El máximo responsable de la gestión del río Tajo, José María Macías, dice que su trabajo es 'endemoniado'. Y no le falta razón. El Tajo es el río más largo de la península Ibérica, con casi 1.100 kilómetros de longitud. Atraviesa cinco comunidades autónomas, unas gobernadas por el PSOE y otras por el PP, y dos países. El agua de los váteres de ocho millones de españoles, depurada o no, acaba en el río. Y todos beben de la cuenca del Tajo. Incluso los murcianos, a través del polémico trasvase Tajo-Segura. Dos centrales nucleares, Trillo y Almaraz, rompen átomos en sus orillas. En sus aguas hay cocaína, cloroformo, derivados del pesticida DDT y casi cualquier sustancia imaginable. En las depuradoras del Tajo han aparecido, incluso, vacas vivas. Y su curso está partido por más de 200 presas hidroeléctricas. El río parece ingestionable y, para colmo, el Gobierno ha recortado un 10% las inversiones de la Confederación Hidrográfica del Tajo para los próximos tres años, según Macías, que preside el organismo.

Hasta el 80% del volumen del río procede de los vertidos de Madrid

'No quiero engañar a nadie. El río está sufriendo agresiones muy importantes. Las presiones humanas y urbanísticas son enormes', admite con resignación Macías. Los grupos ecologistas locales, como Jarama Vivo, son aún más críticos. Dicen que el Tajo es 'una cloaca a cielo abierto'. Y la propia Confederación, perteneciente al Ministerio de Medio Ambiente, lo confirma. Su último informe, de 2008, señala que, al entrar en Toledo, las aportaciones del río Jarama, que acumula todos los vertidos de la capital y sus ciudades dormitorio, suponen hasta 'el 80% del volumen total del río Tajo'. Los libros de texto dicen que el río brota en la Sierra de Albarracín (Teruel), pero el Tajo nace, en realidad, en las cloacas de Madrid.

Los colectivos para la defensa del Tajo, agrupados en la Red Ciudadana por una Nueva Cultura del Agua en el Tajo, se han reunido este fin de semana en Rivas Vaciamadrid para presionar a las administraciones para que recuperen el río. La ley les da la razón. La legislación europea obligaba a España a elaborar planes de salvamento de sus ríos los planes hidrológicos de cuenca antes de diciembre de 2009. El del Tajo ni está ni se le espera.

La excusa oficial es la 'complejidad' de la negociación. Cinco ministerios incluido Asuntos Exteriores para lidiar con Portugal, 15 consejerías de cinco comunidades autónomas, cientos de ayuntamientos, organizaciones ecologistas, compañías eléctricas, agricultores y hasta asociaciones de piragüistas intervienen en la negociación. Sin embargo, el coordinador de políticas ambientales de la Sociedad Española de Ornitología (SEO/Birdlife), David Howell, matiza esta supuesta complejidad. 'Esto es España', bromea. El río Danubio, con más de 2.700 kilómetros de longitud, atraviesa 10 países, explica Howell. Y ya tiene plan de cuenca, como manda la ley.

El ministerio achaca el retraso del plan de cuenca a su 'complejidad'

Macías, ingeniero de caminos, no se atreve a poner una fecha concreta para el Tajo. 'Estamos hablando de uno o dos años', admite. El plan de cuenca, obligatorio para diciembre de 2009, podría llegar en 2012. Y la Directiva Marco del Agua de la UE impone que las aguas europeas se encuentren 'en buen estado' en 2015. Imposible para el Tajo.

'Lo importante, más que obsesionarse con una fecha, es que hagamos un buen plan de cuenca, con consenso', opina Macías. A su juicio, el caso del Danubio no tiene nada que ver con el del río más largo de la península. 'Allí hay agua. Aquí venimos de la peor sequía del último siglo. Cuando hay agua todo es más fácil', juzga.

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo defiende su gestión. Dice que todos los parámetros indican que la calidad del agua ha mejorado en los últimos años. Su organismo, además, ha construido en los últimos años tres de las mayores depuradoras de Europa para limpiar las aguas residuales de más de cuatro millones de habitantes de la Comunidad de Madrid: unos 330 millones de euros en inversiones, desembolsados en la época de la anterior ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona.

'El río sufre agresiones importantes', dice el responsable de su gestión

Sin embargo, Macías no es triunfalista. 'Con las mejores tecnologías disponibles, las depuradoras sólo son capaces de eliminar el 98% de los desechos. Y el 2% en una población como Madrid es muchísimo', explica. Además, el último informe de la CHT da un dato alarmante: unos 175 pueblos de entre 2.000 y 15.000 habitantes y siete aglomeraciones urbanas de más de 15.000 habitantes vierten sus aguas residuales al Tajo 'sin tratamiento de depuración previo o con un tratamiento insuficiente'. Las heces de más de medio millón de españoles, y los desperdicios de sus industrias, se tiran directamente al río. 'Estamos haciendo una labor ímproba, porque depurar es muy caro. Vamos a inaugurar otras 50 depuradoras en Cáceres y 15 en Toledo', señala Macías.

