El Foro de Cultura Libre (fcforum.net) que arranca hoy en Barcelona reabre el debate sobre el futuro de Internet y el acceso a sus contenidos. Será también el lugar escogido para discutir los puntos que componen la Carta Europea de derechos de los ciudadanos en la era digital, nombre propuesto para un documento que se enviará al Gobierno de cara a la presidencia española de la UE.

Redactada por la Fundación para una Infraestructura de Información Libre (FFII.org) y otras organizaciones sociales, la carta esgrime que los gobiernos están obligados a garantizar derechos como la neutralidad de la Red, el servicio universal de banda ancha y 'la libre disposición de la ciencia, la cultura, el conocimiento y las tecnologías propiedad de las instituciones públicas'.

Los motivos para poner estos derechos por escrito son, según los organizadores, que hasta ahora deben deducirse de la legislación, lo que implica que los internautas sufren el riesgo constante de que estos derechos se reduzcan.

Se trata de aprovechar la presidencia española de la UE para desarrollar las medidas necesarias para la preservación de derechos, sin que cuestiones como la privacidad o el secreto a las comunicaciones sufra restricciones. 

Estos son los puntos básicos que recoge el documento de partida:

1. Garantizar que las operadoras u otras compañías no puedan interferir en la velocidad con la que los internautas acceden a distintas páginas o lo que se conoce como neutralidad de la Red.

Además, se especifica que este tráfico sólo podrá ser 'analizado en su contenido (...) bajo mandato y tutela judicial'.

2. Los ciudadanos tienen derecho a un servicio universal de banda ancha, algo sobre lo que las operadoras se han manifestado en contra en los últimos días. También se detalla que los internautas tienen derecho a 'disponer de información veraz y suficiente sobre las condiciones y calidades de las conexiones'.

3. Los ciudadanos tienen derecho a la 'libre disposición de la ciencia, la cultura, el conocimiento y las tecnologías propiedad de las instituciones públicas'.

4. Por último, la carta puntualiza el derecho de los internautas a relacionarse con las Administraciones Públicas mediante estándares abiertos.