La fiebre del ladrillo que inundó todo el litoral español se ha frenado en seco por culpa de la crisis financiera, pero la degradación de las costas no se ha parado por ello. Ahora son otros los males que dañan playas y bahías, aunque las causas sigan estando en muchos casos en una mala gestión de aquel desarrollo insostenible. Depuradoras deficientes que no estaban preparadas para el volumen de agua que deben tratar en los meses de verano, cuando acuden los turistas. Obras que perpetúan el modelo de sol y playa y que desarrollan construcciones en el litoral sin observar la Ley de Costas. Vertidos descontrolados de aguas fecales o residuales de industrias costeras. Son las conclusiones del informe anual Banderas negras sobre la degradación de la costa de la organización Ecologistas en Acción, que este año tiene como subtítulo Esto es una barbaridad, y del que se pueden extraer seis graves casos, de los más de 70 que describe el informe, y que valen como ejemplo de lo que está sucediendo en los márgenes marítimos de España.

La localidad vizcaína de Muskiz concentra en su entorno varias de las agresiones al litoral más comunes en España. Para empezar, la refinería de Petronor lleva tres décadas creciendo en el estuario del río Barbadún. Un crecimiento que, lejos de frenarse, se relanzó en 2009 con la construcción de una planta altamente contaminante dedicada al tratamiento de productos derivados del petróleo. Además, a finales de este año se pondrá en funcionamiento una central de ciclo combinado que dará abastecimiento energético a la planta de Petronor. Según denuncia Ecologistas en su informe, estas nuevas instalaciones incrementarán los vertidos de aguas residuales, que hace años sufría el río Barbadún y que ahora se derivarán directamente al mar.

También en Muskiz lleva varios años en marcha el desarrollo de una urbanización de lujo de 64 pisos y 60 chalets junto a la playa de La Arena, a pesar de haberse topado con resoluciones judiciales (incluido el Tribunal Supremo) y políticas en contra. Por si todo esto fuera poco, en el contexto vizcaíno de Santurtzi, Zierbena y Muskiz se sigue extrayendo fondos marinos para la ampliación del puerto de Bilbao, casi cinco millones de metros cúbicos de arena cuyo impacto se notará en la desaparición de flora y fauna marina de la zona.

El informe critica la situación global de las playas barcelonesas, en cuya regeneración se han gastado 70 millones de euros en la última década, 11 de ellos tras fuertes temporales que no habrían sido tan dañinos con una gestión apropiada del entorno. En La Barceloneta, uno de los lugares más turísticos de la capital catalana, se han utilizado más de medio millón de metros cúbicos de arena 'para abastecer a terrenos privatizados', como denunció ayer el coordinador de Costas de Ecologistas en Acción, Jorge Sáez, durante la presentación del informe en Madrid.

A esta situación se suma la colocación de numerosos diques y espigones sumergidos y elevados que pretenden consolidar sus arenas y así evitar que se tengan que reponer periódicamente por culpa de la alteración de la línea de costas. Sin embargo, este proyecto que carece de declaración de impacto ambiental provocará un grave problema de circulación del agua que obstaculizará el equilibrio costero.

Un total de 170 millones de euros, más del 60% del presupuesto de la Dirección General de la Costa y el Mar, se dedicó el año pasado a cimentar la costa con paseos marítimos y regeneraciones de playas.

El municipio cántabro de Piélagos tiene sobre la mesa cuatro sentencias por cumplir, que afectan a otras tantas urbanizaciones levantadas junto a la costa de forma ilegal. Según exigen las resoluciones judiciales del TSJ cántabro, el Consistorio debería derribar las 67 casas que se edificaron en medio de servidumbres de paso después de que el alcalde calificara el suelo como urbano sin que este cumpliera las condiciones necesarias.

Las viviendas no sólo rompen una línea del litoral con alto valor paisajístico, sino que comienzan a convertirse en un problema de contaminación por los vertidos de aguas fecales sin depurar. Aunque algunos de los derribos comenzaron a ejecutarse, el Gobierno de Cantabria aprobó un Plan de Ordenación del Litoral para 'dar cobertura legal a las urbanizaciones y entorpecer la ejecución de las sentencias', según el documento. En total, este cambio legislativo podría suponer que se sortee el derribo de más de 500 edificaciones.

Estas condiciones de desarrollo urbanístico en la costa cantábrica también se dan en Asturias y Galicia. Ecologistas en Acción denuncia que tras el vertido del Prestige se han concedido más de un millar de licencias para nuevas viviendas en Fisterra (en la Costa da Morte) de las que muchas serían ilegales, según denuncia el informe. El Gobierno asturiano, por su parte, ha aprobado un Plan de Ordenación del Litoral que, aunque protege los primeros 500 metros de costa, facilita administrativamente el acceso a la costa de los promotores inmobiliarios. 'Con aparcamientos y zonas de ocio abren el camino al desarrollo urbanístico', denuncia Sáez.

Durante el último año, la costa onubense ha recibido la buena noticia de la paralización de los vertidos de fosfoyesos de Fertiberia, que ha estado castigando durante 31 la marisma con estos productos tóxicos y radiactivos. Sin embargo, el litoral de Huelva sigue sufriendo. Los ecologistas denuncian que desde hace décadas los intereses inmobiliaros dominan el enclave de dunas y marismas que rodean Isla Canela (en Ayamonte), donde, a pesar de varios cambios en el planeamiento urbanístico desde 1993, 'buena parte de la primera línea de playa y las dunas costeras han desaparecido bajo los bloques de urbanizaciones', asegura el trabajo. La ONG denuncia que la voracidad del ladrillo acabó por completo con una playa natural y con los bosques de retamas de Isla Canela.

