La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa ha archivado la investigación por el supuesto espionaje de los coches de Google. Según la decisión, el fiscal no puede dilucidar delito alguno de lo averiguado. Pero también reconoce que la investigación no ha podido ir más allá porque 'los soportes de datos originales no se encuentran ya en territorio español'. De hecho, están en EEUU.

En junio pasado, el fiscal delegado para la delincuencia informática de la fiscalía de Guipúzcoa, Jorge Armando Bermúdez, abrió una investigación a Google al tener noticia de que los coches que está usando para tomar fotografías para su servicio Street View recogían al mismo tiempo datos de las comunicaciones de los vecinos. A orden suya, la Brigada de Investigación Tecnológica de la policía analizó uno de los vehículos, tomando incluso imágenes.

'Pero allí sólo había un disco duro con su sistema operativo de arranque', explica el fiscal. Los discos con la información recogida ya no estaban. Google los había desmontado y enviado a EEUU. Además, aunque los pidiera la fiscalía, de poco servirían. 'La cadena de prueba ha sido comprometida', recuerda Bermúdez. Para que un disco de este tipo fuera una prueba válida debería de haber sido precintado por la policía. 'No tenemos de dónde seguir tirando', dice el fiscal.

Aunque la investigación acredita el uso de programas de rastreo de redes inalámbricas (ver apoyo), con la información de la que dispone la fiscalía, ha decidido archivar el caso. Entre los razonamientos del decreto se recoge que 'el carácter aleatorio, indiscriminado y fragmentario de la técnica utilizada por los automóviles de Street View impide que se haya obtenido información que, per se, suponga el descubrimiento de secretos o la vulneración de la intimidad que exige el tipo penal', dice el decreto al que ha tenido acceso Efe. Google no ha querido realizar declaraciones.

'Si los coches de Google espiaran a una persona concreta, sería delito', recuerda el fiscal. Pero en este caso, se ha realizado el rastreo de forma indiscriminada, lo que también sería una actividad delictiva sólo si la información recogida hubiese sido analizada y clasificada. La investigación considera que este tratamiento sólo se aplicó a los datos identificativos (el nombre de la red WiFi y el número de identificación del dispositivo) pero no al contenido de las comunicaciones. 'El volumen de datos es incomprensible', explica Bermúdez. Su decreto también dice que no hay el menor indicio de que Google haya comerciado con esta información.

Con este archivo, se cierra uno de los tres frentes que Google tiene abiertos en España por culpa de un error de programación, según la compañía. Aún queda la investigación que tiene abierta la Agencia Española de Protección de Datos, cuyo informe preliminar estará listo en unas semanas, y la denuncia que lleva el Juzgado de Instrucción nº 45 de Madrid, que ha citado al representante de Google en España para el mes que viene.