A pesar del enorme ruido que hay alrededor de las páginas de enlaces P2P, ningún dueño de estos sitios se había sentado ante el juez hasta hoy. Ahora, Jesús Guerra, un hostelero de Barcelona, ha tenido la ocasión de ser escuchado por un tribunal. La sentencia, que se conocerá en los próximos días, podría aclarar de una vez si este tipo de web son obra de piratas como sostiene la industria cultural y parece haber asumido el Gobierno o meros intermediarios en el intercambio entre particulares.

El Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Barcelona ha asistido este jueves al primer cara a cara entre los abogados de la industria cultural y los defensores de las páginas de enlaces. En medio, Jesús, propietario de Elrincondejesús , una página que contiene enlaces a películas y series. El sitio, como han mostrado los peritos, no contiene los archivos en sí. 

'Hemos defendido que no hay comunicación pública de obras protegidas; enlazar no es comunicar', dice Carlos Sánchez Almeida, letrado defensor. Sánchez Almeida, que no puede entrar en demasiados detalles a la espera de la sentencia, sí ha pedido en su alegato final al juez 'no sólo  que se pronuncie sobre las páginas de enlaces sino que sostenga que el P2P es el futuro'.

Esta sentencia puede suponer un hito clave en la guerra que mantiene la industria cultural con Internet por ser la primera y, ya sea condenatoria o absolutoria, por conocerse justo cuando el Gobierno impulsa una ley ad hoc contra estas páginas. 

Aunque una de las partes del conflicto insiste en la ilegalidad de las páginas P2P, de la treintena de casos abiertos en España, la práctica totalidad han sido archivados sin llegar a celebrar juicio durante las diligencias previas (varios han sido recurridos ante la Audiencia). El argumento habitual sostenido por los jueces es que estas páginas no incurren en delito alguno al no albergar directamente las películas y canciones sujetas a derechos de autor. Solo en un caso, el de InfoPSP, hubo sentencia pero se trató de un pacto prejudicial entre las partes.

La sucesión de derrotas judiciales es una de las razones por las que la industria cultural se giró hacia el Gobierno para pedir su intervención. El resultado fue la inclusión en el proyecto de Ley de Economía Sostenible (LES) de una disposición para que sea una comisión administrativa y no un juez la que cierre estas páginas en diciembre pasado. La inmediata protesta en Internet obtuvo la concesión gubernativa de incluir una consulta previa al juez sobre si con el cierre de determinada web se podría estar vulnerando algún derecho fundamental.

'Hemos sostenido que en un mundo donde se pueden prestar libros hasta el infinito, el traje de la propiedad intelectual se ha quedado pequeño; compartir no estaba previsto en esta ley', añade Sánchez Almeida.

Aunque falta por conocer la sentencia, este mismo juzgado rechazó en julio pasado el cierre cautelar de Elrincondejesús que pidió la SGAE al inicio del procedimiento. Entonces, el auto del juez estableció una serie de consideraciones sobre la tecnología P2P que, de generalizarse en sede judicial, podría suponer un duro golpe contra los que intentan criminalizar el intercambio de archivos.

Sanchez Almeida adelantó también que su defendido estudiará si emprende acciones legales contra Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI) del Mº de Industria.  

La SETSI abrió un expediente a Jesús Guerra por no incluir su NIF ni su nombre en su página web como exige la ley en enero pasado. El expediente ministerial sirvió a la SGAE para demandar a Elrincondejesús  cuatro meses después.

Dos de los peritos han mostrado ante el juez que, al no incluir ningún tipo de publicidad que le genere ingresos, la legislación sobre comercio electrónico que usó la SETSI para multarle, no es aplicable.