'Todo el mundo hizo lo que tenía que hacer' con el secuestro del Alakrana. La vicepresidenta primera del Gobierno prologó con esta rotundidad las tres palabras a las que redujo el principio básico de actuación del Ejecutivo ante esta crisis: 'Cumplir la ley'. No trataba de ser una declaración de arrogancia política, sino un esfuerzo de pedagogía.

María Teresa Fernández de la Vega buscó con esta fórmula hacer aprehensible la raíz del problema que ralentiza la resolución del secuestro: la detención de dos piratas implicados en el abordaje, y atajar al mismo tiempo cualquier especulación sobre las circunstancias de su arresto y posterior encarcelamiento en España.

'No ha habido polémica ni división' entre los gestores de la crisis

'¿Error? No puede ser un error cumplir la ley', argumentó. Y las leyes, nacionales e internacionales que amparan a la operación Atalanta contra la piratería , 'son muy claras', según la vicepresidenta, tanto que no tuvo problema en asumir 'toda la responsabilidad' en torno a la gestión del secuestro.

Desde esta premisa, la portavoz del Ejecutivo negó la existencia de diferencias en la célula de crisis que preside sobre la conveniencia de trasladar o no a España a los piratas detenidos por la Armada.

El Gobierno considera que las especulaciones obstaculizan la labor de los actores implicados en su resolución. Para reconducir el problema a un obligado escenario de discreción, la vicepresidenta insistió en que 'no ha habido, hay, ni habrá discrepancias en el seno del Comité de Coordinación'. 'No ha habido polémica, debate ni división', reiteró. Se ha actuado de manera 'ordenada, coordinada y por unanimidad', concluyó la vicepresidenta al tiempo que recordaba la secuencia de acontecimientos que se han precipitado desde el inicio del secuestro, hace 44 días. 'Nuestro país es un Estado de Derecho que funciona y, cuando se vulnera, las leyes actúan'. No ha ocurrido otra cosa en torno al Alakrana, según De la Vega.

Enviar a los piratas detenidos a Kenia 'ni se planteó' para ajustarse a la ley

La posibilidad de conducir a los dos detenidos a Kenia en lugar de entregarlos a la Audiencia Nacional 'no se debatió, no estuvo en la mesa, ni se planteó', insistió De la Vega. Y no se discutió porque 'no cabía hacerlo' de acuerdo con lo que dictan la leyes, que son 'inequívocas' en esta materia, según subrayó.

'En el mandato de la operación Atalanta se recoge la obligación de detener a las personas que participan en secuestros de buques, y se establece que los detenidos sean entregados con carácter prioritario a las autoridades del país de bandera del buque, esto es, España', explicó la vicepresidenta. Es decir, legalmente sólo había un destino posible para conducir a los detenidos: la Audiencia Nacional.

El entramado normativo que da cobertura a la operación Atalanta incluye la posibilidad de entregar los piratas arrestados a las autoridades de Kenia, pero este precepto tiene un rango secundario, subordinado, respecto a la orden principal de llevarlos al país que abandera un buque secuestrado. Es un colchón jurídico que cubre circunstancias excepcionales que no se dan en este caso, según el Ejecutivo, lo que hace que el denominado canje de notas con Kenia 'no se pueda aplicar' con los piratas del Alakrana, argumentan las mismas fuentes.

Cualquier discrepancia abona la codicia de los secuestradores. Aún así, el PP rompió por segundo día consecutivo la contención prometida en torno al secuestro. Esperanza Aguirre arrojó sospechas contra el Ejecutivo: 'Nadie sabe qué es lo que está haciendo el Gobierno, lo que se sabe es que casi todo es ilegal'.

En la misma línea de reproche, el portavoz del PP en la Comisión de Exteriores del Congreso, Gustavo de Arístegui advirtió de que un país que negocia con piratas deja de ser un Estado de Derecho, algo que es 'innegociable'. El Ejecutivo trabaja con la posibilidad que juzgar a los secuestradores detenidos en España y devolverlos después a Somalia para que cumplan su condena. Para ello es necesario un acuerdo aún inexistente que deslegitimó Arístegui por anticipado: 'No se puede decir que se está negociando un convenio de extradición porque es como vestir a un muñeco, ya que es un país donde no hay jueces', denunció el parlamentario conservador.