El 15 de abril de 2004, un joven candidato a la presidencia del Gobierno defendía con entusiasmo su 'convencimiento' de que el principal reto de la economía española era 'sentar las bases de un crecimiento equilibrado y sostenible' y que ello suponía, 'ante todo', invertir en I+D+i. 'Eso significa, en definitiva, colocar la ciencia en el centro de nuestras prioridades', concluía José Luis Rodríguez Zapatero, en uno de los ejes de su discurso de investidura en el Congreso de los Diputados.

Siete años y medio después, ningún experto discute, ni siquiera en la oposición, el esfuerzo de inversión en investigación y desarrollo que ha realizado el Gobierno de Zapatero en estas dos legislaturas: la cifra total ha crecido un 30% en este periodo, muy por encima de la media europea (9,8%). Pero nadie se atreve a discutir tampoco que si la ciencia fue, en algún momento, 'el centro de las prioridades' del Gobierno, la crisis la desplazó, en 2010, a algún lugar de la periferia.

Zapatero aseguró en 2004 que la ciencia sería 'el centro' de sus prioridades

Precisamente 2010 iba a ser ese año en el que, según el programa electoral del PSOE en 2004, las políticas de I+D alcanzarían 'el 2% del PIB'. Se quedó en un 1,25%. 2010 fue también el año en que se aprobó el primer presupuesto menguante en ciencia después de 13 años ininterrumpidos de crecimiento.

Hasta entonces, la apuesta del Gobierno por la inversión en ciencia había sido clara y decidida. El año 2009 finalizó con el mayor presupuesto dedicado a la investigación de la historia de España, superando por primera vez los 10.000 millones de euros. El porcentaje respecto al PIB sobrepasaba, también por primera vez, la cifra del 1,5%.

La fortaleza en la inversión venía avalada, además, por la creación de un Ministerio propio, el de Ciencia e Innovación. La ministra elegida era Cristina Garmendia, científica de vocación y empresaria de profesión, por lo que tenía el perfil adecuado para afrontar uno de los clásicos problemas de la ciencia española: la escasa inversión privada en ciencia e innovación. Además, el Ministerio nacía con la cartera de universidades, donde se realiza el 60% de la investigación en España, una medida que intentaba solucionar un segundo gran problema: la escasa transferencia de conocimiento entre la investigación pública y la privada. La idea, en fin, era apoyarse en la ciencia para cambiar el modelo productivo español, y olvidarse del ladrillo en favor del laboratorio y los centros de alta tecnología.

El presupuesto de 2010 fue el primero que redujo la I+D+i en 13 años

La crisis frenó en seco las inversiones y los buenos propósitos. La Ley de la Ciencia, que reformaba la vetusta norma de 1986, fue retrasada para dar prioridad a la LES (Ley de Economía Sostenible). En el presupuesto de 2010, el castigo a Ciencia fue brutal y, de hecho, el Ministerio de Garmendia fue el que sufrió un mayor recorte en gastos no financieros (15%). Y el Gobierno también dio marcha atrás en su decisión de unir ciencia y universidades, cediendo su control, de nuevo, al Ministerio de Educación (aunque la investigación universitaria sigue ligada al de Ciencia e Innovación).

A pesar de los obstáculos, Garmendia llegó al Ministerio con una idea que ha logrado sacar adelante con el apoyo de prácticamente todo el Parlamento, salvo tres votos en contra: la Ley de la Ciencia, que flexibiliza la carrera investigadora, cambia becas por contratos y prevé la creación de una agencia de financiación de la investigación, un organismo que solicitan todos los agentes del sector científico desde hace años, porque reducirá la burocracia y estabilizará los presupuestos de las investigaciones. La ministra logró también que, tras el recorte de 2010, la inversión en I+D en 2011 se mantuviera estable, aunque para ello tuvo que poner su cargo a disposición del presidente del Gobierno.

Las sociedades científicas, muy críticas con la nueva ley y la paralización de las inversiones, creen que lo conseguido no es suficiente para transformar la economía española y competir, en igualdad de condiciones, con las del resto de países desarrollados. La media de inversión sobre el PIB en los países de la OCDE ya está en el 2,3%, y economías menos potentes como la israelí (4,2%), la finlandesa (3,9%) o la portuguesa (1,6%) superan a España en sus inversiones públicas en ciencia. En el caso de las inversiones empresariales, la cifra es aún peor: mientras en Israel la cifra es del 3,42% del PIB, o del 1,62% en la media de la OCDE, en España es el 0,72%. Y es un problema que ningún Gobierno ha sabido afrontar, con o sin crisis: en 1999, esa cifra era del 0,45%.