El presidente del Grupo Arturo Cantoblanco y vicepresidente de la CEOE, Arturo Fernández, dará entrada a un 'family office' -grupo familiar de matriz española- en la compañía con la venta del 51% por un importe de entre 50 y 70 millones de euros, según ha informado el empresario madrileño.

La operación, cuyo protocolo se firma la tarde del viernes en Barcelona y se ratificará ante notario el próximo lunes, se realizará a través de una ampliación de capital que suscribirán los nuevos accionistas. Los 'family office' son firmas que gestionan las inversiones de grandes patrimonios y ayudan a una familia o a varias a gestionar su patrimonio, ya sea financiero, empresarial o inmobiliario.

Tras la operación, el también presidente de la patronal madrileña CEIM se mantendrá como primer ejecutivo del grupo, con un 49% del capital y dos consejeros, mientras que su nuevo socio ostentará el cargo de consejero delegado y contará con otros dos miembros en el consejo de administración.

Se trata de un acuerdo para todo el grupo, que regenta restaurantes y da servicios a holetes, colegios y organismos públicos, con un capital humano que ronda los 3.800 profesionales en más de 180 establecimientos que ofrecen más de 50.000 comidas diarias. El pasado mes de abril Arturo Fernández ya fusionó parte de su compañía -la división de Colectividades que se encarga de la restauración en edificios corporativos o institucionales- con la empresa Mediterránea. Ahora, algunos medios apuntan que esta nueva venta del 51% del Grupo Cantoblanco será a esa misma compañía, Mediterránea.

La compra llega pocos días después de que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT)  reclamara al Grupo Cantoblanco Alimentación SL, el pago de una deuda de 416.865,66 euros. Para acelerar el proceso decidió embargar los créditos que consten a favor de dicha empresa.

Se daba la circunstancia, además, de que Cantoblanco controla la concesión de la cafetería y el restaurante del Congreso de los Diputados y por ello Hacienda ha remitido a todos los grupos parlamentarios una diligencia a principios de noviembre instándoles a que si tienen algún pago pendiente, lo tendrán que abonar directamente al Fisco. La reclamación de Hacienda a Arturo Fernández es una más producto del agujero de 3,6 millones de euros que sus grupos empresariales tienen con el Fisco y la Seguridad Social.

A todo esto se suma que, el pasado 15 de noviembre el Congreso confirmaba la rescisión de esta relación contractual que mantenía desde hace más de 20 años con el Grupo que lidera Arturo Fernández , quien llevaba las riendas de los restaurantes de la institución. Según avanzaban fuentes parlamentarias, a partir de 2014 este servicio va a pasar a manos de la empresa Eurest, una compañía española perteneciente a un grupo británico, que ha ganado el concurso público convocado el pasado mes de mayo.

En la misiva de Hacienda se explicaba que la cantidad que adeuda el vicepresidente de la patronal asciende a 416.865,66 euros y que los grupos, en el caso de deber algo a los establecimientos de Cantoblanco, deberán hacer el ingreso 'en el plazo máximo de 10 días a contar desde la siguiente fecha' a la recepción de la diligencia. Es decir, que si por ejemplo un grupo ha organizado una comida o ha encargado un catering a la cafetería y no lo ha abonado aún, ahora el pago lo tendrá que efectuar en las cuentas de Hacienda.

A parte de sus problemas con Hacienda, el pasado mes de febrero la cadena SER desvelaba que Fernández, pagaba en dinero negro parte de los sueldos de sus empleados del grupo Arturo Cantoblanco durante años. Varios empleados y exempleados lo confesaron a la emisora, algunos de ellos sin querer dar sus nombres reales por temor a represalias laborales.

El método era muy sencillo. Los trabajadores del grupo recibían a mes vencido un sobre con los billetes, que a veces llegaban a suponer hasta la mitad del salario de ese mes. Esos pagos en B correspondían fundamentalmente a las horas extras realizadas y a complementos por responsabilidad.

Esta práctica se realiza para evitar cotizar las distintas remuneraciones a sus empleados, lo que supondría un delito de fraude a la Seguridad Social y a Hacienda y también podría incurrirse en un delito contra los derechos de los trabajadores.