'El urbanismo está dormido, pero no muerto', advierte la coordinadora de Costas de Ecologistas, Natalia Martín, quien recuerda que la 'artificialización' del suelo creció entre 2000 y 2006 a un ritmo de 3,37 hectáreas por hora según el último informe del Observatorio de Sostenibilidad, lo que duplica ampliamente la tasa de 1987-2000. En cualquier caso, los ecologistas reconocen que las banderas negras en el apartado urbanístico han caído considerablemente en comparación con años previos.

Las ciudades autónomas funcionan como un escenario peculiar en el que se concentran muchas de las tropelías que se denuncian en el informe, en muchos casos justificados por 'motivos de seguridad nacional'. A Ceuta, el informe considera que debe otorgarle 'una gran bandera negra conjunta a todo su litoral', ya que cinco de sus playas están sometidas a la salida continua de aguas fecales.

En Melilla, la desalinizadora vierte salmuera directamente sobre los acantilados de Aguadú, a pocos metros del LIC marítimo terrestre, poniendo en peligro a numerosas especies de moluscos de interés. En esta ciudad se pretende ampliar el puerto comercial en más de 50 hectáreas, lo que sepultaría una de las principales colonias de lapas del Mediterráneo, más de 15.000 ejemplares.

Los ecologistas denuncian que en España no hay un plan global para el desarrollo portuario, sino que estos compiten entre sí, y critican que la propia Dirección General de Puertos 'carece por completo' de una visión de conjunto de las necesidades españolas de estas infraestructuras.

El caso de Benicàssim (Castellón) es similar al de La Barceloneta, ya que su costa se halla defendida por un entramado de espigones que protegen unos edificios que 'no aportan nada a la economía local sostenible y, sin embargo, consumen enormes cantidades de dinero público', según denuncia el informe.

Por si fuera poco, en la localidad castellonense se están realizando unos vertidos residuales ilegales que la organización llevará a los tribunales, según anunció ayer. Precisamente, el apartado de los vertidos es uno de los factores para la adjudicación de banderas negras que más ha subido este año, 'casi un 10%', según Sáez. El paradigma del vertido residual es la famosa 'cascada de la Merda' en Benidorm, que vierte 37.000 m3 de agua al día al Parque Natural de Sierra Helada.

Las aguas residuales no se tratan como deberían 

Ecologistas en Acción denuncia que en ninguna comunidad se depura ni reutiliza el agua como debería. Esto motivó que el Tribunal de Luxemburgo haya multado a España por el vertido de las aguas residuales de 38 áreas urbanas de más de 15.000 habitantes sin el debido tratamiento. La ONG asegura que bastaría con cumplir la Directiva Marco de Aguas, aunque hay un déficit generalizado de infraestructuras.  

Municipios afectados. Vigo, Urdaibai (Vizcaya), Deba (Guipúzcoa), Salou (Tarragona), Pineda y Malgrat de Mar (Barcelona), Valencia, Almería, Estepona y Santa Cruz de Tenerife. 

La presión urbanística ahoga el suelo 

En España el suelo no se gestiona según las necesidades de la población, sino por el interés del inversor. Esto se traduce en una 'situación de degradación' de la costa que, según los ecologistas, exige que los mínimos que establece la Ley de Costas se cumplan sin excepciones. Sin embargo, el informe pone de manifiesto que partidos como el PP y CiU han promovido dichas excepciones. 

Municipios afectados. Fisterra (A Coruña), Cudillero (Asturias), Piélagos (Cantabria), Muskiz (Vizcaya), Barcelona, Altea (Alicante), Marbella, Mojácar y Novo Sancti Petri (Cádiz).  

La contaminación de las industrias continúa 

A veces, las leyes no bastan para evitar abusos. Así, Ecologistas en Acción pide una reforma de la Ley de Responsabilidad Ambiental, que reconoce como un 'avance importante'. La organización sostiene que un desastre como el hundimiento de la plataforma ‘Deepwater Horizon' quedaría sin castigar en España, y aboga por cambios que fomenten la responsabilidad de las empresas.  

Municipios afectados. Marín (Pontevedra), Armental y Tapia de Casariego (Asturias), Suances (Cantabria), Barcelona, Algeciras, Huelva y Pájara (Fuerteventura), entre otros.  

Una planificación de puertos descuidada 

La construcción de nuevos puertos en España no se planifica en función de las necesidades. De hecho, los ecologistas denuncian que no se planifica en absoluto. Aún así, los puertos de interés general proliferan, lo que, según el informe, responde a una apuesta por las energías fósiles y a una estrategia para amparar la economía de las grandes empresas constructoras.  

Municipios afectados. Mugardos, Gijón (Asturias), Pasajes (Guipúzcoa), Granadilla (Tenerife), A Coruña, Vigo, Tarifa, Cartagena, Melilla, Sagunto, Valencia e Ibiza. 

Las obras en las costas deben detenerse 

La organización ecologista pide acabar con el contrasentido de una situación común en España: que el Ministerio de Medio Ambiente financie obras de gran impacto ambiental, como paseos marítimos y diques, para tener posteriormente que autorizar y financiar proyectos de regeneración de playas, que no se mantienen por esas mismas obras. Para ello, piden desbloquear la Estrategia de Sostenibilidad de la Costa, aprobada en la anterior legislatura.  

Municipios afectados. Granada, Ayamonte (Huelva), La Línea de la Concepción (Cádiz), Carboneras, Fuengirola, Tavernes y Piles (Valencia), Barcelona, Santurtzi y A Coruña, entre otros.