El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha denunciado ante el juzgado y ante el Gobierno de Aragón al dueño de la granja de Villafranca (Zaragoza) en la que murieron 94 cerdos durante la última crecida del Ebro y al responsable del área de Porcino de Uvesa, la empresa integradora de Tudela (Navarra) propietaria de los animales, según confirmaron fuentes del instituto armado.

Ambos, el ganadero y el ejecutivo de la integradora, figuran en las diligencias como investigados, aunque no llegaron a ser detenidos, como presuntos autores de un delito de abandono de animales.

No obstante, serán los tribunales quienes deban determinar la eventual responsabilidad penal de cada uno de ellos en la muerte de los tocinos.

La investigación se centra en el artículo 337 bis del Código Penal, que castiga con multas de uno a seis meses (hasta 54.180 euros, aunque no suelen pasar de 9.000) a quien abandona a un animal de abasto “en condiciones en que pueda peligrar su vida o integridad”. Los autores de este delito también se exponen a entre tres y doce meses de inhabilitación para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales.

¿Abandono? ¿Práctica mortal?

Paralelamente, fuentes del Gobierno de Aragón confirmaron que el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, que se vio obligado a asumir el desalojo de los 900 cerdos que sobrevivieron a la riada y su traslado a otra granja, ha abierto a la empresa integradora un expediente informativo para aclarar si se saltó “sus obligaciones en materia de bienestar animal y salud pública”.

Las primeras, por el abandono de los animales en una granja situada en terreno inundable en plena crecida, y las segundas, por no haber retirado los cadáveres.

La Ley de Protección Animal de Aragón tipifica como infracción grave “el abandono de animales en espacios abiertos o cerrados” y como muy grave “someterlos a cualquier práctica que pueda producirles daños o sufrimientos innecesarios o injustificados (…) causándoles la muerte”. Las primeras se castigan con multas de hasta 6.010 euros mientras que en las segundas la multa puede llegar a 150.253, con hasta cuatro años o seis años, según la gravedad, de clausura de la explotación, retirada de licencias y veto para operar en la comunidad.

La comunidad autónoma sostiene que, en todo caso, la eventual responsabilidad de la mortandad correspondería a la empresa integradora y no al ganadero, aunque lo más probable es que el expediente abierto para determinarlo vaya a quedar suspendido mientras la investigación judicial siga viva.

El granjero señala a los animalistas 

No obstante, la Guardia Civil mantiene abierta una tercera línea de investigación sobre lo ocurrido en la granja de Villafranca. La inició el puesto de Alfajarín por un presunto delito de daños tras recibir una denuncia en la que el propietario de la cuadra atribuye la mortandad a los animalistas del Pacma que entraron en ella para filmar a los cerdos, en un trabajo que este miércoles superaba las 28.000 visualizaciones en Twitter.

El ganadero sostiene que la granja estaba completamente sellada y que el agua no podía entrar en ella, ya que había cerrado las posibles vías que se produjeron en anteriores crecidas, mientras que habría sido la entrada de los animalistas por una de las puertas la que provocó la inundación.

Esta versión no ha podido ser chequeada al encontrarse la granja parcialmente inundada por la crecida tras el desalojo de los 900 animales que sobrevivieron.
Uvesa, una de las principales empresas del sector del pollo en España, explota también un área de porcino, principalmente en Castilla y León y en Aragón, y otra de piensos. Su facturación se acercó a los 320 millones de euros en 2016 tras varios años por encima de los 240, mientras que sus activos superan los 170.