Pronto puede llegar el comienzo del fin de fiesta para el libre intercambio de contenidos en la Red, según lo que determine el Parlamento Europeo después del verano. La libertad y el anonimato que existe actualmente en torno a la capacidad de las redes para que los usuarios puedan intercambiar datos, en forma de archivos y documentos de todo, puede sufrir un duro revés el próximo otoño, si finalmente el Parlamento aprueba una nueva normativa para el marco de las redes de datos.

Ayer, en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, se celebró la reunión de la Comisión de Mercado Interno y Protección del Consumidor (IMCO) donde se aprobó el envío a votación del denominado Paquete de Telecomunicaciones. Este abanico de directivas sobre telecomunicaciones, redes electrónicas y protección de los consumidores, cuenta con más de 800 enmiendas, donde han destacado principalmente tres que pretenden modificar el papel neutral de la Red en Europa, propuestas por el eurodiputado inglés del Partido Conservador, Malcolm Harbour.

Según sus detalles, estas enmiendas permitirían a los gobiernos establecer medidas técnicas para que los ISP puedan controlar los contenidos que se intercambian los usuarios de sus redes. Así, se podría llegar a admitir que los proveedores puedan ponerse en contacto con sus clientes para advertirles sobre las descargas de contenidos ilegales. Además, según estas enmiendas, los ISP podrían reducir la calidad de sus servicios con el fin de hacer inservibles las redes de intercambio de datos. Algo similar a lo que ya ha ocurrido en Francia, donde se permite cortar el acceso a Internet a los usuarios que descarguen archivos considerados ilegales, o en Inglaterra, donde se ha amonestado a usuarios que descargaban música a través de la Red.

Según el informe aprobado, con las propuestas que se votarán después del parón veraniego del Parlamento también podría admitirse que los proveedores de servicios de Internet cooperen con los productores de contenido en busca de actividades ilícitas. Esto convertiría de algún modo a los ISP en policías de la Red, para la vigilancia de los contenidos que viajen por sus redes.

Más allá de lo que se decida en el Parlamento Europeo, la legislación de cada país determina lo que puede ser señalado como actividades ilícitas en la Red, en cuanto al intercambio de datos. En un primer momento, aunque el operador es capaz de conocer la cantidad de datos que un usuario intercambia con el uso de programas o la navegación por la Red, requerirá de un control mucho más exhaustivo de las actividades del usuario el poder determinar cuál es la naturaleza de esos datos.

Así, de aprobarse algún tipo de regulación que sitúe al operador como vigilante de las actividades de sus usuarios, aún quedará por determinar los procesos técnicos por los que se llevaría a cabo este control. Además, aún falta poner en claro cuál será la situación que se producirá en el caso de que un mismo usuario reciba de forma reiterada mensajes de aviso  por parte del operador. Algo que en cualquier caso deberá especificarse en el contrato establecido entre el usuario y su empresa proveedora.

El camino de estas enmiendas hacia el Parlamento Europeo ha sido especialmente seguido y criticado en Internet por usuarios e incluso por instituciones como la Asociación de Internautas o comunidades de gran actividad como Barrapunto.

Desde que se conoció la propuesta del eurodiputado Malcolm Harbour, éstas recibieron rápidamente en la Red el nombre de enmiendas-torpedo, refiriéndose a su carácter destructor de la neutralidad de Internet.

Además, desde la Asociación de Internautas y otras comunidades y foros se ha instado a los usuarios a realizar el envío masivo de mensajes de correo electrónico a una larga serie de eurodiputados, con el fin de que éstas no lleguen a aprobarse después del verano en el Parlamento.

El pleno del Parlamento Europeo determinará a finales de septiembre si finalmente se aprueban estas directivas sobre telecomunicaciones y redes de datos y en qué términos.