sobre España la OCDE, dentro de su Outlook 2016 -último editado-, de Ciencia, Tecnología e Innovación en el que evalúa el Plan Nacional del Ejecutivo español para el cuatrienio 2013-2016 que acaba de finalizar. En el mismo, se alaba la tardía creación, en noviembre de 2015, de la Agencia Nacional de Investigación, que coincidió, en el tiempo, con la vuelta “a la normalidad” de alzas graduales de fondos a programas científicos públicos y universitarios. Porque hasta entonces, el freno a la I+D+i fue elocuente.

En la jerga multilateral, tal y como se expresa la OCDE, el diagnóstico es de extrema gravedad: las necesidades y características del desafío científico y tecnológico del país “sigue siendo similar a los del año 2007”. No han cambiado. Salvo, esencialmente, en el impulso que se han dado, por parte de ciertas comunidades autónomas, al asentamiento de los clusters innovadores, plataformas que surgen precisamente ese ejercicio, al calor de incentivos públicos estatales y que han acompañado la creación de viveros tecnológicos, de start-ups con sello de innovación made in Spain. Además de mejorar su participación en proyectos de Horizon 2020, la estrategia europea en I+D+i.

Voces del sector coinciden en asegurar que el tercer apellido (Agenda Digital) del ministerio que dirige Álvaro Nadal, antiguo responsable de la Oficina Económica de Moncloa, es un parche que “pretende reforzar la mala imagen” institucional del Ejecutivo Rajoy con la Ciencia, porque “sin mayores recursos y un plan estratégico bien hilvanado que sea capaz de encajar las iniciativas estatales, con los requerimientos de las pymes y el patrocinio de las grandes corporaciones, nuestros rivales continuarán viéndonos por sus espejos retrovisores”. Después de años de fugas de cerebros que, o no vuelven o tardan décadas en consumar su repatriación, de cierre de centros tecnológicos, programas de investigación, fondos a la ciencia o protestas de colectivos por la ausencia de todo vestigio de política científica y por las reticencias oficiales a enterrar un patrón productivo, el inmobiliario-constructor, agotado y que no comulga bien con la tecnología y la innovación.

Presencia global testimonial

La posición de España en la ya denominada cuarta revolución industrial, la que es capaz de crear sólidos estamentos competitivos para que sus firmas desarrollen modelos de negocios basados en la tecnología y capaces de abordar la aldea global con inusitada celeridad gracias a sus ratios de productividad digital, es alarmante. Muy por debajo de su peso económico mundial. Una de estas clasificaciones, la del Worl Economic Forum (WEF), entidad organizadora de la cumbre de Davos, la relega hasta el puesto 32. Su Índice de Competitividad Global, encabezado por Suiza, Singapur y EEUU, y en el que entran en el top-ten -por este orden-, Holanda, Alemania, Suecia, Reino Unido, Japón, Finlandia y Noruega- sitúa por encima de España a economías como Qatar; Malasia; Estonia o la República Checa.

Otro indicador, de innovación, también de 2017, que elaboran la Universidad Cornell, la escuela de negocios Insead y la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (WIPO, según sus siglas en inglés) y que analiza el efecto catalizador de la I+D+i en los principales sectores productivos de cada país, deja a España en el lugar vigésimo octavo. Lo encabezan Suiza, Suecia, Holanda, EEUU y Reino Unido.

Los puntos débiles que identifica en España son el ambiente institucional, político, regulatorio y empresarial para engendrar y desarrollar climas idóneos para el boom de la tecnología y la escasa formación laboral y profesional por parte del sector privado. En cambio, los alicientes al impulso de la I+D+i son las buenas infraestructuras y un relativo acceso al crédito que, sin embargo, desde la OCDE consideran manifiestamente mejorable; en especial, business angels, firmas de private equities (capital riesgo) y fórmulas de micro-financiación. Porque, entre otras cuestiones, los mercados emergentes y las potencias industrializadas vuelven a jugar sus cartas de manera agresiva. Economías del G-20 como China se ha erigido en el segundo mayor contribuyente público a la I+D+i, sólo por detrás de EEUU, que destinó en 2014 más de 433.000 millones de dólares a los distintos programas federales, estatales y municipales -a pesar de que Donald Trump tiene previsto cerrar el grifo de la Casa Blanca en futuros presupuestos- o Corea del Sur, que lidera el gasto per cápita. Precisamente el mercado surcoreano es, para el Índice Bloomberg de Innovación, el más puntero. Por delante de Suecia, Alemania y Suiza.