Andrés del Campo, presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, que agrupa a más de 700.000 agricultores, cree que hay algo más peligroso que estos residuos: 'La contaminación política del agua'. En su opinión, el plan de cuenca del río está paralizado por la intentona de Castilla-La Mancha, gobernada por el socialista José María Barreda, de cerrar en 2015 el grifo del trasvase Tajo-Segura, abierto en 1979, cuando el Tajo era un río de verdad. Tras las protestas de Valencia y Murcia, que beben y cultivan gracias al acueducto, Castilla-La Mancha ha cambiado la derogación del trasvase por una reserva hídrica de 4.000 hectómetros cúbicos que figura en la bloqueada reforma de su estatuto autonómico para garantizar su abastecimiento. 'Todas las comunidades van a querer reservar caudales de sus ríos en sus estatutos. En todas las cuencas va a haber problemas, pero en el Tajo, más. Esto va a ser la guerra', advierte.

La principal novedad de la Directiva Marco del Agua es el concepto de caudales ecológicos: los ríos deberán transportar una masa de agua suficiente para diluir los contaminantes y proteger la flora y la fauna. Los regantes, explica Del Campo, temen que el plan de cuenca del Tajo fije caudales tan altos que obliguen a cerrar el acueducto Tajo-Segura. 'Si utilizan este truco, no habrá agua para nadie', señala.

Raúl Urquiaga, portavoz de la asociación Jarama Vivo y del Grupo de Acción para el Medio Ambiente, organizador de las jornadas en defensa del Tajo de este fin de semana, es más escéptico. 'La Confederación Hidrográfica del Tajo está completamente plegada a los intereses de los regantes y de los gobiernos de Levante', afirma. Urquiaga dice que los colectivos ecologistas sólo piden al ministerio de Elena Espinosa 'que se cumpla la ley'.

Exigen caudales ecológicos 'serios y reales' y la 'erradicación' de la contaminación procedente de los núcleos urbanos y agrícolas. Y, por supuesto, la derogación del trasvase Tajo-Segura, que, según denuncian, roba 'el 70% de las aguas de la cabecera' del río para llevarlas a los desarrollos urbanísticos y los cultivos intensivos de Murcia y Valencia.

Urquiaga, además, acusa al ministerio de Medio Ambiente de 'no permitir ningún tipo de participación pública' en la elaboración del plan de cuenca. El presidente de la CHT lo niega: 'Hemos celebrado 60 reuniones y toda la información está en nuestra web. Nos hemos desnudado'.

Alberto Fernández
Responsable de Aguas de WWF

¿Qué puede hacer la sociedad civil para salvar el Tajo?
Lo único que podemos hacer es apoyar y ayudar. El Tajo está sometido a muchísima presión. Hay que entender que la cabecera del río está comprometida por un trasvase que viene de época de Franco. Murcia hoy depende del trasvase y esto condiciona muchísimo al Tajo.

¿Qué ocurrirá cuando se apruebe el plan de cuenca?
España nunca se ha preocupado por tener caudales ecológicos, científicos. Esto es nuevo, nunca se ha hecho y ahora se hace porque lo obliga la UE. Las precipitaciones en el Alto Tajo han disminuido un 40%. Y, al mismo tiempo, Madrid se ha convertido en un monstruo que necesita mucha agua y la coge del Jarama, del Alberche, del Henares, del Manzanares. Con la Directiva Marco del Agua, la Confederación Hidrográfica del Tajo tiene que garantizar caudales ambientales en toda la cuenca. Tiene que haber más agua para diluir más los contaminantes.

¿Por qué no hay un plan de cuenca todavía?
La Confederación Hidrográfica del Tajo tiene un papel difícil, porque el plan depende de un acuerdo político al más alto nivel. El agua en España está muy politizada. Los partidos la usan para conseguir votos. Y el retraso en la aprobación del plan nos obligará a tomar decisiones rápidas e inadecuadas. Llegaremos tarde a los compromisos con la Unión Europea, como siempre.

¿Qué opina del proceso de participación de la sociedad en la elaboración del plan para el Tajo?
El proceso de participación ha sido malo, mediocre y poco útil. Estamos en Europa, así que hay que exigir a la administración española que haga las cosas bien.

WWF está contra el trasvase Tajo-Segura, pero ¿qué alternativa propone?
Somos realistas. Ahora no se puede cerrar el grifo, por supuesto. Hay que elaborar un plan serio de sustitución de consumo. Y la única alternativa ahora es la desalación. Además, hay que frenar el desarrollo descomunal del regadío y del turismo en Murcia y Valencia y plantear el ahorro y la eficiencia en el consumo de agua.