La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, negó el viernes que la ministra de Cultura hubiera sido desautorizada por el jefe del Ejecutivo en la polémica creada por la regulación de los contenidos de Internet, y prometió seguir debatiendo la norma para armonizar los derechos de internautas y creadores.

José Luis Rodríguez Zapatero tuvo que salir el jueves al paso para asegurar que en ningún caso se iba a cerrar ningún espacio en Internet, después del vendaval de reacciones en la Red provocado por las medidas de protección de la propiedad intelectual que contempla la nueva Ley de Economía Sostenible.

"Las declaraciones del presidente del Gobierno no suponen ninguna desautorización en absoluto a la ministra", aseguró De la Vega en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, después de que el portavoz del Partido Popular Esteban González-Pons pidiera la dimisión de Ángeles González-Sinde por considerarla desautorizada.

"(La Ley) es una iniciativa del Gobierno, y no sólo del Ministerio de Cultura, que por cierto parece lógico que defienda la creación intelectual y sus derechos. Es su tarea, y una tarea que el presidente del Gobierno está convencido que la ministra está llevando adelante acertadamente", añadió la vicepresidenta, asegurando que Sinde no se había planteado dimitir.

La ministra mantuvo el jueves por la mañana un encuentro con blogueros y profesionales de la Red para intentar calmar los ánimos con la comunidad de Internet, aunque la reunión terminó sin acuerdo y con internautas anunciando manifestaciones para el viernes por la tarde en diversas capitales españolas.

Horas después, Zapatero señaló en rueda de prensa que el Gobierno aclararía "lo que haya que aclarar en el anteproyecto del ley", aunque subrayó que había que encontrar una fórmula para proteger la creación intelectual.

"Por la mañana aseguraba que no se cambiaría ni una coma del proyecto de ley, se mantuvo todo el día una presión fuerte por parte del ministerio y finalmente el presidente ha dicho que quizá lo cambie, tampoco ha sido muy claro", dijo González-Pons en la Cadena Ser.

El principal caballo de batalla de esta guerra es la creación de una comisión administrativa dependiente del Ministerio de Cultura que podría decidir la clausura o bloqueo de una web, sin necesidad de una autorización judicial, que aloje o facilite sin permiso vínculos a ficheros sujetos a derechos de autor, como películas, canciones y videojuegos y se lucre con ello.

EL GOBIERNO, "SENSIBLE"

Cultura defiende que se trata de hacer frente a situaciones de ilegalidad y asegura que no se trata de perseguir al usuario particular de Internet, pero la Red ha ardido estos últimos días con críticas a lo que considera una "chapuza jurídicamente insostenible".

De la Vega quiso tranquilizar el viernes a los internautas preocupados por la cuestión asegurando que el Gobierno "es sensible" a las reivindicaciones tanto de los creadores como de los internautas.

"Unos y otros son ante todo y por encima de todo ciudadanos, y desde luego el Gobierno tiene que garantizar y armonizar los derechos de unos y otros. De todos", declaró la vicepresidenta, reconociendo la complejidad del tema, "con muchas vertientes, muchos planos de debate que abordar en su conjunto".

"La cuestión a mi juicio no debe ser enfocada ni planteada como un enfrentamiento entre dos sectores o entre dos bandas, porque de lo que estamos hablando es de armonizar los derechos e intereses vinculados a la Red y a la propiedad intelectual", señaló.

La vicepresidenta subrayó que la reforma aún está en fase de anteproyecto y que por tanto aún queda mucho camino por recorrer.

"No tenemos que tener miedo a los debates en democracia, siempre nos aportan luz, y por lo tanto vamos a seguir debatiendo", afirmó.