España no está preparada para afrontar una posibilidad no tan remota: que se libere bajo la superficie un terremoto de una magnitud entre 6 y 7, el máximo que se puede esperar en este territorio. Un seísmo muchísimo menos grave que el ocurrido junto a Japón en marzo, pero que podría tener efectos devastadores en las actuales condiciones. La normativa de prevención y protección frente a sucesos sísmicos se ha relajado o está incompleta, en algunos casos a falta de desarrollar, y la información que aportan los científicos a los legisladores está pendiente de actualizarse.

Además, no se ha preparado a la ciudadanía para esta clase de situaciones, y la mayoría desconoce qué debe hacerse en caso de terremoto, incluso cuando viven en una región que no es inmune a sus riesgos. Los ciudadanos que fallecieron en la ciudad murciana de Lorca, en zona de peligro, cayeron víctimas de cascotes y tabiques que les sorprendieron en lugares en los que no deberían haberse colocado durante un seísmo.

Sevilla, Granada, Málaga, Almería, Murcia y Alicante son las zonas calientes'

En este contexto, el Colegio Oficial de Geólogos quiso advertir ayer de estos problemas mediante un decálogo de mejoras que ayudarían a evitar que el susto se convierta en tragedia. 'No sabemos cuándo será, pero sí sabemos dónde', aseguró el presidente de los geólogos españoles, Luis Suárez, quien señaló las provincias de Sevilla, Granada, Málaga, Almería, Murcia y Alicante como aquellas donde más rigurosos debían ser en la preparación de edificios y personas frente a terremotos. 'España tiene mecanismos para la prevención de riesgos naturales, lo que hay que hacer es desarrollarlos', aseguró Suárez.

Una de las principales peticiones de los geólogos es que se recuperen los estudios geotécnicos previos a la edificación. El año pasado dejó de ser obligatorio para los constructores contar con un visado que certifique que se ha realizado un análisis de las características del terreno, en relación al tipo de construcción prevista y al entorno donde se ubica.

Este visado fue obligatorio entre 2007 y 2010, al aprobarse el Código Técnico de Edificación, pero se retiró tras la desaparición del Ministerio de Vivienda porque suponía muchas trabas al procesoedificador.

Ya no se exige a los constructores un visado de análisis del terreno

Lo ocurrido en Lorca aporta más lecciones que pueden aprenderse frente a futuros eventos. Buena parte de los edificios no estaban adaptados a la normativa sismorresistente, la que señala qué requisitos deben cumplirse en las construcciones para estar preparadas ante los terremotos que se pueden producir en una zona determinada.

'Los edificios fuera de la norma son los que se han comportado mal', aseguró Suárez, quien trazó un paralelismo entre la falta de controles que han causado la crisis económica y la relajación de la vigilancia dirigida a la prevención de terremotos. 'El beneficio económico pesa mucho', expresó.

Precisamente ayer se celebró en Granada el IV Congreso de Ingeniería Sísmica, en el que los expertos allí reunidos achacaron los daños sufridos en Lorca a fallos en la construcción, fundamentalmente en cerramientos y albañilería, y al incumpliento de la ley. 'No planeamos los edificios desde conceptos sismorresistentes', indicó el arquitecto y especialista en vulnerabilidad sísmica estructural Patrick José Murphy Corella, que ha participado, junto con la Unidad Militar de Emergencias (UME), en la evaluación de los daños sufridos en la localidad murciana.

De los primeros datos extraídos sobre el terreno, los expertos concluyen que en España existe, por lo general, una falta de conocimiento de las normas sismorresistentes vigentes. 'No hemos conseguido que esos conocimientos lleguen a todos los profesionales que intervienen en la construcción de las edificaciones', precisó Corella.

Alex Barbat, presidente de la Asociación Española de Ingeniería Sísmica (AEIS), expresó la falta de preparación de España en este ámbito: 'Japón nos lleva más de 50 años de ventaja porque ha desarrollado estructuras muy resistentes desde los años 20, tras el terremoto que devastó Tokio en 1923', informa Amina Nasser.

En la localidad murciana sufrieron daños graves los edificios antiguos, del casco viejo y, en general, todos las construcciones previas a la primera normativa sobre terremotos, de 1974. En este apartado, los geólogos proponen que la Inspección Técnica de Edificios (ITE) se concentre en lograr que todos los edificios situados en zonas de peligrosidad sísmica se adapten a la normativa en un plazo de cinco años. Esencialmente, las infraestructuras críticas y de especial importancia como hospitales, edificios de bomberos, de comunicaciones, depósitos de agua y gas, centrales eléctricas... Todo, a pesar de los importantes costes económicos que esta adecuación pueda suponer.

Las comunidades autónomas tienen la obligación de elaborar mapas de riesgos naturales, desde inundaciones a seísmos, en virtud de la Ley del Suelo. Sin embargo, según denuncian los geólogos, sólo Aragón ha adaptado su normativa de suelo a estas exigencias. Murcia, como casi toda España, no contaba con esta herramienta, y ni siquiera había desarrollado una normativa específica actualizada sobre peligrosidad sísmica.

Los geólogos también piden a las autonomías que las consejerías de ordenación del territorio elaboren estudios específicos de vulnerabilidad sísmica. Se trata de trazar mapas a escala local en los que se señale qué tipo de daños pueden esperarse en cada terreno de un municipio.

Desde el plano científico, Lorca refuerza la necesidad de reformar el Mapa de Peligrosidad, la biblia sobre prevención de seísmos de la que parte la normativa aplicable en cada lugar en función de sus riesgos. Este mapa, que se actualiza una vez por década, se quedó muy corto en el terremoto lorquino. Según indica, en la zona en la que se ubica la localidad, sobre la falla de Alhama, se debía esperar un seísmo que como máximo produjera una aceleración del terreno de 0,12g (el coeficiente que mide la fuerza del temblor de la tierra). El día 11 de mayo se desató una sacudida de 0,36g, justo el triple de lo esperado.

Un total de 1.544 edificios del casco urbano de Lorca y algunas pedanías presentaba ayer código amarillo o rojo, para indicar precaución o prohibición de acceso, respectivamente, según informó el concejal de Urbanismo, Francisco García. Son un total de 8.352 viviendas. De las 589 construcciones con código rojo, 17 presentan riesgo de colapso estructural. García señaló que el objetivo es 'salvar los edificios, una vez garantizada la seguridad de las personas', informó ayer la agencia Efe. El último parte municipal revela que se ha decretado la demolición de cinco bloques del barrio de La Viña, aunque inicialmente sólo se derribarán dos, a la espera de comprobar el comportamiento de los otros tres. También hay dictadas órdenes de demolición para una nave industrial, una vivienda en la pedanía de El Consejero, una casa unifamiliar y el edificio Benemérita, de cuatro plantas y ubicado junto al cuartel de la Guardia Civil.