La batalla jurídica y campal desencadenada por las sociedades de autores y editores francesas a la caza de copias por la Red se ha convertido en la excusa perfecta para un acontecimiento escalofriante: Francia se ha convertido en la primera democracia que filtra Internet. Robocops privados tienen autorización legal para filtrar acceso, hurgar en discos duros y detectar IP en un marco jurídico más que confuso.

Es lo que pudo saber Público ayer tras consultar fuentes del ministerio de Cultura, de la Comisión Nacional Informática y Libertades (CNIL) y de asociaciones ciberresistentes como la Ligue Odebit (Liga Banda Ancha). Las empresas privadas que pilotan los robocops, por su parte, no quisieron responder a las preguntas de este diario.

Apoyándose en los Acuerdos Olivennes, firmados el 23 de noviembre entre el Estado, los suministradores de acceso a Internet y las sociedades de autores y editores, estas últimas han empezado a obtener autorizaciones para vigilar las redes de P2P, que permiten el intercambio de música y películas, y para imponer el filtrado en el acceso a la Red.

Esas autorizaciones les permiten pasar contratos con empresas privadas que disponen de los robots capaces de efectuar esa vigilancia técnica. Pero, según la CNIL, no les permiten conservar datos de las direcciones IP que identifican el hogar conectado.

Según fuentes de la CNIL, uno de los dos controles hasta ahora efectuados en el marco de autorizaciones recientes ya ha conducido a la apertura de un expediente de amonestación contra una empresa que, por orden de una sociedad de autores y editores, se estaba permitiendo el lujo de colectar datos nominativos, violando la privacidad de los internautas.

'Un control efectuado ha conducido a la apertura de un trámite de sanciones. La empresa tenía la obligación de asegurarse que el fichero de direcciones IP controladas a su paso por las redes P2P ese convertía en anónima antes de su conservación. Y no lo respetó: conservó datos nominales', explicó a Público Thomas Dauthieu, responsable de la unidad de control de la CNIL.

Amonestado

El responsable se negó a dar el nombre del cibersabueso, pero recordó que la autoridad de protección de la privacidad ha efectuado de momento sólo controles de dos de los robocops.

'Vamos a ser muy vigilantes al respecto, porque algunas de esas empresas se permiten el lujo de tender trampas, y se presentan ante los otros usuarios como utilizadores del P2P que ofertan el contenido de sus propios discos duros', explicaron fuentes de la CNIL.

La principal empresa con sede en Francia que ha obtenido contratos es Advestigo. La firma tiene entre sus clientes a gigantes como la SACEM (sector multimedia) o la mundial de los intereses del disco, la IFPI.

Los Acuerdos Olivennes, cuya firma -casualidades de la vida- dio lugar al primer encuentro entre Nicolas Sarkozy y la cantante Carla Bruni, prevén el despliegue progresivo de controles de filtrado de Internet y un mecanismo de sanciones a las web P2P.

Además, contienen una claúsula especialmente inquietante. Obliga a los suministradores de acceso a Internet a 'colaborar con las sociedades de derechos de autor con las modalidades de experimentación del filtrado de las redes' y a 'desplegarlos si se demuestran eficaces'.

Esa obligación entró en vigor fuera de todo marco legal. La ley que debe encuadrar la cuestión no llegará al Parlamento antes de marzo. 'El texto inicial preveía que la puesta en marcha del filtrado sólo llegaría después de la ley. Lo cambiaron a última hora', explica Pascal Cohet, portavoz de Ligue Odebit.

Además de pionera en los derechos de autor, Francia lo fue también en la reglamentación de un sistema de canon por derecho a “la copia privada”. El trato, en la época del K7 y el VHS, era el siguiente: un particular tiene derecho a copiar lo que quiera si es para su uso privado y familiar y, a cambio, acepta pagar un pequeño impuesto al comprar el más mínimo soporte virgen.

La recaudación de ese canon es efectuada por las sociedades de autores y compositores y, de momento, no cuenta con gran oposición. Se paga al comprar tanto un CD virgen como un DVD virgen, y todo el mundo parece aceptarlo: en 2003, permitió que los particulares pararan, en los tribunales, los intentos de ciertos editores de discos que introducían códigos que impedían la copia. El asunto empezó a complicarse con la generalización de los discos duros y las memorias flash.

En breve, la Comisión Albis que dictamina sobre ese canon por derecho a copia privada, va a tener que pronunciarse sobre un punto que podría sembrar más polémica: la tasa por los teléfonos móviles.

Del derecho de autor al tinglado omnipotente 

Enero de 1791. Primera ley.

Por inspiración del dramaturgo Georges Beaumarchais se aprueba la primera ley de la historia que protegía el derecho de autor. Entonces se trataba de garantizar la supervivencia de los paupérrimos escritores frente a la rapiña de ciertos empresarios de la industria entonces boyante del teatro.

Siglo XX. Llega la industria.

En dos siglos, el derecho de autor dio lugar a una de las industrias culturales, que ha compaginado mejor auge y calidad.

2006. Ley DADVSI. 

La batalla campal actual tiene su origen en la ley DADVSI de 2006, el primer régimen represivo especialmente pensado para el mundo digital. Tras las condenas simbólicas de algunos chavales, ávidos de pelis, las sociedades de autores y editores se declararon descontentas y arrancaron ese dispositivo legal. El Gobierno dio luz verde a un dispositivo tan exagerado –cárcel y cientos de miles de euros de multa– que varias de sus disposiciones fueron anuladas por el Consejo Constitucional y el Consejo de Estado, creando más vacío legal.

2007. Comienzan las querellas.

Esa ley abría la puerta a las actuales querellas contra los fabricantes de Limewire, Azureus, Morpheus y Shareaza.

2008. Ley anti P2P.

La nueva norma antiP2P, auspiciada por Denis Olivennes, presidente de la FNAC –¿conflicto de intereses?–, amplía considerablemente los poderes de la industria, que podrá localizar y denunciar ante una comisión oficial a los adeptos del P2P. Sin asistencia de un juez, estos recibirán mensajes de advertencia, primero, y luego serán desconectados e inscritos en una lista negra.