El presidente depuesto hondureño Manuel Zelaya inició contactos informales con el Gobierno de facto en un nuevo intento por recuperar el poder, pero al mismo tiempo denunció un asedio a la embajada de Brasil, donde está refugiado desde el lunes.

En las calles de Tegucigalpa, unos 3.000 partidarios de Zelaya marchaban una vez más exigiendo su restitución, mientras el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condenaba los "actos de intimidación" que ha sufrido la embajada.

Zelaya denunció el viernes acoso por parte de militares que están apostados desde hace días en los exteriores de la embajada, y dijo que se arrojaron gases tóxicos dentro de la casa de dos plantas donde permanece con unas 62 personas entre partidarios, periodistas y diplomáticos de Brasil.

"Tenemos un ataque de gas tóxico", dijo Zelaya en rueda de prensa, mostrando fotos de militares instalando aparentemente tubos en las cercanías de la embajada que supuestamente estaban utilizando para enviar el gas.

"Interpretamos claramente que no les interesa el diálogo, quieren seguir usando la fuerza, quieren amedrentarnos, aterrorizarnos con el fin de consumar su crimen en contra del pueblo hondureño", dijo Zelaya en rueda de prensa, donde dijo sentir malestar estomacal a raíz de los gases.

Un fotógrafo de Reuters que está dentro de la embajada afirmó que a media mañana un olor similar al del insecticida invadió la sede y que algunas personas escupieron sangre.

El Gobierno de facto que encabeza Roberto Micheletti dijo en un comunicado que es "totalmente falso" que fuerzas de seguridad hayan echado gases tóxicos a la embajada, y que en la zona sólo hay un operativo de limpieza.

Zelaya pidió a sus partidarios en toda Honduras que viajen a la capital para presionar al Gobierno interino instalado tras el golpe militar que lo derrocó hace tres meses.

"La resistencia no debe disminuir la presión sobre el régimen golpista si nosotros realmente queremos revertir este proceso", dijo en una entrevista con el canal de televisión Cholusat Sur.

Zelaya fue sacado del país a punta de rifle por militares el 28 de junio, el mismo día en que planeaba realizar una consulta popular que abriera paso a una reelección presidencial, algo que fue visto como sus detractores como un intento de perpetuarse en el poder influenciado por su aliado, el presidente venezolano Hugo Chávez.

En la embajada, bajo un sitio de policías y militares armados que mantienen acordonada la zona, recibió entre el martes y el miércoles a un emisario del Gobierno de facto y a candidatos presidenciales, pero dijo que no ve una voluntad real de diálogo.

"Se han establecido enlaces informales para que inicien las pláticas que conlleven al diálogo, pero eso no podrá avanzar hasta que se vea un cambio de actitud en el actual régimen de facto", dijo en un comunicado.

Los candidatos a las elecciones presidenciales de finales de noviembre conversaron el jueves con el presidente de facto Roberto Micheletti y más tarde con Zelaya.

El Gobierno de facto y los candidatos presidenciales apuestan por que las elecciones de noviembre pasen la página de la crisis. Pero la comunidad internacional ha dejado claro que no reconocerá a un Gobierno elegido bajo estas condiciones.

BRASIL, INDIGNADO ANTE EL CONSEJO DE SEGURIDAD

El canciller brasileño, Celso Amorim, rechazó ante el Consejo lo que describió como "amenazas" contra la seguridad de Zelaya, que ha denunciado planes para asesinarlo dentro de la embajada.

"Es imperativo asegurar que el régimen de Honduras respete plenamente y cumpla con la Convención de Viena en relación con la embajada de Brasil, en particular su inviolabilidad y la seguridad de su personal y la gente al interior", dijo.

Más tarde, el Consejo respaldó a Zelaya y al Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva pero no abundó en el tema de fondo de la crisis.

"Condenamos actos de intimidación contra la embajada brasileña y apelamos al Gobierno de facto de Honduras a cesar el hostigamiento a la embajada brasileña", dijo la embajadora estadounidense y actual presidenta del Consejo de Seguridad, Susan Rice, a periodistas tras la reunión sobre Honduras.

El Gobierno de facto insiste en que la restitución de Zelaya depende de la Corte Suprema de Justicia, que lo destituyó por una supuesta violación constitucional, y del Congreso, que designó al presidente de facto.