El ministro francés de Interior, Manuel Valls, descartó hoy que la familia de la niña Leonarda expulsada a Kosovo pueda volver a Francia, una posibilidad que sólo ofreció a la escolar el jefe del Estado, François Hollande, al que defendió de las críticas que le han llovido en este caso.

'Se ha tomado una decisión de justicia en Francia y debe aplicarse', subrayó Valls en una entrevista con la emisora de radio 'Europe 1', y advirtió ante los comentarios del padre de Leonarda de que retornará clandestinamente al país del que fueron deportados el pasado día 9 que 'no sería aceptable'.

En cuanto a las supuestas amenazas a la seguridad de la familia Dibrani en Kosovo, el titular francés de Interior indicó que ése es 'un país democrático'.

Además, dijo confiar 'en las autoridades kosovares no sólo para garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sino también la integración' de los Dibrani.

El titular de Interior, muy criticado por su 'firmeza' a la hora de ordenar expulsiones entre los cerca de 20.000 gitanos del este de Europa que viven en Francia, ha defendido la actuación de las fuerzas del orden, que actuaron 'respetando escrupulosamente los derechos de los extranjeros que tiene una orden de abandono'.

Las críticas sobre su actuación le han obligado a abrir una investigación administrativa.

El asunto le ha generado tantas críticas dentro y fuera de su partido que Valls se ha visto obligado a abrir una investigación administrativa sobre la detención, a petición del primer ministro, Jean-Marc Ayrault.  

En cuanto a la oferta hecha el sábado por el presidente francés, François Hollande, para que Leonarda pueda volver sola a Francia para continuar su escolaridad, Valls la calificó de 'un gesto fuerte'.

Precisó que Hollande tomó esa decisión después de haber consultado con él, con el primer ministro, Jean-Marc Ayrault, y con el ministro de Educación, Vincent Peillon.

'Hizo un gesto de generosidad que honra a nuestro país', afirmó antes de cargar contra los que han denunciado por inconsistente esa oferta del jefe del Estado a la adolescente de 15 años: 'los mismos que le critican ahora lo hubieran criticado si no hubiera habido algún gesto'.

En cualquier caso, precisó que la propuesta para que Leonarda pueda retornar sola a Francia se ha hecho a la familia Dibrani, a la que invitó a 'reflexionar' pero 'al margen de este circo mediático' que se ha generado tras la expulsión de la adolescente cuando participaba en una excursión escolar después de que se hubiera rechazado la demanda de asilo del padre.

Valls dirigió un mensaje a sus compañeros de partido, algunos de los cuales han manifestado públicamente su disconformidad con la gestión del caso de Leonarda, con el argumento de que 'hay que ejercer la autoridad escuchando a la sociedad'.

Vals: 'Los gitanos deben regresar a Rumanía y Bulgaria'Manuel Valls reiteró a finales de septiembre sus polémicas declaraciones sobre los gitanos, que han levantado una gran polémica en Francia incluso en el seno del Gobierno y del Partido Socialista que lo sustenta.

'La mayoría (de los gitanos) debe ser llevados hasta la frontera (...) Nuestro papel no es acoger a estas poblaciones', aseguró en la televisión 'BFMTV' el responsable de Interior.

Lo hizo un día después de haber levantado una gran polvareda política al afirmar que 'los gitanos deben regresar a Rumanía y a Bulgaria' donde tienen que hacer 'esfuerzos para su integración'.

Varias figuras del Partido Socialista e, incluso, del Gobierno, consideraron erróneas esas palabras de Valls que estigmatizan a la población gitana. El ministro de Industria, Arnaud Montebourg, consideró en 'BFMTV' que las declaraciones de Valls fueron 'excesivas' y que debían ser 'corregidas'.

Pero el titular de Interior respondió a su colega de gabinete que 'no hay nada que corregir' y que sus declaraciones 'solo molestan a los que no conocen el asunto'.

Valls insistió en que hay que proseguir desmantelando los campamentos de gitanos que hay en ciudades del país porque 'suponen un problema para los vecinos y para los que los ocupan', desde el punto de vista 'sanitario y de seguridad'.

Diversas organizaciones humanitarias y judiciales, como la Liga de Derechos Humanos o el Sindicato de la Magistratura, tacharon las declaraciones de Valls de 'intolerables' y consideraron que 'estigmatizan a una categoría de la población'. Al tiempo, indicaron que contribuyen a identificar de forma 'infundada' a 'los culpables por sus orígenes étnicos'.