El Gobierno de Mariano Rajoy ejecutará 'una reforma muy profunda' de la Ley de Costas, la normativa que desde 1988 defiende el carácter público del litoral español e intenta evitar su privatización. La ley, que impide la construcción en los primeros metros de costa e implica derribos, estuvo en el olvido durante los gobiernos de Felipe González y José María Aznar, pero el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero la sacó del cajón.

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, anunció la reforma en la toma de posesión de varios de sus altos cargos. El cambio pretende 'armonizar el desarrollo económico con la decidida protección de nuestros recursos naturales', según apuntó.

El anuncio ha soliviantado a las organizaciones ecologistas más activas en la defensa del litoral, como Greenpeace, que advirtió que promoverá 'fuertes movilizaciones' si la reforma impulsa la destrucción de la costa. En 23 años, la ley se ha aplicado ya en más de 9.000 kilómetros del litoral español, pero todavía quedan cientos de kilómetros al margen de la legislación. Las provincias más problemáticas son Alicante y Huelva.

Con este anuncio, Greenpeace ve 'peligrar los últimos tramos de costa virgen', expresó la ONG en un comunicado. Polémicos proyectos como los de Marina de Cope (Murcia), diez puertos deportivos en Balears, los puertos de Pasaia (Gipuzkoa) y Tarifa (Cádiz) o el macroproyecto hotelero en El Palmar (Cádiz) tendrían 'vía libre para desarrollarse sobre la primera línea de costa', teme Greenpeace, como ya ocurrió con el polémico hotel de El Algarrobico (Almería), pendiente de derribo. Un portavoz del gabinete de Arias Cañete no entendía las protestas ecologistas. 'De momento no hay ninguna reforma, sólo el anuncio y punto', explicaba.

La modificación de la Ley de Costas, que no figuraba en el programa electoral de Mariano Rajoy, era esperable. El PP ya propuso varios cambios estando en la oposición, tanto en el Senado como en el Congreso. Las casas construidas antes de 1988 recibieron una concesión de 30 años para que la ley no resultara confiscatoria. Previsiblemente, la reforma de Arias Cañete podría ampliar ese plazo en algunos casos, más allá de 2018.

'Sí a los chiringuitos', declaró Rajoy en mayo, ante el supuesto fin de estas instalaciones turísticas en las playas. El Gobierno socialista había explicado, en medio de la polémica, que sólo ocho de los 400 chiringuitos del País Valencià vulneraban la Ley de Costas.