Estrategia de los líderes tecnológicos

Quizás la apuesta más determinante, precisa y arriesgada de las grandes economías en apoyo del boom tecnológico 2.0 haya sido la del Departamento para la Empresa, la Innovación y el Conocimiento británico. La táctica de este ministerio, desde 2013, pasa por elegir la I+D+i como centro neurálgico de la sostenibilidad económica, incluso en tiempos de crisis y de recortes, y arriesga en activos intangibles como la innovación y el conocimiento para generar productividad y empleo. El informe incide en el “potencial” del país para hacerse con el cetro de la innovación global, por su indiscutible liderazgo educativo, ya que sus instituciones universitarias producen el 14% de los estudios científicos más citados por la comunidad internacional y reportan al año 3.000 millones de libras de ingresos externos. Esta agenda oficial pone el año 2020 como fecha de caducidad de esta estrategia y establece un exhaustivo calendario de iniciativas trianuales.

Además del cimiento educativo, y pese a los interrogantes sobre el Brexit, se fija como desafío fortalecer los puentes entre las escuelas de negocios y las empresas, aumentar los fondos a la invención y crear un clima más propicio para investigar los diferentes cauces de comercialización de los descubrimientos tecnológicos, Y de otros dos pilares. Uno, de cariz presupuestario, por el que se compromete a garantizar los 4.600 millones de libras de dotación anual destinada a la ciencia, además de poner en marcha proyectos de capital riesgo, entre los que se incluyen planes de modernización de su red de infraestructura tecnológica. El segundo, de índole impositiva, refuerza su modelo Tax Credit, el plan estrella de ayuda a la innovación para sus pymes, con un gasto anual por encima de los 1.000 millones de libras y que ha servido de acicate, primero, y de trampolín, después, para que estas firmas destinen más de 11.000 millones a la I+D+i.

En EEUU, la gran baza que jugó la Administración Obama fue unificar los programas de ayuda a la innovación, lo que añadió uniformidad a un mercado amplio y posibilitó grandes retornos de inversión dentro de una asentada y dinámica cultura empresarial, con clusters tecnológicos de primer orden como Sillicon Valley, Boston, Austin o Carolina del Norte. Por cada dólar de la Estrategia para la Innovación Americana ha destinado al sector privado, el Gobierno federal ha venido comprometiendo otros dos dólares en deuda, hasta un límite de 150 millones. Un plan de financiación por el que las pymes americanas han logrado cantidades próximas a los 1.000 millones de capital privado en los últimos ejercicios fiscales contabilizados.

Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN). EFE/Martial Trezzini

Japón, desde su poderoso Ministerio de Industria (METI), garantiza un mínimo del 4% de su PIB a gastos en investigación, como en el último decenio, y acaba de definir una estrategia, de otros cinco años, para confeccionar sus mapas de innovación, en un intento de aunar la colaboración de firmas de consultoría, sociedades industriales, agencias oficiales de inversión y think tanks en torno a grandes conglomerados como Mitsubishi, Honda, Mitsui o Sumimoto. El objetivo: lograr efectos arrastre de sus pymes, de forma que enfoquen su producción a suministrar material tecnológico a estos emporios. Tokio también decidió afianzar la cooperación público-privada: las empresas aportarán tres puntos del PIB a la I+D+i y el Gobierno, el restante. Una fórmula similar a la que pone en práctica Suecia, con los mismos porcentajes. El Gobierno sueco, en sus últimos presupuestos, ha incrementado sistemáticamente hasta cotas históricas sus partidas para 21 áreas estratégicas de investigación y desarrollo, y ha reforzado recursos a su agencia de innovación, Vinnova, esencial para consolidar la orientación de sus multinacionales y el de sus universidades hacia su sector exterior.

Alemania gasta el 3% de su riqueza a I+D+i desde el inicio de esta década, con objeto de facilitar la competitividad en innovación entre sus länders, que rivalizan en ayudas y programas públicos; una carrera en la que, de momento, cobran ventaja Baviera y Baden Wuerttemberg.

Pero también los emergentes se han subido al tren de alta velocidad tecnológica. Estudios como el de Boston Consulting Group precisan que, en 2016, los países del G-20 -entre los que ya nadie incluye a España- manejaron un mercado tecnológico de 4,2 billones de dólares. Entretanto, el Gobierno y las empresas españolas siguen en el furgón de cola europeo. Con gastos todavía por debajo del 2% del PIB que la Agenda de Lisboa otorgó a España durante la década pasada, un punto por debajo de la media requerida al conjunto de la UE, según Eurostat, y sus firmas en puestos irrelevantes en indicadores como el Economist Intelligence Unit, que mide el grado de competitividad de la industria tecnológica y que, una vez más, concede a los sectores privados de países como EEUU, Finlandia, Singapur, Suecia y Reino Unido el privilegio de su top-five.

Sumarios

Tras seis años de Gobierno populares el gasto español en I+D+i sigue por debajo del 2%, más de un punto inferior al que requirió la Agenda de Lisboa a los socios europeos la década pasada.

Los principales indicadores de innovación globales relegan a España a puestos irrelevantes, lejos de su peso económico y más atrás de países como Malasia, Estonia, Qatar o la República Checa.

El Ejecutivo de Rajoy tampoco ha logrado involucrar a las grandes empresas en el desafío de la digitalización, pese a sus soflamas a favor del emprendimiento y la cultura empresarial